Este jueves 17, desde las 8 horas, comenzó a desarrollarse la audiencia pública convocada a los fines de aprobar el aumento del 20% en la tarifa de la luz. El pacto con el FMI plantea que este será uno entre varios aumentos orientados a cumplir con las metas de déficit fiscal: un camino antiobrero.

La audiencia pública es de tipo no vinculante y consiste en un “trámite” necesario para la implementación del nuevo esquema tarifario. La misma fue iniciada por el secretario de Energía, Darío Martínez, tras lo cual intervendrán 142 oradores, representantes de las empresas, asociaciones y representantes de consumidores y municipios, entre otros.

En un rato expondré en la audiencia pública por la tarifa de electricidad. Vamos a rechazar los tarifazos que se han pactado con el FMI, que tendrán un impacto sobre la inflación que está en plena aceleración y que desvaloriza los salarios y las jubilaciones.

Abro hilo.

— Gabriel Solano (@Solanopo) February 17, 2022

Más allá de las intervenciones, el gobierno nacional ya ha dado a conocer su agenda para los próximos meses, con un aumento del 20%, en promedio, para la tarifa de luz, y la aplicación de la segmentación tarifaria que, en un primer tramo, excluyó del subsidio a unos 487.000 usuarios del Amba (un 10% del total), con un criterio meramente territorial, alcanzando a todo habitante independientemente de su condición social y poder adquisitivo.

El gobierno también deberá determinar el alcance de las subas para cada tramo del circuito energético (mayorista, transportista y distribuidor), lo que incentiva la puja entre distintos sectores patronales. Cammesa –empresa que centraliza la venta de producción energética- viene de aumentar un 25% la tarifa para grandes usuarios. Las transportistas plantean un piso de aumento del 44%. Algo similar a lo que preparan las distribuidoras.

Donde manda FMI no manda gobierno

Más allá de las declaraciones de “buena voluntad” del gobierno, está claro que solo el 20% de aumento en la luz y el 17% en el gas son insuficientes para cumplir con el compromiso de reducción de subsidios energéticos y gasto público. Solo lo pagado a Cammesa, durante 2021, ascendió a US$7.315 millones, y este año podría llegar a US$12.700 millones con este esquema tarifario.

Se estima que el gobierno avanzará hasta un 40% de aumento en todo el año y que la segmentación tarifaria irá extendiéndose para excluir a más y más “beneficiarios” de la tarifa subsidiada.

Esta política implica trasladar los aumentos directamente al bolsillo de los trabajadores ya que las patronales serán retribuidas con aumentos directos y pagos por producción energética a precios internacionales, sin que el gobierno avance en determinar los costos reales de producción.

Otras beneficiadas serán las empresas distribuidoras, principalmente Edesur y Edenor, las que se embolsarán ingresos millonarios sin denunciar las inversiones realizadas para mejorar la prestación del servicio.

En el camino es probable que el gobierno sostenga subsidios para las patronales industriales, bajo el pretexto de “preservar la industria y el trabajo”, como así lo exigen las cámaras patronales. Así las cosas, el acuerdo con el FMI será financiado con el sudor y el trabajo de los y las trabajadoras, que además son golpeados por la inflación y la pauta salarial trucha que negocia el gobierno nacional con la burocracia entreguista.

Es necesario avanzar en la apertura de los libros de las empresas del sector, para determinar los costos reales de toda la cadena energética, y la nacionalización integral de la energía, junto a un plan de inversiones para aumentar la producción.

https://prensaobrera.com/politicas/a-organizar-la-lucha-contra-el-pacto-y-el-ajuste/

https://prensaobrera.com/sindicales/el-lugar-del-sutna-en-el-movimiento-obrero/