El Ministerio de Economía anunció que este jueves abrirá una licitación que será abierta a casi todos los títulos de deuda en pesos que vencen hasta agosto. Podrán canjear así sus tenencias los acreedores de unos trece instrumentos que suman un total de aproximadamente 500.000 millones de pesos.

Cuando el shock que sufre la economía internacional pone en la cuerda floja la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera -por unos 70.000 millones de dólares- y se disipa la posibilidad de un acuerdo rápido con los bonistas y el FMI, el gobierno intenta pisar el acelerador con la parte de la deuda que parece haber encontrado un cauce de salida: la nominada en pesos bajo ley local.

El megacanje del jueves muestra que el gobierno se envalentonó después de haber sorteado los abultados vencimientos de marzo, en especial el Bogato por 74.000 millones de pesos. El “logro” de Martín Guzmán, en realidad, es haber cedido ante los bonistas tras el fracaso del Bono Dual AF20. Para que las licitaciones no volvieran a quedar desiertas, anunció en el Decreto 193/2020 que en los futuros canjes aceptarían los bonos a sus valores técnicos (es decir, a su valor nominal) muy por encima de su valor de mercado. Una vez canjeada la mayor parte de los vencimientos, pagó al contado el resto, fundamentalmente a costa del Anses.

Esas mismas condiciones serán reconocidas ahora, cuando los bonos en pesos cotizan en promedio al 37%. Un negoción para los especuladores. Este rescate, de todas maneras, no aliviana el quebranto sino que agrava el problema hacia adelante. En primer lugar porque el pago de intereses de deuda durante los dos primeros meses del año superó los 127.000 millones de pesos, que explican alrededor del 80% del déficit fiscal. 

A ello hay que sumar el déficit cuasi fiscal, sobre todo porque el gobierno se financió en gran medida a costa del Banco Central, que ya adelantó al Tesoro unos 342.000 millones de pesos. Mientras tanto, se agrandó la bomba de las Leliqs, por la que el BCRA ya debió pagar intereses por 130.000 millones de pesos. Sumemos, a todo eso, que el gobierno también sacó unos 125.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses.

En resumen, el gobierno nos sigue endeudando, y prepara el terreno para una quiebra mayor. En definitiva, toda la estrategia de canje de deuda se basa en el supuesto de que el crecimiento económico generará las condiciones para un repago. Esto es lo más cuestionable. 

Con la caída de los precios internacionales de la soja y el más marcado desplome del petróleo las últimas proyecciones pronostican que el PBI se contraerá un 2% en 2020. El cuadro es grave si se considera los efectos del coronavirus en China, pero también en Estados Unidos (donde Trump podría implementar nuevas medidas proteccionistas) y Brasil (donde el estancamiento económico y la devaluación del real golpean de lleno a las exportaciones manufacturadas de Argentina). La agudización de la recesión por el párate de la actividad afecta aún más recaudación fiscal.

Las posibilidades de éxito del megacanje son proporcionales a la ganancia que reporta para los especuladores. Este rescate de la deuda en pesos agrava el quebranto del Estado, en un escenario que plantea tiempos más largos y condiciones más duras para una reestructuración de la deuda en dólares, e incluso la posibilidad cierta del default, todo lo cual aleja cualquier perspectiva de financiamiento internacional. El salvataje de la deuda nos lleva a una nueva quiebra nacional.