A partir del sábado 1 de agosto comenzó a regir en la ciudad de Córdoba el “plan de emergencia en el transporte urbano” dispuesto por la gestión del intendente Martín Llaryora. El mismo consiste en un esquema que de manera progresiva va eliminando una serie de líneas de transporte consideradas secundarias, mientras modifica las restantes restringiendo su recorrido a zonas muy acotadas y periféricas que la ciudad.

Así debuta la “declaración de emergencia” aprobada apenas unas semanas atrás por mayoría automática del PJ en el Concejo Deliberante, que le otorgó superpoderes al ejecutivo municipal para hacer y deshacer a conveniencia, sin ningún tipo de control. Cabe destacar que la misma no solo fue rechazada categóricamente por la bancada del FIT, sino que suscitó una enorme movilización de trabajadores del transporte, quienes se dirigieron al Concejo Deliberante el día de su aprobación en el marco del conflicto abierto por los dos meses de salarios adeudados.

El nuevo “diagrama de emergencia” constituye un paso clave para el desmantelamiento del actual sistema de transporte, fin último de la gestión municipal. Para eso hacen uso una vez más de la cuarentena argumentando que la caída de 650.000 a 90.000 boletos solo puede ser resuelta mediante la eliminación de costos operativos. Es en este sentido que ha procedido a suprimir inicialmente tres líneas “secundarias” dependientes de Ersa, a las cuales se irán sumando las que están bajo la explotación de Coniferal y Aucor en la medida en que se vaya implementando el nuevo plan.

Desde el municipio se afirma que la supresión y la restricción de las líneas “secundarias” serán compensadas con el reforzamiento de las “troncales”, con el objetivo de lograr una frecuencia de entre 13 y 10 minutos. Mienten deliberadamente. Mientras se sacan coches de circulación de las líneas que cierran, trabajadores de las diferentes empresas denuncian que las troncales siguen funcionando con la misma cantidad de unidades, de hecho en lugar de trasladar a los choferes de líneas periféricas a líneas centrales las empresas han optado por darles “vacaciones” sin goce de sueldo, una verdadera estafa laboral.

Las consecuencias de este plan de Llaryora ya están a la vista. Largas colas de usuarios se abarrotan durante horas en las paradas, con temperaturas invernales en casillas inexistentes. Sucede que a la crítica situación que atravesaba el transporte urbano, donde se multiplicaban las denuncias de usuarios y trabajadores por poner a circular unidades que no estaban en condiciones y sin habilitación, por la falta de higiene y elementos de bioseguridad para el personal, y el notable faltante de colectivos que hacían imposible cumplimentar los protocolos de distanciamiento y bioseguridad dispuestos por el COE, se suma directamente la supresión de recorridos claves para el traslado desde las barriadas periféricas al centro, justamente en donde el transporte público es más necesario que nunca.

El nuevo diagrama supone una segregación deliberada de las y los trabajadores de los barrios más carenciados, y un avance decisivo contra los trabajadores del transporte. Las vacaciones “forzadas” no son más que la antesala para proceder a despidos masivos en el transporte, de la mano de la eliminación de conquistas claves de los trabajadores del sector.

El reciente conflicto por la falta de pago y los intentos de proceder a una reducción salarial pusieron a debate la orientación social sobre la que funciona el transporte urbano. Durante meses, más de 3.000 familias del transporte no percibieron sus salarios, miles de usuarios quedaron sin acceso a un servicio esencial en plena pandemia, pero las empresas siguieron percibiendo gran parte de los subsidios provinciales, municipales y nacionales a pesar de no prestar el servicio. Estamos hablando de las mismas empresas que desde hace años vienen haciendo facturaciones récord con el boleto más caro del país, por un servicio que ni siquiera cumple las condiciones mínimas fijadas por el pliego de licitación.

Ahora el municipio, en plena crisis, resuelve salvar las ganancias empresariales sin siquiera exigir la apertura de los libros para poner blanco sobre negro el destino los millones que recibieron en subsidios y por el corte de boletos. Proceden a desmantelar el servicio, porque para el PJ cordobés es más importante financiar los negociados de las empresas corruptas adictas al Estado, que garantizar la movilidad de las y los trabajadores cordobeses.

Tal y como lo advertimos anteriormente en las páginas de Prensa Obrera, se trata de un plan para destruir el sistema de transporte tal y como lo conocemos, e imponer un sistema descentralizado, con trabajadores particulares, precarizados, donde viajar será un privilegio para quienes puedan abonar dichos servicios.

Urge reforzar la organización de lucha de las y los trabajadores del transporte, para preservar el salario, las condiciones laborales y los puestos de trabajo. Para defender el sistema de transporte, hay que partir de la prohibición de despidos y suspensiones, rechazar la eliminación de las diferentes líneas y exigir un reforzamiento de las unidades tanto en cantidad como en calidad, sobre la base reclamar la apertura de los libros de las empresas.

En este panorama, se hace más necesario que nunca avanzar en la aprobación e implementación de los proyectos presentados por el FIT en el Concejo y la Legislatura para estatizar el sistema de transporte público bajo control de trabajadores y usuarios, para rediseñar un esquema en función de las necesidades de las mayorías populares y no un grupo minoritario de empresarios parásitos.