Dos crisis políticas en los primeros catorce días de gobierno no es, ciertamente, un buen augurio. Pero semejantes “trastornos” obedecen a la naturaleza misma del nuevo gobierno, repartido como una torta entre los principales saqueadores capitalistas del exterior y del país.

La muerte del ministro Roig reabrió la disputa previa a la formación del gabinete por la ocupación del ministerio de Economía. El enfrentamiento cobró carácter de verdadera emergencia como consecuencia de la ola de remarcaciones a la que se libraban los propios empresarios amigos del gobierno. Estos no pudieron llegar a un '"acuerdo de precios” durante varios días y desconocían la promesa de Roig de retrotraer los precios al 3 de julio. Días más tarde, Neustadt, para justificarlos, diría en su programa de TV que "nada retrocede". Se olvidaba por supuesto de los salarios, del nivel de vida del pueblo y de la soberanía nacional. De cualquier manera, Menem tuvo que zanjar la crisis sin esperar al entierro de su primer ministro de Economía. Para evitar el colapso del frágil equilibrio entre los capitalistas que lo apoyan, tuvo que nombrar como sucesor de Roig a otro Bunge y Born. El nuevo ministro le fue directamente dictado por el dueño del pulpo, Julio Born. De esta manera, la crisis mostró que el régimen menemista es un completo rehén de un único grupo capitalista y de los asociados de éste.

¡La segunda crisis estalló con relación al sucesor! Una información de Caracas anunciaba que la justicia venezolana había pedido su detención por malversación de subsidios para operaciones de importación. ¡Qué no sabrán de esto los capitalistas que explotan a nuestro país! EI propio Congreso nacional documentó el año pasado los fraudes que se cometían con la "promoción industrial". Se probaron desfalcos en el régimen especial de Tierra del Fuego. La Aduana denunció sobreprecios que afectaron al fisco en dos mil millones de dólares. A esta clase social Menem la ungió al rango ministerial. En sólo dos semanas el gabinete "plutocrático” se desenmascaró ante el país y perdió la escasa autoridad que tenía para emprender un ataque a fondo contra los explotados de Argentina. La reyerta de gabinete y la pelea que ahora se planteará para desplazar a Rapanelli, esconden una crisis de fondo cabalmente instalada en el nuevo gobierno. Rapanelli procura salir airoso del trance con una campaña de relaciones públicas y con la presión directa sobre el gobierno de Venezuela. Pero es en este país donde los pulpos están todavía más en la picota, como responsables de la estampida que provocó el "caracazo” y sus 3.000 muertes. Los Bunge y Born van acumulando cuentas pendientes a toda velocidad con varios pueblos. Esta es la lógica del derrumbe social del capitalismo.

El precio del acuerdo

Recién entre la primera y la segunda crisis los remarcadores pudieron armar un "acuerdo de precios” que, como lo explicó Rapanelli, tenía por objetivo principal establecer la paz entre distintos grupos capitalistas, cuya guerra, titulaba La Razón, estaba sacudiendo la economía de la población.

Dado este carácter de tregua inter-empresaria, el acuerdo convalida todos los aumentos de precios y autoriza otros nuevos, en función de "costos financieros” y hasta de aumentos salariales que aún no fueron otorgados. Aprovecha para fijar un tope para éstos, con lo cual convierte a los sindicatos que no lo acaten en responsables de la estampida de precios fomentada por el acuerdo empresario. El acuerdo pretende congelar además los salarios de agosto, para cuando se prevé una inflación del 50%. Alí Babá y los 300 remarcadores diseñaron de este modo un nuevo ataque al salario.

La respuesta sindical

Lorenzo Miguel tuvo a su cargo la tarea de informar que la UOM no aceptará topes salariales y que vigilará que los salarios se ajusten a la inflación. Pero fuera de las declaraciones, ni la UOM ni la CGT se preparan para la lucha por las reivindicaciones. La burocracia sindical sigue en la tregua establecida desde bastante antes de la campaña electoral, con la consecuencia de que los salarios han caído en forma vertical. La burocracia de los sindicatos ha dejado pasar el ataque a los trabajadores gráficos y no salió en apoyo a Clarín. Tampoco está apoyando las huelgas de los estatales de Córdoba y de Santa Fe, ni la huelga de la CGT de San Juan.

En las provincias la miseria avanza como una epidemia sin que los burócratas de los sindicatos se sientan aludidos por la situación.

Les preocupa, sí, el asalto de los sindicatos por parte de la pandilla sindical menemista, que reclama la "renovación generacional" en los gremios. Los planes BB requieren de la uniformidad sindical. Para sorpresa de muchos izquierdistas, la menemización es apoyada por el “sindicalismo combativo”, que se va incorporando al ministerio de Trabajo. Este fundamenta el paso con la tesis de que la acción reivindicativa está agotada y de que es necesario hacer los “cambios de estructura”, por supuesto desde las esferas oficiales. La crisis en la Uocra, el retiro de Zanola de la Bancaria, las negociaciones de Triaca-Digón con De Gennaro, forman parte de esta política de uniformización. Se pretende "actualizar" la acción de Perón en 1945-47, cuando “limpió” a todos los burócratas que lo habían llevado al gobierno y llenó a los sindicatos de alcahuetes. Los gobiernos fuertes no reconocen deudas, pensará con seguridad Menem, salvo las que hipotecan al país ante el imperialismo.

Pero las luchas que se están protagonizando demuestran que el movimiento obrero y el pueblo hambriento no van a dejar pasar sin resistencia el plan BB. Para unificar este movimiento hay que unificar las reivindicaciones y reclamar a la CGT que las centralice en una lucha común. Que el salario mínimo de 120.000 australes y el aumento del 500% sean un reclamo único de todos los trabajadores.