Con esta frase, el diputado salteño del Partido Obrero, Pablo López, resumió la orientación central del nuevo Código Procesal Penal, que volvió a colocarse en debate en la última sesión plenaria de la Cámara de Diputados.

 

Si bien gran parte de la oposición, exceptuando a la centroizquierda que no fijó posición, denunció la ley de implementación, lo hizo poniendo el eje en el procedimiento administrativo y en la preocupación por la creación de nuevos cargos judiciales manejados por los K. Pero tanto el oficialismo como la oposición reivindicaron las cuestiones de fondo y estratégicas que encierra este nuevo código, como el “nuevo sistema acusatorio” que otorga la plena potestad de la investigación a los fiscales, que dependen del Ejecutivo. Esto lleva a que la orientación de la investigación esté a cargo sólo de un sector ligado, en general, al gobierno de turno, lo que reforzará las arbitrariedades contra el pueblo y la impunidad estatal en sus responsabilidades penales o civiles. Incluso, los fiscales tendrían la prerrogativa de decidir qué delitos investigar, lo que en la jerga judicial se llama pasar de un sistema de “legalidad”, que obliga a investigar todos los delitos, a uno de “oportunidad”.

 

Como denunciáramos en su momento desde el Partido Obrero y el Bloque del Frente de Izquierda, detrás de un régimen de “aceleración de la Justicia”, en verdad se esconde una reforma reaccionaria. “La aplicación de este sistema se encuentra ya en algunas provincias, bajo un régimen mixto, como, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, donde el fiscal Albaca ha sido el vértice de todo un aparato de impunidad en el caso de Paulina Lebbos. O en el caso de Iván Torres en Chubut, al cual se le ha armado un prontuario al negarse a integrar una estructura delictiva creada por la policía. Allí, en Chubut, rige el sistema acusatorio que ustedes ahora proponen bajo argumentos progresistas y de agilidad judicial, lo que es falso. Esta reforma, en definitiva, es un combo de aceleración de la Justicia que va a afectar a los sectores más vulnerables”, señaló López en el recinto.

 

A la vez, denunció las leyes complementarias puestas en debate, como la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que en su artículo 8 plantea las investigaciones genéricas, es decir no sobre hechos concretos sino sobre hipótesis, lo cual implica un cheque en blanco contra las organizaciones populares.

 

“Sobre la base de estas investigaciones genéricas se instala un mecanismo para avanzar en una persecución contra luchadores populares”, señaló el diputado del PO. Como parte de esta ley complementaria, en su artículo 40, se establece la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal pueda obtener recursos propios, que es un mecanismo que se ha instalado en muchos organismos estatales durante el proceso de privatización de nuestro país, lo cual habilita transferencia de recursos de organismos privados y de potencias extranjeras. También esta ley orgánica establece la posibilidad de realizar actividades voluntarias con los estudiantes de las universidades, lo cual implica un régimen de precarización laboral “que han enfrentado los trabajadores judiciales sobre todo los del Fuero Penal, en situación de contratados e interinos”, como señaló López, destacando la masiva Audiencia Pública realizada junto al Bloque Frente de Izquierda-PO en el Congreso, que tuvo como eje el reclamo de pase a planta permanente de todos los contratados del Poder Judicial.

 

López dedicó el final de la intervención a destacar la lucha de los trabajadores judiciales por la defensa en la estabilidad laboral, así como el pase a planta de los precarizados y, en ese sentido, denunció al actual presidente de la Corte, que se niega a recibir a los representantes de los trabajadores y mantiene una planta precarizada que lleva a los trabajadores a ser rehenes de la arbitrariedad de los jueces, obligándolos a realizar, por ejemplo, tareas por fuera de su horario sin ninguna retribución. López llamó al resto de los diputados a apoyar el proyecto de resolución presentado por el Bloque Frente de Izquierda-PO, en donde se insta a la Corte a pasar a planta permanente a todos los trabajadores de la Justicia. Y señaló, que sólo en el caso de la ley de implementación “nuestro bloque se va a abstener, porque luego de una intensa lucha… los trabajadores judiciales lograron modificaciones en esta ley que establece una garantía de sus puestos de trabajo que esperamos se cumplan”.