Entre la agenda de debates empresarios en el 58° Coloquio de Idea ocupó un lugar destacado cómo afrontar el hecho de que hace más de una década que no crecen los puestos de empleo formal privado en el país. Varios paneles trataron el tema, inclusive con dirigentes de sindicatos de industrias como la automotriz y la construcción. Una vez más, los principales capitales del país y políticos tanto del oficialismo como de la oposición insistieron en la necesidad de proceder a una reforma laboral, un planteo que responsabiliza al trabajador por la situación.

Santiago Nicholson y Martín Berardi (de Ternium) presentaron tres propuestas para abrir el mercado de empleo: la reducción de multas patronales por incumplimiento de convenio o contrataciones informales, la flexibilización de los convenios colectivos y la contratación de beneficiarios de planes sociales mediante un período de prueba más extendido (de 3 a 6 meses), con reducción de cargas laborales y la posibilidad de mantener el plan en caso de que el trabajo no prospere. Por su parte, el diputado macrista Martín Tetaz planteó que urge sancionar una ley de emergencia laboral para que las pymes puedan eludir cláusulas de los convenios y que hay que reemplazar las indemnizaciones por seguros de desempleo.

En todos los casos, el problema sería una “exceso” de derechos laborales en los convenios, los costos de despedir por tener que pagar indemnización, y la “competencia”que representaría para el empleador que los desocupados y precarizados perciban un programa social que no arrima ni a la mitad de la línea de indigencia. Un reciente informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina releva las 500 empresas más importantes del país y demuestra que en realidad el llamado costo laboral equivalió solamente al 14,8% de sus ventas entre 2012 y 2019, y que el pago de indemnizaciones representó apenas el 0,7% de la facturación total entre 2016 y 2020. También destaca que las principales diez empresas mejoraron sus resultados operativos en un 62,5% promedio.

Es decir que los reclamos patronales para abaratar las condiciones de contratación no atacan el problema real por el cual no se genera empleo. De hecho, la experiencia argentina desmiente que todo eso haya servido en el pasado. Con Menem se redujeron las contribuciones patronales (nunca repuestas por los sucesivos gobiernos), se atacó convenios y terminó con el mayor índice de desocupación de la historia nacional; bajo De la Rúa se sancionó -coimas mediante- la Ley Banelco de reforma laboral, que el kirchnerismo sostuvo y profundizó.

Esto lo confirma la que fue tomada como vía modelo para avanzar en la reforma de los convenios colectivos, incluso por el gobierno. Es la que firmaron el año pasado el ahora anfitrión del Coloquio de Idea y presidente de Toyota, Daniel Herrero, con el secretario general del Smata y panelista en este debate, Ricardo Pignanelli. Cuando el dirigente sindical fue consultado sobre el punto respondió sin ambigüedad: “cedimos”. Claro, entre otros puntos que flexibilizaron el convenio automotriz se incluía la extensión de la jornada laboral a los sábados con un solo franco y móvil. Un año después la firma japonesa hizo un enorme negocio exportando automóviles, pero la industria automotriz tiene ociosa la mitad de su capacidad instalada.

Estos resultados refutan a Pignanelli, quien aconsejó que el resto de los sindicatos también deberían “ceder”, digamos, ya que “no es cuestión que por sacar más de lo que tenemos que sacar, se pierdan trabajadores”. Con esto no solo le echa la culpa al laburante por la informalidad que recorre al mercado de trabajo, sino que además es un ataque implícito a los obreros del neumático y al Sutna, que vienen de una aguerrida batalla de cinco meses para arrancar una paritaria que no hunda los salarios por la inflación.

La experiencia del neumático demuestra que el aumento que las empresas negaban, alegando que no podían costearlo, bien podían otorgarlo. Finalmente, si se tratara de saber “cuánto podemos sacar” habría que partir del reclamo de abrir los libros de las empresas al control obrero. Ello pondría en evidencia que el problema no es el costo laboral; algo que también refutó el Sutna al difundir que los salarios representan el 2% del precio de venta de una cubierta.

En conclusión, para resolver la crisis de empleo en el país hay que seguir la vía contraria a la que proclama Pignanelli. Se trata de plantarse para quebrar la ofensiva patronal, porque en estas condiciones una flexibilización de los convenios y la depreciación de los salarios redundaría en una intensificación de la explotación laboral, y por lo tanto no en más puestos de trabajo sino en menos. Esto, porque el problema de fondo es la huelga de inversiones de los capitalistas. Pero eso la reforma laboral es un planteo parasitario, que aumentaría la tasa de ganancias de las empresas sin que deban recurrir a mayores inversiones, por eso no hay generación de trabajo genuino.

Contra la agenda de reforma laboral y ajuste que reclaman las patronales y el FMI, y que de una u otra forma promociona el gobierno, la derecha y hasta la burocracia sindical, el movimiento obrero debe mirar los ejemplos del Sutna, de la docencia universitaria, de la Unidad Piquetera, y de todos los que están defendiendo los salarios, los puestos de trabajo y los derechos laborales. En oposición a los políticos capitalistas que nos quieren hacer pagar la crisis, el Partido Obrero llama a desarrollar un gran movimiento popular con banderas socialistas, para pelear por una salida política de los trabajadores.

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