El gobierno desreguló el transporte automotor de larga y mediana distancia, permitiendo que las empresas puedan operar en cualquier parte del país de acuerdo a criterios de rentabilidad. De esta manera, personas de una importante variedad de pueblos se quedarían sin la posibilidad de viajar. Además, detrás de esta política se esconde el intento de ir hacia nuevos embates contra los trabajadores del gremio.

En la actualidad, el Estado obliga a las compañías a tener oferta para llegar a lugares del país que han visto perecer el tren y han perdido todo tipo de accesibilidad. Esta oferta ahora quedaría sujeta a la rentabilidad que le genere o no a la empresa. Milei quiere imponer un régimen en el que desaparecería el servicio en pueblos enteros.

Ahora, cualquier persona con un vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio y la competencia por la explotación de las rutas recaería ahora sobre destrucción de las condiciones de trabajo y reducción de costos en general. No por nada se habla de alterar los convenios colectivos de los choferes de larga distancia para ponerlos a tono con los de los servicios de turismo o de combis, que son más “baratos” desde el punto de vista de la tasa de ganancia patronal.

De esta manera se agravaría la explotación insoportable que ya impera en el gremio de choferes de larga distancia, que se manifiesta en muchos casos en la falta de descanso entre jornadas, la violación de la jornada legal de trabajo y del otorgamiento de los francos obligatorios, en problemas de adicciones (por la necesidad de los choferes de sostener la jornada laboral), en la falta de ropa de trabajo adecuada para la tarea y de asientos ergonómicos para conducir, etc. Esto es lo que subyace, en buena medida, detrás de los accidentes que se producen en las rutas.

Esto a su vez generará condiciones más propicias para que los empresarios no inviertan un peso en solucionar los problemas que presentan los micros. La ausencia de elementos de extinción en lugares reglamentarios, las pésimas condiciones en las que están los baños (falta de jabón y papel) de algunos ómnibus, el recorte del servicio de catering o las falencias en temas delicados como la seguridad en general (la estabilidad de los micros en las curvas o en los sobrepasos) son algunos de ellos.

La medida también liberaliza los precios del servicio, eliminando los topes mínimos como máximos, permitiendo que las empresas apliquen libremente incrementos en las tarifas, sobre todo aquellas que dominan el mercado, mientras abaratan al máximo los costos, generando ganancias multimillonarias a costa de los usuarios.

Además, fuentes del sector señalaron su preocupación por la posibilidad de que la desregulación genere margen de maniobra para que crezca los negocios opacos, donde las condiciones de transporte no hacen más que empeorar. Solo durante julio se registraron dos hechos prácticamente calcados: transportistas que venían desde la frontera norte fueron detenidos en controles en las rutas, bajaron a los pasajeros y antes de que se efectúe la requisa incendiaron sus vehículos.

El monopolio del transporte automotor tiene que ver con el vaciamiento y desmantelamiento de todas las vías férreas del país, alcanzada gracias a privatización del gobierno de Carlos Menem que terminó por producir un desastre. Las empresas privadas procedieron a aumentar el precio de las tarifas y redujeron la calidad del servicio, afectando a miles de usuarios. Además, despidieron a 80 mil trabajadores y los kilómetros de vías se redujeron de 35.000 a solo 11.000.

El gobierno quiere avanzar por el mismo camino pero en el terreno de los aviones. La agenda capitalista del gobierno representa una ofensiva en toda la línea contra los trabajadores. No lo podemos permitir.

Milei, un gobierno de la barbarie capitalista al desnudo

El 9, cuando se trate el veto en el Congreso, será ocasión de una nueva movilización masiva para quebrar al gobierno. –

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