Entre los integrantes del esquema de gobierno de Alberto Fernández hay un puñado selecto de total confianza, amigos personales del presidente. Uno de ellos es Claudio Moroni, el designado para Trabajo (que volvería a tener rango ministerial).

Moroni estudió abogacía junto con Alberto Fernández. Fue superintendente de Seguros de la Nación en dos períodos: primero entre 1995 y 1998 y después entre 2002 y 2004. La primera vez sucedió justamente al propio Fernández, quien había ejercido esa función a principios del gobierno de Menem. Fue también directivo del Grupo Banco Provincia y consultor en temas de seguros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ejerció en 2004 la Jefatura de la Sindicatura General de la Nación. Al igual que su jefe político, la trayectoria de Moroni es “amplia” en todos los aspectos.

El primero en bendecirlo fue el cegetista Héctor Daer: “tiene un conocimiento sobre el Estado que asombra. Conoce bien el movimiento sindical y tiene un compromiso muy grande con lo social”. En el mismo sentido Sergio Palazzo, de La Bancaria y cabeza la Corriente Federal, señaló que “tiene claro el modelo sindical que funciona en la Argentina”.

“Moroni les cayó bien a todos”, sintetizó un vocero de la CGT. Ello incluiría a Hugo Moyano, bastante relegado del reparto de cargos y enfrentado con Daer por el control de la central. El equilibrio de Moroni se expresó en su presencia, en estos días, en el acto de asunción de Pablo Flores -un moyanista puro, que formó parte de la Juventud Sindical- como nuevo secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos. Mucho antes de ser formalizado en el cargo, Moroni ya viene negociando con las diferentes fracciones de la burocracia los detalles del capítulo gremial del pacto social.

Fue él quien propuso a la mesa chica de la CGT “diferir las negociaciones salariales para facilitar los pagos fijos”. Se trataría de “un gesto del sindicalismo destinado a aceitar la conversación con el empresariado con vistas a un eventual congelamiento de precios y salarios, la base desde la cual Alberto Fernández espera proyectar un entendimiento de mayor envergadura”.

Su premisa es que “el sacrificio que deberían hacer los trabajadores para un acuerdo ya se hizo durante la gestión Cambiemos, con la pérdida abrupta del poder adquisitivo”. Clarito: su objetivo es consolidar la desvalorización de los ingresos de las familias trabajadoras.

Otra de sus propuestas es la declaración de “emergencia ocupacional”, lo que  permitiría a las patronales “establecer contrataciones más flexibles para los que hoy están afuera del mercado laboral” y al gobierno “fijar ventajas previsionales e impositivas para los empresarios que decidan crear nuevas fuentes de trabajo”. Esta flexibilización sería una respuesta a la presión empresarial para crear “un contrato de emergencia laboral, para que las pequeñas empresas puedan contratar sin pagar cargas sociales por dos a tres años, sin indemnizaciones y reforzando el seguro de desempleo”.

A eso se sumaría “la creación de un fondo de compensación indemnizatoria para aliviar a las pymes, lo que implicará que surja de ese sistema, financiado por las pequeñas empresas, el pago por la desvinculación de un trabajador del sector. Algo similar a lo que sucede hoy en la construcción con el denominado Fondo de Cese Laboral”. Uno por uno, los puntos de la reforma laboral que exigen el FMI y el gran capital.

El reparto de las cuotas de poder del renacido ministerio se configurará hacia abajo, en las segundas y terceras líneas, entre una larga lista de nombres de abogados laboralistas y asesores de sindicatos que responden a distintas líneas internas. Eso incluye la designación de hombres en los directorios de importantes organismos estatales, como la Anses y el PAMI. Esos organismos distribuidos en diferentes ministerios concentran la friolera de 2,4 billones de pesos, un botín muy preciado.

La nueva etapa realza la vigencia de la pelea por la independencia política de las organizaciones obreras.