El programa del Partido Obrero y del Frente de Izquierda incorporó desde hace muchísimo tiempo como uno de sus puntos fundamentales la creación de un sistema de salud unificado que centralice la totalidad de los recursos sanitarios del país. El planteamiento, de carácter estratégico, apunta a superar la fragmentación existente entre el sistema público, privado y de obras sociales; y la fragmentación por región, ya que la inmensa mayoría del sistema público se encuentra en manos de los Estados provinciales, que cuentan con recursos muy desiguales. Incluso hay varias instituciones sanitarias que dependen de los municipios, sobre todo los centros dedicados a la asistencia primaria a la salud. En nuestro programa explicamos que esa fragmentación se intensificó en la medida que progresó la penetración capitalista en el sistema de salud. La parte de población con mayor capacidad de pago comenzó a recurrir crecientemente a las prepagas, sea de modo directo o pagando un plus sobre el aporte que realiza a las obras sociales (que creció con la desregulación menemista). Para esto fue necesario que se desfinancie el hospital público y que las obras sociales, en tanto, vean deteriorado el servicio que prestan, motivado tanto por el desmanejo y la corruptela de la burocracia sindical como por el retaceo de fondos de alta complejidad de parte del Gobierno. Esta crisis de la salud alcanzó también al PAMI y a muchas obras sociales provinciales que atienden docentes y estatales. Aunque estas integran sistemas formalmente autónomos, en realidad. el financiamiento es administrado por el Estado y la atención está tercerizada en clínicas o servicios privados. En todas ellas el recorte de prestaciones y medicamentos o incluso el cobro de plus o adicionales a los afiliados viene siendo la norma. En este cuadro el hospital público quedó reservado para la población sin ningún tipo de asistencia o trabajadores informales, aunque la penetración del capital también hizo su trabajo de fragmentación dentro del sistema estatal, pues dependencias o sectores del hospital público realizaron acuerdos,  de patrocinamiento o variantes de mecenazgo, con empresas.

Para profundizar esta fragmentación debe destacarse que la industria farmacéutica, que consume una parte considerable del presupuesto público de salud, está casi en su totalidad en manos privadas. Contradictoriamente, mientras la mayor parte de la elaboración de medicamentos es privada, la demanda fundamental viene del Estado. Esto produjo una asociación corrupta, en la que los laboratorios se convirtieron en los principales financistas de los partidos y políticos burgueses.

En el propio sistema público, la desigualdad presupuestaria es pavorosa. Por poner un ejemplo, con 3 millones de habitantes y un porcentaje mucho mayor de trabajadores registrados, la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de salud de aproximadamente 80.000 millones de pesos, mientras que el Chaco tiene aproximadamente 10.000 millones para atender a una población de 1.1 millón. La diferencia por habitante es aproximadamente de 250 por ciento por habitante en favor de la Ciudad. 

Actualidad

El planteo de la formación de un sistema de salud unificado, que en general no llamó la atención en el período precedente, se ha colocado ahora en el centro del debate público y como la respuesta más efectiva ante la crisis. Hasta los gobiernos de la Nación y de las provincias comienzan a tomar medidas que van muy parcialmente en esa dirección. Un ejemplo es lo que sucede con los respiradores artificiales. En la Argentina existente una carencia enorme de camas que cuenten con este instrumento esencial para el tratamiento de los casos agudos de coronavirus. Distintos artículos periodísticos han buscado sin éxito determinar con exactitud la cantidad de camas de terapia intensiva con respirador. Una nota de Infobae dice que a la hora de brindar información pública varias provincias y municipios “le pusieron, lisa y llanamente, un cero a la cifra real: donde dicen 300 hay 30, por ejemplo”. En la misma nota un funcionario del Ministerio de Salud admite que “la realidad demostrará qué hay y qué no”. Frente a esta carencia emergió la necesidad de comprar respiradores. Sin embargo, ante una demanda mundial saturada, solo estaban disponibles los fabricados en el país. Pero las tres empresas dedicadas a ello exportaban la mayor parte de su producción. El gobierno nacional debió tomar una medida elemental: prohibir la exportación y comprar la totalidad de la producción, que de todos modos es muy escasa –entre 80 a 100 por semana, cuando Francia por ejemplo está tratando de incorporar 10.000 nuevas unidades. Esto llevó a un choque con provincias y empresas privadas de salud que habían hecho sus propias órdenes de compra. El gobierno de Mendoza criticó la medida dispuesta por el gobierno nacional, porque la decisión le impidió hacerse de los respiradores. La misma queja fue elevada desde empresarios de clínicas y sanatorios privados. La respuesta del Ministerio de Salud nacional fue que los iba a distribuir de acuerdo a las necesidades existentes en distintos puntos del país; ejemplificó que un respirador iría para Santiago del Estero. Bien visto, la medida implica una pelea por la distribución de la miseria. El gobierno nacional debiera haber establecido una orden a empresas de otros rubros (automotrices, por ejemplo, como sucede en otros países) que puedan reconvertirse para que fabriquen respiradores en cantidades suficientes. Y en la misma línea debiera ordenar una reconversión para la fabricación masiva de EPP (equipos de protección personal) a la industria textil, bajo parámetros de seguridad dictados por expertos. No lo hizo, claro, porque implica un choque de otro volumen con el capital privado que no está dispuesto a dar. Aun cuando el gobierno toma medidas de centralización del sistema de salud choca con los límites que le impone su base social capitalista.

