La lucha política

La comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña no aprobó un proyecto de declaración de preocupación por los 49 despidos en la planta Coca-Cola Pompeya. El proyecto presentado por Marcelo Ramal había sido aprobado en la reunión de asesores de la comisión. Pero Leonardo Pablo Fernández, secretario general del Sindicato de Aguas y Gaseosas de Capital Federal (Sutiaga), solicitó, en una carta dirigida a la presidente de la comisión, “que no se le dé curso favorable”. La carta niega, como lo haría un telegrama de la empresa, los 49 despidos, los contratos precarios por fluctuación de producción, los contratos a plazo fijo y la intimidación por patotas.

Una delegación de obreros de la fábrica se hizo presente en la comisión. Pablo Sylvestri, delegado de la comisión interna, dijo: “hubo 50 despidos. Hace siete años que no se efectivizan trabajadores”. A lo que agregó: “los despidos a los contratados son sistemáticos. Y, entre jubilados, ascensos a puestos jerárquicos y fallecidos, la planta se redujo en 50 obreros”.

Una asamblea de fábrica votó un petitorio en defensa de los contratados que firmó el 80% de los trabajadores. El argumento de la patronal y la directiva del sindicato en la fábrica es que, al igual que los guardavidas, los contratos son por temporada. Los obreros han respondido que en nueve meses de contrato se producen 11 ó 12 meses de stock.

También han sido presentados todos los reclamos en el Ministerio de Trabajo, que no le dio curso con el argumento de que es facultad del sindicato, no de la comisión interna.

Marcelo Ramal intervino en la comisión y exclamó: “¡qué sorpresa produce la carta del sindicato! En vez de respaldar a los obreros, respalda a la empresa Coca-Cola”. Además, denunció que “el cese de la relación laboral es un despido. Si desconocemos esto, estamos dando el primer paso para avalar la precariedad laboral”.

Finalmente, la comisión de desarrollo económico decidió revisar el tema en asesores.

Matías Cisneros (@MatiasSBT)