El anteproyecto de reforma del Código Penal oficialista revela a un gobierno sujeto a la política de la Iglesia en tres temas: los que penalizan el aborto, la eutanasia y a los responsables de la trata.

El texto del anteproyecto dice específicamente que no extiende la despenalización del aborto, para no obstaculizar “la discusión general de la reforma”. Esta hipocresía convierte a la reforma y a los demás puntos de la reforma en banales. Sin embargo, en la introducción del artículo 96, “Lesión al feto”, avanza en la penalización del aborto bajo el pretexto de proteger la continuidad del embarazo.

Respecto de la eutanasia, en mayo de 2012 comenzó a regir la ley de muerte digna. Establece el derecho a rechazar “medidas médicas de soporte vital” en caso “una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal”, algo que ya otorgan otras leyes. Pero el proyecto de reforma al código declara “obturado el camino hacia cualquier forma de eutanasia activa”. En el artículo de homicidio piadoso, coloca la decisión de en las manos del juez.

Por último, el anteproyecto recoge una modificatoria de 2012 que establece penas mínimas a los traficantes. Los familiares de víctimas de trata reclaman la confiscación de los bienes de los proxenetas. No incluye la penalización de los apropiadores de bebés de las mujeres en cautiverio ni hace referencia a la protección de la policía, de los jueces y el poder político.

La reforma “garantista” K es reaccionaria. Garantiza los preceptos eclesiásticos: la opresión de la mujer y el negocio protegido de la trata y prostitución de menores.

Silvia Jayo