Es seguro que si la pandemia cobra dimensiones similares a la de Italia o España el gobierno deberá avanzar en mayor medida sobre el sistema privado de salud. Esto es así dado que los recursos existentes son demasiado escasos y, dentro de la escasez, una parte sustancial está en mano del sector privado. En la Ciudad de Buenos Aires, que de todos los distritos del país es que tiene mayor cantidad de camas por habitante, solo un tercio del sistema de salud está en manos del Estado. Los otros dos tercios se dividen entre las prepagas, las obras sociales y el PAMI. Para tener magnitud de la gravedad de la situación alcanza con señalar que en los 34 hospitales de la Ciudad existen solo unas 120 camas de terapia intensiva, de las cuales unos dos tercios ya están ocupados tratando otras patologías, algo que suele aumentar en los meses de invierno. El gobierno de Larreta anunció que crearía 180 camas nuevas en las próximas semanas, pero la materialización de anuncio dependerá de la adquisición de los respiradores. Mientras tanto, en el sistema privado la cantidad de camas de terapia intensiva quintuplican las existentes en el sistema público. ¿No es claro, entonces, que debe crearse de inmediato un sistema único para asignar los recursos existentes en base a decisiones sanitarias sin condicionamientos a la capacidad de pago de la población? Recientemente en Irlanda el gobierno anunció que mientras dure la pandemia las clínicas privadas pasaban a ser dirigidas por el gobierno central.

Lejos de avanzar hasta este punto, el gobierno nacional anunció que creará un comité especial para contabilizar las camas existentes en todo el país e ir verificando su ocupación. Según La Voz del Interior (29/3), esto llevará a que cualquier persona pueda ser internada en un centro privado, incluso aunque carezca de toda cobertura. ¿Será así? Al momento es una presunción porque no hay disposiciones oficiales que lo establezcan. Pero incluso si se aprobara una medida de este tipo se plantearán dos problemas: cómo se asegura que la información sea certera, evitando que las clínica y sanatorios privados y de las obras sociales falseen información para reservar sus instalaciones a los afiliados; y a qué costo se hará esas internaciones, porque es seguro que las empresas querrán facturar al Estado sobre la base de costos inflados que le aseguren una tasa de beneficio extraordinaria. La respuesta a estas dos cuestiones no es compleja técnicamente. Habría que nombrar a un supervisor o interventor del Estado en cada clínica, sanatorio u hospital privado que tenga por funciones informar a un comando central la disposición de camas, vetar aquellas decisiones de los directivos que perjudiquen el combate a la pandemia (como sería, por ejemplo, mantener operaciones o tratamientos que dejan rédito económico pero pueden ser reprogramados sin poner en peligro a los pacientes) y realizar una auditoría sobre los libros de la empresa para determinar los costos reales de la internación para que el Estado pague sobre ese cálculo. En el fondo, este control sólo podría ser asegurado por organizaciones de alcance nacional de los trabajadores de la salud del sector público y privado, pero para esto se debe expulsar a la burocracia sindical que funciona como un apéndice de las patronales.

Lo que vale para las clínicas y hospitales debe aplicarse del mismo modo para los laboratorios privados, que deben producir sobre la base de un plan único. La falta de alcohol en gel debiera ser paliado de inmediato con una producción masiva y una distribución a precio subsidiado o gratuita en las poblaciones de menores recursos. La estructura de los laboratorios también debiera ponerse a disposición del Estado para la realización de los tests de detención y otras necesidades que vayan planteándose. Si en los próximos días se llegara a un acuerdo favorable sobre la conveniencia de ciertas drogas para tratar el coronavirus, debiera disponerse una fabricación masiva sin los límites que imponen las patentes medicinales.

