Con los votos del oficialismo, del interbloque Evolución (que responde a Martín Lousteau) y de Mejor Ciudad, se aprobó hoy el proyecto de nuevo Código Contravencional de Horacio Rodríguez Larreta, en una Legislatura Porteña vallada contra la manifestación de repudio.

La norma supone el reforzamiento represivo del Estado, dando rienda suelta al accionar arbitrario de la policía y penalizando la actividad de artistas, trabajadores callejeros y organizaciones populares. Se coloca así en sintonía con el protocolo de Bullrich-Macri de legalización del gatillo fácil, que ya fue respaldado por Diego Santilli (vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad) y cuya aplicación en la Ciudad está suspendida por orden judicial.

Marche preso

El proyecto oficial le otorga a la policía, en su artículo 20, la posibilidad de la “coacción directa”, pudiendo detener y reprimir sin que intervenga un fiscal o un juez. Se trata de una vuelta a los edictos policiales que rigieran desde principios del siglo XX, permitiendo razzias masivas (como las que se ejecutan a diestra y siniestra contra los trabajadores ambulantes senegaleses) y el accionar arbitrario de los agentes, y reforzando en consecuencia su capacidad de extorsión para cobrar coimas.

La discrecionalidad se hace presente en el aumento de multas de figuras definidas vagamente como “hostigar, maltratar e intimidar” (artículo 52). Se mantiene entre los agravantes (artículo 53) la existencia de una “previa organización”, lo que implicará una multa doble de aplicarse tales figuras a acciones de lucha popular. Y agrega a la lista el que el hecho se produzca en un ámbito educativo, dando más herramientas para perseguir las ocupaciones de los secundarios y terciarios que enfrentan las reformas ajustadoras de Rodríguez Larreta.

Se suma el artículo 83 bis, estableciendo multa y/o arresto a “quien fije o haga fijar carteles y/o afiches y/o volantes en la vía pública” sin autorización del gobierno, peor si hay “previa organización”. El legislador Gabriel Solano, del Partido Obrero-Frente de Izquierda, denunció esto como la “penalización de la actividad política”, mientras que “Rodríguez Larreta gasta en publicidad oficial para su campaña política más que la Provincia de Buenos Aires y que Nación” y “los empleados públicos de la ciudad son coaccionados a repartir volantes en las campañas electorales”.

“No en nuestro nombre”

El Código es presentado por el oficialismo como una forma de hacer frente a la “violencia contra la mujer”, al sumar figuras como la de acoso sexual (artículo 66 bis). Ya las organizaciones de mujeres y LGBT+ respondieron una y otra vez adentro y afuera de la Legislatura: “No en nuestro nombre”. Los mayores poderes represivos a un Estado que garantiza la opresión contra las mujeres solo pueden aumentar la violencia contra ellas, por múltiples vías, entre ellas el frecuente encubrimiento y protección de golpeadores y femicidas (vale recordar que las fuerzas policiales y militares, a nivel nacional, revisten uno de cada 12 asesinos de mujeres).

Solano señaló en su intervención que “si ustedes leen el documento tan importante de las Actrices Argentinas [acompañando la denuncia de violación contra Juan Darthes], ahí dice que hay una base para la violencia de género en el ámbito laboral, que es la flexibilización. Y este gobierno quiere la reforma laboral, que le va a quitar más derechos a la mujer”. Y remató: “cuando estemos en la calle contra la violencia de género, ustedes nos van aplicar una contravención”

La norma suma como agravante de la publicidad sin autorización el que esta contenga “oferta sexual”, sin distinguir entre la mujer en situación de prostitución y los proxenetas y tratantes. Mientras estos están desde hace tiempo entreverados con las policías y cuentan con su protección, aquellas sufrirán todavía más los apremios y extorsiones de los agentes.

“Espacio público”

El nuevo texto suma sanciones por “limpiar vidrios de vehículos en la vía pública” y contra quienes brinden “servicios de estacionamiento sin autorización legal”. El ataque a trapitos y limpiavidrios es de lo más publicitado por el gobierno, que arguyó la preservación del espacio público.

Solano marcó que la avanzada “tiene tintes fachistas”, al poner a los trabajadores ambulantes como chivos expiatorios: “cuando se descubre que tenemos una crisis económica y social, que crece el desempleo y la pobreza, nada mejor que cambiar el debate y echarle la culpa a los trapitos”. Y denunció que lo del espacio público es una impostura, siendo que el macrismo lo viene entregando sistemáticamente a las empresas: desde la reciente extensión del estacionamiento medido a 60% de la ciudad y de la posibilidad de acarrear automóviles a todo el territorio, hasta la entrega de 400 hectáreas porteñas bajo los gobiernos de Larreta y Macri.

Pese a que las grandes movilizaciones de los artistas callejeros de este año impusieron a la letra de la ley que no se toman como contravención las expresiones artísticas a la gorra, el asedio sigue a través de la figura de “Ruidos molestos”, sobre la que se aumentan las penas. Se trata de un ataque también contra los festivales artísticos por causas populares, cuyos organizadores sufren frecuentemente la aplicación de contravenciones.

El Código de represión, discriminación y arbitrariedad, en línea con los que rigen en Mendoza, Córdoba y otros distritos del país, será enfrentado por los movimientos sociales, culturales y de la mujer, por las organizaciones políticas y de Derechos Humanos, por toda la clase obrera y la juventud que defiende sus derechos, en primerísimo lugar el de manifestarse.