El proyecto de presupuesto 2019 que presentó el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en la Cámara de Diputados se caracteriza por ser un dibujo. Basta observar las proyecciones: el gobierno estima un dólar a $40,1 pesos y una inflación interanual del 23% a diciembre de 2019, cuando la de este año se aproximará al 45%. En el presupuesto anterior, el de 2018, el gobierno pautó una inflación del 15%, un dólar a $19 y un crecimiento del PBI del 3,5% (finalmente habrá una caída de 2,4%). 

Pero enseguida, hay que decir que se trata de un presupuesto antiobrero. El quid del Presupuesto 2019 son el recorte del gasto público y el aumento de los recursos destinados al pago de la deuda externa, a la medida de los dictados del FMI, que reclama una reducción del déficit fiscal, y constituye una hoja de ruta de ataque contra las masas. Para su aprobación en el Congreso, el gobierno nacional ha desarrollado una negociación con los gobernadores y confía en que las diferentes alas del peronismo lo aprueben (o practiquen una abstención cómplice) en aras de la “gobernabilidad”.

Deuda

El peso de los recursos destinados al pago de la deuda externa crece severamente en el presupuesto 2019. Es por lejos la principal erogación, con un aumento de desembolsos por pago de intereses del 48%, que equivalen a casi 600 mil millones de pesos. De cada 100 pesos, 18 se destinarán al pago de la deuda pública. El monto de los intereses quintuplican el déficit primario (ingresos y egresos sin contabilizar intereses).

El gobierno reconoce que la devaluación ha empujado la deuda pública a representar del 57 al 87% del PBI. Algunos no descartan inclusive la hipótesis de que esa relación llegue a niveles insostenibles para fin de año. Por lo pronto, en el presupuesto el gobierno introduce una modificación para eliminar cualquier condicionamiento a la hora de emprender una reestructuración de la deuda.  

Ajuste

Con el propósito de alcanzar el ‘equilibrio fiscal’ primario el año próximo, el presupuesto establece un recorte de gastos que potenciará la presente recesión.

Una parte de ese recorte corresponde a la baja de subsidios y a la transferencia de parte de ellos a las provincias. Esta quita se trasladará a las tarifas, si bien el gobierno asegura que las tarifas de luz y gas estarán atadas a la inflación. Está contemplado, por ejemplo, un aumento del 30% en la boleta de luz a partir de enero próximo. Pero esto preanuncia nuevos choques con las privatizadas, con las cuales el gobierno había pactado la dolarización de las tarifas. ¿Cómo va a resolver el gobierno la encrucijada de reducir los subsidios sin compensar a las empresas por la devaluación? Esto solo ya alcanzaría para tachar de mamarracho el presupuesto.

Debe añadirse el recorte que instrumentarán las provincias como resultado de la quita del Fondo Sojero. Aunque las provincias han recibido algunas compensaciones, deberán instrumentar su propio ajuste.

El otro punto es que se establece en el presupuesto es la habilitación al Ejecutivo para llevar adelante un plan de retiros voluntarios (despidos encubiertos) en el Estado. Inclusive se avanza sobre las jubilaciones, al excluir del cobro de la PUAM (una prestación de indigencia que equivale al 80% del haber mínimo y que cobran aquellos mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aporte para jubilarse) a aquellos que desarrollen algún tipo de actividad laboral.

Asimismo, por el menor desembolso pautado en fondos para obras públicas, serán afectadas las obras para las escuelas, en momentos en que centenares de ellas en la provincia tienen severos problemas de infraestructura, como los que llevaron a la explosión en la N°49 de Moreno. El presupuesto es un dibujo mal trazado, pero su hilo conductor es el ataque a las masas. No resuelve el fenomenal peso de la deuda externa sobre la economía nacional,  en momentos en que se ha cortado la ola de financiamiento. La alternativa de una “reestructuración” de la deuda, aún con el acuerdo del FMI, configurará un escenario de renovados choques y crisis sociales.

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