Otro punto de extrema importancia son los traslados sanitarios, que son claves en todo el interior del país, donde en la mayor parte de los pueblos no existen o son insuficientes los tratamientos de terapia intensiva, faltan especialistas y equipamiento. Ni hablar de que lo que vale a nivel nacional, la carencia de recursos en el sistema público, que en muchos casos existen en el privado, se amplifica en los pueblos o ciudades chicas. La utilización de ambulancias, especialistas o servicios de terapia intensiva en función de las prioridades del triage en cada localidad no puede depender de su carácter público o privado. La emergencia planteará, para todo el Interior, el refuerzo en materia de ambulancias y traslados sanitarios.

La utilización del personal

Un punto importante es cómo enfrentar la carencia de personal capacitado. Se trata de un punto complejo porque no es posible formar un personal de alta capacitación, como ser terapistas, enfermeros de terapia intensiva o kinesiólogos con especialidad respiratoria en días o en pocas semanas. La falta de este personal enjuicia a todos los gobiernos capitalistas que han desfinanciado a los sistemas de salud y superexplotado a sus trabajadores. En muchas universidades del interior, el acceso a las facultades de medicina tiene cupos o exámenes eliminatorios.

El caso de enfermería es paradigmático. Otra vez el ejemplo de la Ciudad es ilustrativo. Existen en la actualidad unos 8.500 enfermeros y enfermeras en el sistema público muy mal pagos y con jornadas laborales extensísimas. A pesar del reclamo unánime el gobierno de Larreta se ha negado a pasarlos a la Carrera Profesional de Salud, lo que hubiese implicado un salario mayor y una jornada de trabajo más reducida. Dado los salarios de miseria existentes la mayoría de los trabajadores combina su trabajo en el sistema público con un otro en el sistema privado. O realiza los llamados “módulos” en el sistema público muy mal pagos –en general la hora extra se paga por debajo de los $ 100. Esta superexplotación ha desincentivado la formación de nuevos enfermeros, lo que agrava el faltante. Por eso la disposición de un enfermero por cada dos camas de terapia ya no se cumple en la actualidad y menos se hará con la creación de 180 camas nuevas. En el interior, la precarización laboral de los enfermeros es generalizada, abunda el personal contratado, en negro, o tercerizado en los hospitales públicos.

La puesta en pie de una centralización del sistema sanitario tomaría como una de sus medidas iniciales la convocatoria extraordinaria a trabajadores y estudiantes de los últimos años para ser incorporados al sistema de salud. Cumpliría también de inmediato el reclamo del pase a la carrera profesional o a la planta permanente de todos ellos, con una jornada reducida para evitar en lo más posible los contagios entre los propios trabajadores de la salud.

Una reciente asamblea de residentes y concurrentes de la Ciudad abordó también el tema. Después de un debate plantearon un programa de fondo. Le reclamaron al gobierno la centralización del sistema de salud en la Ciudad, el establecimiento de protocolos de seguridad e higiene, jornada laboral de 6 horas, salario inicial de 52.000 pesos (inicial del trabajador de la carrera que está en planta) y salario proporcional para los concurrentes. En un proyecto presentado por el PO-FIT en la Legislatura planteamos que los 1.400 residentes y concurrentes que terminan ahora sus exámenes sean incorporados a la planta profesional de la Ciudad para no perder un personal altamente calificado.

Los gobiernos de Larreta y Kicillof, frente a la carencia de profesionales, han decidido una nivelación hacia abajo. Con el argumento de no quitarle trabajadores a la Provincia, Larreta anunció que los enfermeros y enfermeras que sean contratados recibirán el mismo salario que en la provincia de Buenos Aires, que es inferior al de la Ciudad. En vez de aumentar el salario a todos se aplica una política ´igualitaria´ hacia abajo. Esto ocurre cuando los salarios de los trabajadores de la salud son totalmente desiguales a lo largo y a lo ancho del país. Los gobiernos capitalistas cuando planifican lo hacen con sus propios métodos y programas.

Otro tanto ocurrió con la disposición de otorgar un bono de 5.000 pesos por mes a los trabajadores de salud durante los próximos 4 meses. El bono lo pagará el gobierno nacional y alcanzará también a los trabajadores privados. Perfecto. Pero si el Estado paga una parte de los salarios del sector privado, entonces debe asegurar para todos los trabajadores un régimen salarial y laboral común. Esto debe ir de la mano de la formación de comités de seguridad de todos los trabajadores para garantizar la aplicación de los protocolos y medidas de seguridad dispuestas o para corregir a estas en los casos de que no sean suficientes.

