Al asumir, hace un año, el intendente salteño Gustavo Sáenz anunció un plan de obras de $2800 millones, pero en el presupuesto 2016 apenas se proyectaron $260 millones, de los cuales solo se ejecutó la mitad. En línea con Urtubey y Macri, el mandatario anuncia ahora que el shock de obras llegará en 2017, algo supeditado al cumplimiento por parte de Nación de la coparticipación. 

 

Sin embargo, tal cumplimiento se encuentra seriamente cuestionado por la caída en la actividad económica y el ajuste macrista, lo que adelanta que en el 2017 la obra pública será, nuevamente, una variable de ajuste. Los vecinos de diversas barriadas que esperaban por las cloacas, el agua o el cordón cuneta, no van a estar contemplados en los planes oficiales. Incluso el Presupuesto participativo, de manejo directo de los barrios, pasa de 12 millones a solo 2 millones para todo el año.

 

Mientras sostienen las superganancias de las contratistas con el sacrificio de los vecinos que pagamos impuestos cada vez más altos, la ciudad se inunda cuando caen 4 gotas, los barrios siguen sin servicios y las calles están destruidas.

 

La otra variable de ajuste serán los salarios de los municipales, que van aumentar con la mentirosa inflación prevista de un 17 por ciento, y también los puestos de trabajo municipales -ya fueron recortados más de 600 puestos en la administración (de cerca de 5500), bajo la vía de no renovar contratos precarios o de jubilaciones forzosas que reducen los ingresos a la mitad.

 

La pérdida de tales puestos de trabajo implica además un nuevo vaciamiento de las dependencias, lo que prepara la justificación para seguir realizando la obra pública a través de contratistas privados. Para los mismos sí están garantizados los ingresos: se trata de $860 millones para Dal Borgo, Norobras, Alonso Crespo y Fueguina (esta, encargada de la recolección, pasará de cobrar 33 a 42 millones por mes).

 

Impuestazo

 

Sáenz se ha lanzado a un aumento de las tasas e impuestos municipales del 30% promedio; su secretario de Hacienda, Pablo Gauffin, enmascaró la cifra como un aumento del 22%. 

 

El motivo de fondo de este falseamiento es el miedo a que se repita el precedente del 2013, cuando el impuestazo del gobierno de Isa produjo una fuerte condena social y llevó al mismo Sáenz (en ese momento candidato de Isa) a perder las elecciones parlamentarias de la capital con el Partido Obrero. 

 

Este ocultamiento no evitará que los vecinos sientan en sus bolsillos el peso del aumento a la hora de pagar el año que viene la TGI (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y el Impuesto inmobiliario.

 

Habrá también un incremento del 47% sobre las tasas que gravan la construcción (como las certificaciones de planos de instalaciones eléctricas y de ampliaciones de viviendas, que afectan a la familia trabajadora) y un aumento en servicios del cementerio de entre 30% y 50% -los aumentos previos no se trasladaron a mejoras en los cementerios, que incluso sufren derrumbes de techos.

 

El frente del ajuste

 

El gobierno de Sáenz no tuvo “palos en la rueda” en su primer año de gestión, ya que llegó con la lista de Sergio Massa, apoyado por Macri, por el ex gobernador Juan Carlos Romero y por el actual, Juan Manuel Urtubey.

Ahora, la mayoría automática de concejales propios, macristas, radicales y urtubeycistas le votaron superpoderes para modificar la obra pública sin nada más que informar (no pedir autorización) al Concejo, lo que le permite endeudar al Municipio y hacer transferencias de partidas que le permitan manejar los ingresos a su antojo. 

 

Como en todo el país, los partidos ajustadores que gobiernan la ciudad y la provincia -el PRO de Macri, la UCR, el PJ de Urtubey, los massistas de Sáenz- nos llevan a los trabajadores a un callejón sin salida. 

 

Desde el PO pugnamos para terminar con este parasitismo, derrotar a los ajustadores y abrir paso a las reivindicaciones de los vecinos.