El gobierno ha declarado el estado de pre-quiebra del sistema bancario. Las restricciones sobre los depósitos equivalen, efectivamente, a una convocatoria de acreedores. Los damnificados son, por supuesto, los ahorristas y los trabajadores.


El derrumbe bancario es la consecuencia más o menos natural de la desvalorización de la impagable deuda pública; los depósitos y los aportes previsionales son, respectivamente, las contrapartidas de los títulos de deuda en manos de la banca y de las AFJP. La deuda externa ha llevado a la confiscación del ahorro nacional.


Que la bancarización absoluta de las operaciones comerciales pueda contener la quiebra financiera, es un salto a la fantasía. La bancarrota no es el resultado del retiro de los depósitos sino de la crisis industrial y comercial, es decir, del derrumbe de los negocios capitalistas. La bancarización le cierra la puerta de escape a los depositantes. Los grandes capitales, sin embargo, tuvieron toda la oportunidad para sacar del país cerca de 20.000 millones de dólares.


El secuestro virtual de los depósitos en los bancos es un golpe de muerte a la cadena de pagos; nadie estará dispuesto a enajenar un valor o patrimonio a cambio de un depósito de destino incierto. La convocatoria de acreedores para salvar a los bancos, lleva a la parálisis económica. En estas condiciones, el canje de deuda en el mercado local queda suspendido en el aire y el canje externo no tiene perspectiva. La cesación de pagos deberá ser declarada formalmente.


Las nuevas medidas incorporan un control de cambios que ha sido saludado con euforia por el progresismo porteño, pero que se encuentra en total contradicción con la simultánea dolarización monetaria y que deberá provocar, por lo tanto, una parálisis del comercio internacional.


Está claro, entonces, que el régimen económico ha colapsado. Será seguido por el colapso del régimen político. ¿Qué pueden aportar, en este marco, las alternativas sucesorias? Ni la Alianza ni el peronismo tienen condiciones de reconstruir el arbitraje político que más que nunca debería cumplir el Estado bajo el capitalismo; el Congreso nacional recién elegido quedará expuesto como un cero a la izquierda. Una sucesión de gobiernos débiles agravará aún más las penurias económicas de los trabajadores. El arbitraje fuerte de un caudillo político o de un gobierno homogéneo no están a la vista.


A la luz de los acontecimientos queda en claro el acierto de la perspectiva que hemos planteado durante más de un año a favor de una Asamblea Constituyente soberana. Asumirá un gobierno deliberativo, que reunirá los poderes legislativo y ejecutivo y tendrá un poder ilimitado. Este gobierno podrá atacar a fondo la crisis, que pasa por cesar el pago de la deuda usuraria, nacionalizar el sistema financiero y de AFJP, aumentar salarios y jubilaciones y repartir las horas de trabajo; en definitiva, reconstruir el país sobre nuevas bases sociales.


 


(Colaboración para Página/12, 3/12)

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