La centralización del sistema de salud implica, desde ya, un incremento considerable del presupuesto. Para ello debe apelarse en primer lugar al no pago de la deuda. En lo que va del año ya llevan gastándose en pago de capital e intereses más de 200.000 millones de pesos para afrontar la deuda emitida bajo moneda local, mientras el fondo de 4.500 millones de dólares para pagar los vencimientos en moneda extranjera votada por el Congreso en diciembre está a punto de agotarse. No puede salir un peso ni un dólar más del país y la totalidad de los recursos debe destinarse a reforzar el sistema de salud y a la asistencia social dada la repercusión social que crea la cuarentena.  

En un plan de centralización deben jugar un papel importante los hospitales universitarios y también los que tienen las distintas fuerzas de seguridad. Para que se vea la descoordinación actual, el Hospital de Clínicas de la UBA no integra la red del SAME siendo que se trata de la institución con mayor cantidad de camas de la Ciudad de Buenos Aires.

Un programa que requiere la intervención de los trabajadores

La conclusión que surge de esta exposición resumida es que la centralización del sistema de salud es una necesidad imperiosa para enfrentar la pandemia, al punto que se le impone incluso al gobierno nacional. Pero este, por los condicionamientos que le impone su base capitalista, no puede avanzar realmente en esa dirección, limitándose a tomar alguna que otra medida aislada. La lucha por este planteo debe ser tomada directamente por los trabajadores, en primer lugar quienes integran el sector de la salud, pero también por el conjunto de la clase obrera y sus organizaciones. La complicidad y los lazos sociales comunes entre la burocracia estatal y las empresas que lucran con la medicina privada hacen que la tarea de la centralización de un sistema único no puede quedar en manos de los funcionarios oficiales. Interventores puestos por el Estado serían fácilmente corrompidos si al lado suyo no actúa una comisión independiente de trabajadores, que controle y, de ser necesario, asuma tareas de gestión. Una tarea de este tipo choca con la burocracia sindical, no solo por sus complicidades con las patronales y el Estado, sino también porque ella opera como un sector clave en el negocio privado de la salud. Las obras sociales que dirige se manejan con criterios similares a un hospital privado y los trabajadores que desarrollan tareas en ellas son superexplotados y perseguidos cuando se organizan sindicalmente.

Para esta lucha planteamos un programa:

1. Centralización de todo el sistema de salud argentino, público, de universidades nacionales, de obras sociales y privado, mediante un comité especial de emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, infectólogos, sanitaristas y representantes de los trabajadores de cada uno de los sectores mencionados, con el objeto de articular nacionalmente la política de combate a la pandemia, involucrando al Estado nacional y los Estados provinciales y municipales. Nacionalización del financiamiento del sistema de salud.
2. Deben formar parte de esta centralización los laboratorios públicos y privados. La fabricación de insumos para afrontar la pandemia debe hacerse de modo centralizado sin límites establecidos por la ley de patentes. La producción estatal de medicamentos debe ayudar a bajar los costos en la materia que alimentan las ganancias extraordinarias de los laboratorios.
3. Las estructuras sanitarias de las universidades y fuerzas de seguridad pasan a integrar este plan centralizado. Lo mismo con los centros de investigación en materia sanitaria, sean privados, estatales o dependientes de universidades nacionales.
4. Nombramiento de representantes del Estado en todas las instituciones privadas para garantizar el funcionamiento de la centralización del sistema. Apertura de los libros para determinar el costo que el Estado pagará a las empresas por el uso de sus instalaciones y personal.
5. Convocatoria extraordinaria a estudiantes de enfermería y médicos de los últimos años de cursada, capacitación extraordinaria de emergencia en atención del Covid–19 a médicos de todas las especialidades.
6. Jornada laboral de 6 horas para los trabajadores de la salud, dado que se trata de un trabajo de riesgo. Derecho a las licencias. Igualación salarial tomando como base los salarios más altos para en todas las profesiones y para los trabajadores administrativos.
7. Formación de comités de seguridad e higiene en todos los hospitales públicos y privados integrados por trabajadores electos en asamblea. Entrega inmediata de EPP (Equipos de Protección Personal) para todo el personal.
8. Aumento inmediato del presupuesto de salud sobre la base del no pago de la deuda y la eliminación de los negociados a costa de la privatización de la salud.