El Gobierno ha enviado al Parlamento el proyecto de ley que modifica aspectos del actual sistema previsional argentino. El primer reconocimiento que cabe realizar es que el proyecto constituye un avance en tanto reconoce la necesidad de modificación del sistema y recupera, en algunas definiciones, luchas históricas de diferentes sectores sociales, particularmente de los jubilados.

 

Los puntos recuperables del proyecto del gobierno son:

 

1) La necesidad de abrir la opción para salir del régimen de capitalización.

 

2) La decisión de que los indecisos se asignen al sistema de reparto.

 

3) La decisión de poner tope a la comisión de las AFJP.

 

4) El teórico (luego se detallará porque) intento de reducir el costo del seguro.

 

5) El incremento en la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) que permite mejorar la prestación pública.”.

 

La extensa cita corresponde al documento de Claudio Lozano, “Transición o Reforma Previsional” de febrero de 2007. Sobre esta base, Lozano no presentó un proyecto alternativo sino, en acuerdo con el ARI, votó en general la reforma jubilatoria de Kirchner-Massa, con enmiendas en la votación en particular.

 

Los llamados puntos “recuperables” de la reforma son, en verdad, el taparrabos para mantener el sistema de la jubilación privada tal como lo implantó Menem y Cavallo en 1994. En tanto, las mejoras en el sistema estatal son mínimas, y se terminan anulando porque se mantiene la inmovilidad de los sueldos que sirven de base para el cálculo de la jubilación y la inmovilidad de los propios haberes jubilatorios.

 

La llamada “libertad de opción” es, ante todo, una trampa, porque obliga a los trabajadores a elegir entre dos sistemas que no garantizan nada y que en el mejor de los casos podría llevar a que los trabajadores se jubilen con menos de la mitad del sueldo.

 

La reforma no sólo deja intacto el negocio de la jubilación privada y la incertidumbre jubilatoria de los trabajadores sino que mantiene la reducción de los aportes patronales y la ley de “Solidaridad Previsional” de Menem y Cavallo que eliminó la movilidad de las jubilaciones.

 

También se mantiene para el cálculo de la jubilación estatal el sueldo promedio de los últimos 10 años, sin el ajuste correspondiente por la desvalorización del salario. De esta manera, con una inflación de apenas el 10% anual, el promedio del sueldo de la década (y el haber jubilatorio inicial) se reduce en un 33%.

 

Una vez jubilado con ese haber reducido, el gobierno mantiene el cerrojo de la falta de movilidad establecido por la ley de Menem y Cavallo, lo que asegura que la jubilación estatal se vaya reduciendo en el tiempo, como vino pasando en todos estos años. Hoy la jubilación media es del 40% del sueldo, y el 70% de los jubilados gana la mínima.

 

Resulta entonces un exabrupto decir, como Lozano, que la reforma de Kirchner-Massa “recupera, en algunas definiciones, luchas históricas de diferentes sectores sociales, particularmente de los jubilados”.

 

Con esta reforma, el 82% móvil queda sepultado.

 

El propio Lozano se refuta a sí mismo respecto a los otros puntos “recuperables”, como el tope del 1% del sueldo a las comisiones de las AFJP. Lozano dice que ese punto “resulta funcional a las AFJP” ya que “se aseguran el 1% del salario (14,3% del aporte) para seguir brindando la gestión de cartera y tramitar sólo un 25% de los beneficios que deberían haber tramitado y por los cuales cobraron comisiones suculentas en el pasado”.

 

Al mismo tiempo, las AFJP seguirán cobrando, de otra forma, el seguro previsional que, como está estructurado, según Lozano, es “otra convalidación no menor a las AFJP”, en especial a las más grandes.