En la sesión del 25 de marzo del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, se aprobó el  “Plan de ordenamiento territorial del área periférica e intermedia de la ciudad de Córdoba” que permite establecer una reconfiguración de la capital provincial a medida de los desarrollistas urbanos y sectores productivos.

El oficialismo pejotista contó con el respaldo de tres bloques opositores, el que lidera la posible candidata por el Frente de Todos, la pejotista Olga Riutort, el del vecinalista Juan Pablo Quintero y el del macrista Juan Negri. Con este respaldo Llaryora logró consumar el marco legal para establecer una expulsión progresiva de las familias empobrecidas de la ciudad.

La ordenanza busca limitar la expansión de la mancha urbana, reduciendo los terrenos urbanizables y concentrando en manos del ejecutivo el poder de modificar el uso del suelo a discreción. De esta forma se agravará el alza en los precios de lotes y alquileres, alcanzando costos prohibitivos para las familias trabajadoras.

En una ciudad con más de 120.000 familias sin vivienda propia, esta ordenanza pinta de cuerpo entero la orientación social que la gestión de Llaryora quiere imprimirle a la ciudad: ampliar los negociados con las grandes constructoras y favorecer la instalación de emprendimientos productivos urbanos y rurales, en detrimento de un necesario plan de viviendas sociales para la clase obrera. Esta posición fue anticipada durante 2020, cuando desde la provincia y el municipio se lanzó una fuerte política represiva y de judicialización contra las ocupaciones de tierras, cuya máxima expresión fue la represión de barrio Ampliación Ferreyra.

El rechazo oportunista de a la ordenanza de un sector de la UCR, lejos de colocarlos en la vereda opuesta a los negociados que prepara Llaryora, pretende preservar sus propios vínculos con los especuladores. El PJ materializó en una ordenanza la política que durante años estableció la UCR, profundizada abiertamente por la gestión de Mestre.

Ante la crisis habitacional, un plan de viviendas populares

El Frente de Izquierda fue la única fuerza política que rechazó de plano la ordenanza, desplegando un programa de salida a la crisis habitacional que impera en la ciudad, y afecta a la inmensa mayoría de las familias trabajadoras.

El próximo 8 de abril se producirá la rotación de la banca del FIT, mediante la cual asumirá el Partido Obrero con Cintia Frencia; la primera iniciativa impulsada en el Concejo será la creación de un banco de tierra y un plan de viviendas populares para resolver el déficit habitacional, disponiendo del terreno urbano ocioso (público y privado) al servicio de las necesidades de la inmensa mayoría de la población.

En este sentido lanzamos una campaña de organización de asambleas en cada barrio, para desplegar un plan de lucha, y conquistar junto al Polo Obrero el derecho a la vivienda.