Las comisiones de Justicia, Asuntos Penales y Presupuesto de la Cámara de Senadores aprobaron un paquete de cinco proyectos de ley que establecen de qué forma comenzará a regir el sistema acusatorio -que pone las investigaciones a cargo de los fiscales- planteado en el nuevo código.

 

El proyecto original sufrió algunas modificaciones tras las críticas de jueces y especialistas, y también por la resistencia de los trabajadores judiciales, que sostienen un masivo plan de lucha.

 

En primer lugar, la implementación se postergó de septiembre próximo a marzo del año que viene. Además, el control del proceso de implementación lo hará una comisión parlamentaria y no la especial que duraba en funciones seis años.

 

Se le quitó a la Procuración la facultad de control constitucional, pero se mantienen las amplias facultades otorgadas al Ministerio Público, que le permitirá a Gils Carbó digitar qué fiscal investigara en cada caso.

 

La nueva versión establece que la Ciudad de Buenos Aires será considerada distrito único para que entre en vigor al mismo tiempo en todo su territorio, pero se mantiene postergada la implementación en los juzgados federales, como pactaron el gobierno y los jueces federales.

 

Respecto de los trabajadores judiciales, se acordó incorporar una cláusula de “salvaguarda”, garantizándoles el acceso al Ministerio Público Fiscal “en igualdad de condiciones y con los mismos requisitos” que rigen en la actualidad. Pero no garantiza la prioridad del traspaso de los actuales empleados del fuero penal a las fiscalías, que son los puestos que el kirchnerismo intentará copar. Para un empleado del fuero penal, el traspaso a las “oficinas judiciales” -que manejarán la agenda de los jueces- significa prácticamente el fin de su carrera judicial. La lucha que están dando actualmente tiene por ejes la defensa de la carrera para los trabajadores judiciales y el fin de la precarización laboral (interinos, contratados).

 

El Código Procesal Penal moldea un régimen permanente de “estado de excepción”. El empoderamiento de los fiscales colaborará a profundizar la impunidad y los atropellos que cotidianamente sufre la población a manos del Estado. Se profundiza así el antagonismo irreconciliable entre la actual organización jurídica de la Nación con un régimen que pueda ser reivindicado como democrático.

 

Rechazamos la implementación de la reforma del Código Procesal Penal, reclamamos la elección popular de jueces y fiscales, apoyamos la lucha de los trabajadores judiciales y llamamos a construir y desarrollar una fuerte agrupación clasista en todos los tribunales del país.