El Indec acaba de dar a conocer la inflación de diciembre, en un 3,8%, y con ello el total acumulado para todo 2021, por un total de 50,9%: similar al 54% que dejó Macri en 2019. La tendencia alcista de los precios ha sido un mecanismo de mayor recaudación fiscal y licuación del gasto público, además de un ataque a los salarios, para cumplir con las metas del FMI.

Se trata de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que volvió a superar el umbral mensual del 3%. Entre las subas destacadas para todo el 2021 se destacan el aumento en un ítem sensible como Alimentos y Bebidas (50,3%), Prendas de vestir y calzado (64,6%), Transporte 57,6%, Restaurantes y Hoteles 65,4% y Educación 56,1%.

Se estima un escenario poco alentador para el 2022, con un enero cuya primer semana comenzó con subas por arriba del 1,2% y con un gobierno que ha pasado de una política de “control de daños”, por medio del fracasado Congelamiento de Precios, a un “vale todo” con el consenso con las patronales de la alimentación, a través de Precios Cuidados.

Del FMI venimos

El gobierno nacional ha hecho de la inflación uno de sus aliados para la prosecución de sus metas económicas, además de un recurso para satisfacer, vía indirecta, los reclamos patronales respecto al elevado “costo laboral”.

Las políticas de control de precios, Precios Cuidados, Congelamiento de Precios, Súper Cerca, cepo a las exportaciones, etc., no han pasado de medidas de “control de daños” de una orientación promovida por el propio Ejecutivo nacional, desde la vista gorda a las patronales hasta la propia emisión monetaria para cubrir déficit fiscal.

El gobierno ha sido uno de los beneficiados de esta política, con una mayor recaudación gracias a la suba de precios y una licuación del gasto social que se ha ajustado a la baja. Jubilaciones, pensiones, asistencia social, obras públicas y salarios de la Administración Pública Nacional están entre los principales perjudicados. No así las patronales energéticas, que han sido premiadas con un aumento de los subsidios… y ahora tarifazos.

Los salarios del sector privado, luego de renegociaciones, se ubicaron cerca de la inflación , pero por debajo. Monotributistas, cuentapropistas y trabajadores no regularizados son los otros grandes perdedores, en un marco de “recuperación económica” que ha aumentado la incidencia de formas precarias de contratación.

Al FMI vamos

Las metas para el año entrante no resultan mucho más alentadoras. Con tarifazos en el gas y la luz del orden del 20% y la aplicación discrecional de la segmentación de tarifas. Además, parte del paquete de acuerdo con el FMI implicaría un achicamiento de la brecha cambiaria, que daría lugar a mayor inflación.

Algunos economistas también prevén mayor inflación para cubrir déficit fiscal ante las dificultades y el encarecimiento del financiamiento público, tras una suba de las tasas de intereses y la delicada situación económica del gobierno. El Banco Central debería emitir para seguir cubriendo la bola billonaria de Leliqs y pases pasivos.

Las centrales obreras y la burocracia sindical ya han adelantado que no se ajustaran a las falsas proyecciones del 33% de inflación del presupuesto de Guzmán, pero también han adelantado que acompañaran el proceso de acuerdo con el FMI y una reedición del fallido “acuerdo de precios y salarios”, con el que la burocracia pacto paritarias a la baja en 2021.

La clase obrera debe prepararse para intervenir en este proceso, partiendo del rechazo al acuerdo con el FMI y al pago de la deuda externa, para dar lugar a un programa que establezca una recomposición general de los salarios –en CABA se estima que se necesitan $118.000 para ser parte de la clase media-, cláusulas de indexación mensual contra la inflación y una intervención directa en la economía nacional por medio del control de toda la cadena de formación de precios y la nacionalización del comercio exterior, entre algunas medidas inmediatas de una salida bajo otras bases sociales.