El bloque del FIT-PO en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba presentó un proyecto de ordenanza que declara la emergencia sanitaria en el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). El mismo fija una serie de pautas y disposiciones para garantizar medidas de bioseguridad elementales en el transporte, tales como el distanciamiento y la sanitización, y prevé la creación de un comité de bioseguridad integrado y dirigido por las y los trabajadores del transporte, para diseñar y garantizar todas las medidas de protección necesarias.

El crecimiento exponencial de casos, en el marco de la segunda ola de Covid-19 en nuestro país, impone el necesario reforzamiento de las medidas de bioseguridad, atendiendo en particular los espacios de circulación masiva.

Sin duda, la liberación total de las actividades productivas, combinada con el inicio del ciclo lectivo y la flexibilización de los protocolos de bioseguridad en el transporte, los lugares de trabajo y las instituciones educativas, promovió la circulación y concentración masiva de personas, favoreciendo la extensión de la circulación del virus.

Esta política, que ha sido ratificada recientemente por el gobierno provincial de Juan Schiaretti y el gobierno municipal de Martín Llaryora, va a contramano del cuadro epidemiológico en la provincia y la ciudad capital, y constituye una política criminal para la clase obrera.

Según datos oficiales, en la semana del 7 al 13 de abril se detectaron 11.849 nuevos casos en la provincia, lo que significa un incremento del 90%. En Córdoba capital, donde se concentra el 40% de la población, los casos en el mismo período ascendieron a 4.555, representando un 38,5% de los positivos en la provincia.

Con este incremento, se han disparado los indicadores del avance de la pandemia. El porcentaje de ocupación de camas críticas para adultos con coronavirus, al terminar la semana del 14 de abril, representaba un 26,3% (766 camas) del total de camas disponibles en la provincia.

La situación se agrava por la extensión de la estadía promedio de los pacientes con Covid-19 en internación crítica, lo que sumado al incremento en otras patologías ha llevado a la ocupación de camas críticas arriba del 50%.

En este cuadro, el colapsado sistema de transporte se convierte en un potencial foco de contagios, afectando a las y los trabajadores en general, y a la comunidad educativa en particular. Los datos que indican una duplicación en la cantidad de casos entre los jóvenes de 6 a 12 años resultan alarmantes, como así también aquellos que indican una baja en la edad promedio de internación por Covid-19.

Una política a la medida de las empresas

Si bien existe una serie de disposiciones nacionales, provinciales y municipales, que fijan pautas de funcionamiento del sistema de transporte durante el periodo de contingencia, lo cierto es que han resultado inútiles a la hora de evitar aglomeraciones en las paradas de colectivos o dentro de las unidades.

Por el contrario, la flexibilización de los protocolos establecidos por la dirección de transporte de la Municipalidad de Córdoba en el mes de febrero agravó la situación, con la habilitación del uso del 100% de los asientos. Además, se habilitó el permiso para que viajen hasta 20 pasajeros parados. Esto se suma a la inexistencia de controles que hagan cumplimentar las medidas mínimas de protección previstas, y deja en una situación de extrema exposición a choferes y usuarixs.

La flexibilización va en sintonía con una política de desmantelamiento y negociados que tuvo un capítulo clave a mediados del 2020. Usando la pandemia como excusa, las autoridades municipales dispusieron una reducción en el servicio, eliminando líneas y recortando recorridos. Aunque desde la secretaría de transporte se afirme que estas modificaciones redundaron en un incremento en las frecuencias, que ahora llegarían a unos 10 minutos en las líneas troncales en hora pico, lo cierto es que se han dejado barrios enteros sin acceso a este servicio esencial, mientras que otros tantos se amontonan en unas pocas líneas que no cumplen con la frecuencia estipulada.

Las medidas dispuestas por el Ejecutivo municipal lejos están de pensar en la situación epidemiológica, ni en la prevención de la salud de trabajadores y usuarios. Se trata de una política hecha a la medida de las exigencias de las empresas concesionarias del transporte.

Sin ir más lejos, en plena pandemia, desde el municipio se habilitó un nuevo incremento del boleto, llevando el costo del mismo a $43, con el objetivo que alcanzar los $50 en los próximos meses. El argumento utilizado por las empresas para tal exigencia es la baja en el corte del boleto producto de la pandemia.

Sin embargo, la suba del boleto se aplicó justamente con la apertura de todas las actividades económicas y la flexibilización de los protocolos, lo que redundó en un incremento del corte de boletos. Ni que hablar de los aumentos que percibieron en materia de subsidios, como es el caso de los $828,4 millones que desembarcaron en la provincia por el Fondo Covid para el transporte.

Por un sistema de transporte seguro

El proyecto de ordenanza presentado por el FIT apunta a establecer requerimientos elementales de bioseguridad, comenzando por frenar y revertir el vaciamiento del TUP, restituyendo recorridos, aumentando frecuencias hasta cumplimentar lo establecido en los pliegos de licitación, y estableciendo las unidades necesarias para su aplicación.

A su vez, prevé una serie de medidas de restricción sanitaria con la provisión de elementos de sanitización y protección para choferes y pasajeros, y la prohibición de que viajen pasajeros parados, con la ocupación de hasta un 60% de la unidad sólo con pasajeros sentados.

Por último, la propuesta de ordenanza prevé la creación de un comité de bioseguridad, integrado y dirigido por las y los trabajadores del transporte, el que tendrá en sus manos la tarea de establecer los protocolos de funcionamiento necesarios sobre estas pautas fijadas, como así también será el responsable de verificar su efectivo cumplimientos.

Con el mencionado programa nos organizamos en los barrios y junto a los trabajadores del transporte para frenar el vaciamiento y los negociados, y preservar la salud y la vida de choferes y ususarixs.