Desde las cero horas de este miércoles los precios de los combustibles fueron aumentados en un 9% promedio por YPF, lo que será acompañado por el resto de las petroleras. Si bien argumentan un “desfasaje” respecto a los precios internacionales, la última escalada de aumentos arrojó una suba del 70% entre agosto del 2020 y mayo del 2021: un ajuste que ha alimentado la inflación e impactado en los bolsillos de los trabajadores.

El anuncio corrió por parte de la petrolera “nacional” YPF, empresa que lidera el mercado de despachos de nafta y gasoil (55%), e implicará una suba adicional de dos puntos para los productos premium. El resto de las compañías siguen, por defecto, las acciones de YPF.

Los precios de los combustibles se encontraban “congelados” desde mayo del 2021, como parte de la política oficial del gobierno nacional de cara a los comicios de medio término, con el objetivo de buscar achicar la presión inflacionaria y el descontento social.

La empresa de mayoría estatal, bajo la presidencia del cristinista Pablo González, comunicó la suba con un texto que alega una devaluación del 11,35% e inflación del 29,18%, de mayo del 2021 a la fecha, y un alza del precio del etanol del 16,07%, biodiesel 46,61% y del petróleo Brent en dólares en un 31%. Esto preanuncia todo un cronograma de incrementos en los precios de los combustibles, para satisfacer las necesidades de las patronales del sector.

La medida oficial se da ahora en medio de una tormenta perfecta, cuando los precios internacionales del crudo y sus derivados se encuentran por las nubes a causa la crisis energética mundial y la demanda de combustibles fósiles.

Con independencia de los costos de producción, guardados a libro cerrado, el gobierno busca arrimarse a los precios internacionales, trasladándole el costo a los usuarios directos y a la cadena de valor de bienes en general (logística, producción, comercialización, etc.), que de igual manera será trasladado a los consumidores finales con más inflación. Y con tarifazos, como los previstos para la luz y el gas.

Además, el gobierno teme por una escasez de recursos energéticos para el invierno –una situación más que probable- lo que lo obligaría a ampliar las importaciones de gas, pagando los excesivos precios internacionales. Para evitarlo, la política viene siendo “incentivar la inversión” por medio de la ampliación de los millonarios subsidios energéticos patronales y ahora un aumento en los combustibles, el primero de varios, según han anunciado. Sin embargo, las patronales aumentan la productividad sobre la base de una mayor explotación de los trabajadores, sin invertir realmente en una ampliación de capital para nuevas exploraciones y explotaciones.

El camino adoptado por el gobierno va en la línea de la política fondomonetarista, garantizando el negocio de las petroleras ante la coyuntura internacional provechosa para estas. En medio de declaraciones vacías del arribo a un acuerdo con el FMI “sin ajuste”, Alberto Fernández pisa el acelerador de la inflación, la liquidación de los salarios y la defensa de los negocios capitalistas.

La defensa de los intereses populares debe partir de la apertura de los libros de las empresas petroleras para establecer el costo real de producción de los combustibles y la nacionalización de la industria energética en su conjunto, para ponerla al servicios de los trabajadores, bajo control obrero.