El miércoles 29 de diciembre el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba convocó a sesión extraordinaria para votar el Presupuesto 2022 y doce ordenanzas más.

Cintia Frencia, concejala del Frente de Izquierda (PO), remarcó que se trata de un presupuesto diseñado a imagen y semejanza del presupuesto nacional y provincial, y ordenanzas en desmedro de los trabajadores; y que dirigen a la ciudad por la ruta del ajuste, el estancamiento económico y el empobrecimiento. “Buscan congraciarse con los acreedores nacionales e internacionales, brindando garantías de pago a costa de explotar aún más las condiciones de vida de la población”.

El presupuesto fija 2.000 millones de pesos en concepto de intereses de la deuda y otros 2.000 millones en amortización de deuda; además habilita la toma de nueva deuda en moneda extranjera con intereses leoninos. Asimismo, destina apenas treinta millones a obras de hábitat popular y obras de infraestructura con destino social, mientras la cuidad tiene un déficit habitacional de 120.000 viviendas. De esta manera, el intendente Martín Llaryora se inscribe en la renegociación con el FMI, al que adhieren todas las fuerzas políticas que gobiernan.

El proyecto se sostiene con variables mentirosas, que prevén una inflación del 40% y un dólar a $130 en diciembre de 2022. Y aunque el gobierno del PJ en la provincia afirme que tras suscribir al Consenso Fiscal no aumentará los impuestos, esta semana los cordobeses ya tienen un nuevo tarifazo en los peajes, que se suma al incremento del 20% en el agua -un servicio esencial que administra la municipalidad y que lleva un aumento acumulado del 53% en los últimos meses. Más las subas a los impuestos del automotor e inmobiliario previstas para el año entrante. Pretenden cumplir con las metas del déficit promoviendo tarifazos.

Llaryora se ampara en las ordenanzas de emergencia económica, sanitaria y del transporte, para gobernar bajo un régimen de excepción. Así se prorrogan medidas que no han evitado que Córdoba sea la provincia con más contagios del país, con un nuevo colapso del sistema, con centros de hisopado sin insumos ni personal.

En la misma sesión se aprobaron por vía de excepción la adjudicación de dos mil nuevas chapas de taxis y remisses, lo que no resuelve el problema de los vecinos ni el problema de los choferes. En este sistema de movilidad la mayoría trabaja en negro, con jornadas que superan las 15 horas por un salario de indigencia. Todo mientras se permite el desmantelamiento del servicio público de pasajeros, dejando en claro que para el Estado municipal el transporte urbano no es otra cosa más que un negocio.

En el Concejo Deliberante también se impulsó una ordenanza en nombre de la “Economía Circular”, respecto de la cual la banca del FIT sostuvo: “Con un barniz verde y de manera exprés se aprueba una serie de medidas en torno a la recolección de residuos sólidos urbanos que no toca los intereses de los grandes generadores de basura. Mientras crean un parque industrial para negociados con Holcim, multinacional holandesa que acumula denuncias por contaminación. La misma política extractivista que hoy se llevó puestas más de 7.000 hectáreas patagónicas bajo las llamas”.

En definitiva, la jornada extraordinaria del último miércoles del año impulsó un cheque en blanco para abrir un nuevo ciclo de endeudamiento en beneficio de la clase capitalista. Con un compendio de recortes al gasto público y de negociados, se alinean a las exigencias del Fondo. Mientras brillan por su ausencia las partidas para la generación de empleo, salud, educación, o la construcción de viviendas populares.

El 2022 será un año de grandes crisis y de grandes luchas. Ningún acuerdo con el FMI. No al pago de la deuda con el hambre y la miseria del pueblo.