El gobierno impulsa su propia ley Audiovisual, pero lo que se debe decir es que se ha abierto una crisis en la coalición Cambiemos. Luego de llevar al muere la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, parida por el gobierno CFK, el gobierno promueve la que llama Ley de Convergencia.

Significativamente, al gobierno no le interesa que se desenvuelva un debate en torno al anteproyecto. En conferencia de prensa, Marcos Peña anunció una “instancia de participación virtual” para avanzar en su redacción que habla por sí misma. El ciudadana/o que quiera opinar sobre la nueva regulación de medios debe remitirse a la página web del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) y escribir un  texto que no puede tener más de 300 caracteres. Es decir dos tweets.

Estamos hablando de una ley que no es menor, porque debería reemplazar las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y las Telecomunicaciones, ambas impulsadas por el gobierno CFK y sancionadas por el Congreso.

¿A qué puede deberse el sigilo?

A que el gobierno en este punto está partido en dos.

Federico Pinedo, presidente provisional del Senado y tercero en la línea sucesoria presidencial, a cuatro días del anuncio de Peña enfrentó la tarea de la Comisión para Elaboración del Proyecto de Reforma de las leyes K, que delibera en el Ministerio de Comunicaciones y cuenta con varios integrantes vinculados al Grupo Clarín. El anteproyecto de Pinedo incluye a las telefónicas en el servicio telefónico, audiovisual y de televisión satelital. “El Ejecutivo está elaborando un proyecto y yo tengo otro con estado parlamentario desde hace diez años con actualizaciones”, planteó Pinedo (La Política Online, 29/9).

Telefónicas versus Clarín/cable operadores

 Es decir, el anteproyecto de ley llamado a buscar una convergencia hizo aflorar de nuevo la disputa entre las telefónicas y los operadores de cable, comandados por el grupo Clarín. Con una peculiaridad, gran parte de estos operadores están imbricados con una legión de gobernadores e intendentes, a los que el gobierno pretende cautivar.

Cuando el ministro Aguad se tuvo que presentar ante el auditorio de las Jornadas Internacionales de la Televisión por Cable, declaró: “la normativa es muy clara. Las telefónicas tienen una restricción de dos años para ingresar al sector audiovisual, con una posibilidad de prórroga de un año. Pero eso no rige para la televisión satelital, donde no pueden entrar” (Clarín, 15/9). Es decir, tomó distancia de las telefónicas, desmintiendo por orden oficial lo que había sostenido casi horas antes, cuando hizo un guiño a Telefónica para que pueda ingresar al mercado de la televisión satelital.

La pelea se extiende a otros terrenos: “la industria satelital argentina está convulsionada por la autorización oficial a dos satélites extranjeros para prestar servicios en el país, así como por el inicio de la oferta de servicios de Internet de Direct TV con un tercer satélite internacional – sin autorización oficial”, según Clarín (4/9).

Un proyecto que nace en crisis

El gobierno anunció la pretensión de imponer el nuevo marco vía decretazo: antes de fin de año “vamos a tener un decreto que tiene que ver con el marco regulatorio para esperar la ley”, precisó Aguad. A la luz de las divergencias, puede ser tan solo una expresión de deseos.

Un periodista especializado de La Nación presentó a los anuncios del gobierno como el fin de la Ley de Medios K y la bienvenida al reino de “la libertad para las inversiones”. Sin embargo, no pudo evitar mencionar que el gobierno no tiene la seguridad de lograr una nueva ley de medios hasta el fin del año próximo. Es decir, hasta la definición sobre la nueva conformación del Congreso, para lo cual debe atravesar el turno electoral y resolver, además, la disputa entre los pulpos.

       La convergencia de los negocios de las telecomunicaciones supone el avance de la concentración monopólica -un proceso que comenzó con CFK-, la fusión de empresas y su “racionalización” (despidos). Es decir, que necesitará doblegar una resistencia obrera. Ésta tendrá que ser el punto de reagrupamiento desde el cual plantear la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación contra su asfixia por los grandes medios y los “reguladores” del Estado.