Políticas
1/5/2025
¿Cómo es el ajuste de Passerini a los docentes de las escuelas municipales de Córdoba?
Sobreexplotación laboral, suspensión de concursos, ajuste del salario, entre las principales medidas de una política antieducativa.
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La docencia no agacha la cabeza.
El pasado lunes 28 el intendente Daniel Passerini pidió a todo el gabinete la renuncia para proceder a realizar algunos cambios de nombres de funcionarios. Con esta medida pretende continuar con una orientación de ajuste, que tiene a a las y los municipales como una de sus víctimas principales de su gestión.
La política educativa municipal requiere una mirada particular que nos proponemos analizar en este artículo, dado que continúa los ejes de la gestión Martín Llaryora pero en una versión degradada. La derogación del concurso abierto de ingreso que realizó el intendente Passerini en las vísperas del inicio del ciclo lectivo 2025 mostró la peor cara de una gestión improvisada: se trató de una maniobra imprudente e injustificada por parte del Ejecutivo que agravó el malestar existente entre los agentes del sistema educativo y colocó un manto de sospecha sobre el único mecanismo de ingreso municipal por concurso vigente.
La Secretaría de Educación municipal: un reducto publicitario del PJ
Al frente de la Secretaría de Educación está Alicia La Terza, quien es empleada municipal y ocupó un lugar de directora de fortalecimiento educativo durante la gestión de Horacio Ferreyra, otrora secretario de Educación municipal. La Terza buscó darle continuidad al programa “Piensa”, con el cual Ferreyra pretendió distinguir la educación municipal como antesala de su ascenso a ministro de Educación. El “Piensa” tuvo como pilar fundamental la ampliación de la jornada a través de contraturnos, la inversión para la construcción de aulas y equipamiento tecnológico, y el desarrollo de la educación no formal en parques educativos. Así, sobre la infraestructura existente -que mostraba importantes señales de obsolescencia- se yuxtapuso una nueva ingeniería educativa, más compleja y demandante, desde la cual la gestión buscó desarrollar una profusa propaganda política y marketinera.
El sostenimiento de esta nueva ingeniería educativa requirió mayor cantidad de docentes, no sólo para atender el dictado de nuevos espacios curriculares sino también para la cobertura de las necesidades educativas que se manifestaban en las aulas, potenciadas al calor de la pandemia y de la crisis: estudiantes con serias dificultades de aprendizaje, sin abordaje terapéutico, con o sin CUD, requerimientos de atención a la diversidad frente a un sistema que desmanteló las instituciones educativas especiales; estos requerimientos fueron cubiertos con nombramientos transitorios de personal de planta permanente y con docentes suplentes que vieron cómo se incrementaba la sobreexplotación laboral. Como dato ilustrativo, para reinscribirse en el concurso con el máximo puntaje, un suplente debía completar anualmente hasta 70 ad honorem: prácticamente, 3 meses y 10 días de trabajo gratuito, completando doble jornada laboral en contextos sumamente complejos.
Como era de esperar, la sobreexplotación generó un profundo clima de malestar al interior del sistema por la intensificación de las jornadas de trabajo. No faltaron oportunistas que pretendieron lucrar con la necesidad ajena y desarrollaron al amparo de una planta política sobredimensionada un circuito ilegal de compra-venta de títulos y carpetas de legajos, maniobra que fue oportunamente informada por la comisión examinadora, habilitando una investigación administrativa que derivó en una denuncia penal realizada por la secretaria La Terza y en el decretazo del intendente. Pero la medida “ejemplificadora” anuló un año completo de trabajo, paralizó nombramientos e inhabilitó docentes que no tenían nada que ver con las irregularidades detectadas. De esta forma el Ejecutivo buscó disciplinar el ejército de reserva que integran las docentes suplentes y sembró un manto de sospechas sobre el conjunto del sistema municipal.
Las escuelas, los jardines y los parques educativos constituyen una innovación en sí misma
El sistema municipal constituye un ejemplo de un subsistema pequeño, altamente valorado tanto por sus docentes cuanto por las familias de los estudiantes. El ingreso a planta por concurso permite que un docente inicial cobre un básico de $1.175.235,26, prácticamente el doble de lo que cobra la docencia provincial. Pero es justamente el acceso a la titularidad lo que ha sido atacado por la medida del intendente, que se vale de la precarización de la suplencia como método para sostener una política educativa de intensificación de la jornada laboral y para sustanciar parte del ahorro que pretende establecer en el municipio.
Si a esto sumamos que se trabaja en edificios obsoletos producto de 40 años de existencia, con una población que se empobrece día a día y requiere de mayor acompañamiento educativo, en contextos de alta complejidad y demanda de mayor interdisciplinariedad, es lógico que la crisis se exprese en la educación y que el malestar educativo sea expresión del humor social.
La comprensión de que el salario municipal es una conquista producto de la lucha sindical convierte al docente municipal en un activo defensor de la fuente laboral y de la educación de calidad. En ese sentido el malestar que hoy atraviesa el sistema educativo es reflejo del impacto por la malísima gestión de la política educativa que lleva adelante La Terza y de paritarias a la baja que se han negociado durante los últimos cuatro años. La docencia se rebela y no agacha la cabeza ante un ejecutivo que pretende seguir deteriorando su salario y sus condiciones de trabajo. La gestión de La Terza y de su burocratizada secretaría constituyen un factor de agravamiento de la crisis de gabinete.
En las próximas semanas se desenvolverá una lucha en las calles del conjunto de los municipales para defender con uñas y dientes una recomposición del salario municipal que ponga freno al ajuste y exija condiciones de trabajo dignas, que permitan sostener un sistema acorde a las necesidades de los y las estudiantes. Es una oportunidad que la docencia organizada no debe desaprovechar, planteando su propio pliego de reclamos: titularizaciones, pase a planta, urgente recomposición salarial, mayores recursos para infraestructura, conectividad y mobiliario, en el marco general de la lucha en defensa del salario, las jubilaciones, el pase a planta de contratados y las tareas y funciones de cada uno de los agrupamientos municipales.
