En la tarde del lunes 17 comenzó el juicio contra los vecinos y trabajadores petroleros acusados por el asesinato del oficial de policía Jorge Sayago, en el marco de una pueblada producida en febrero de 2006. Antes de ello, se concretó un acto en la puerta del juzgado: militantes de ATE, Adosac y el PO reclamaron la absolución de los trece acusados llevados a juicio. La defensa de los cinco imputados -compuesta por los doctores Rasa Razury y Luciani, del fuero local; la doctora Andrea Forgueras, por el Comité por la absolución de los procesados de Las Heras y la doctora Claudia Ferrero, de Apel- planteó que es inadmisible que el Estado provincial permanezca como querellante en un juicio por homicidio y lesiones del cual no es familiar directo -así lo exige el Código. Además, señaló que el Estado no puede ser admitido como víctima de coacción agravada, ya que las personas jurídicas no son pasibles de constituirse en sujetos de tales delitos. Este punto es fundamental en la discusión de la criminalización de la protesta, que se pretende aplicar ante cualquier manifestación popular que tenga por objeto reclamar ante el Estado.

Luego, las defensas plantearon la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, así como de las indagatorias, cuyas irregularidades abundan.

Ante estos planteos, el Tribunal Criminal de Caleta Olivia decidió un receso hasta el lunes.

A la misma hora, cientos de personas se movilizaban hacia la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, con la consigna de la absolución de los procesados.

La lucha contra este juicio ilegal, que pretende legitimizar el proceso de terror, tortura y apremios utilizado contra todo el pueblo de Las Heras, continúa.