La campaña oficial de ataques contra la comunidad mapuche tuvo su primera réplica en Salta, la provincia con mayor cantidad de etnias y habitantes aborígenes del país.

 

El mismo día en que Jorge Lanata, a través de un informe sesgado, lanzaba su ataque sobre las comunidades del Valle Calchaquí, el gobernador Juan Manuel Urtubey celebró en un acto de la Sociedad Rural Salteña “el fin de los obstáculos al desarrollo”, en referencia a la resolución del parlamento salteño de que la Ley provincial 7.658 –que establece la suspensión de desalojos campesinos– se extendiese solo hasta diciembre de este año.

 

Este nuevo cuadro legal implica que a partir de ese mes se harán efectivas las sentencias judiciales de desalojo contra numerosas familias criollas, las que viven desde hace siglos en tierras cuya propiedad ha quedado en manos de grandes empresas a partir de las más diversas argucias estatales. Este problema se replica en el caso de los originarios: ambos grupos enfrentan una política de acorralamiento y expulsión que tenderá a agudizarse en el próximo período, como el mismo Urtubey lo afirma. También el romerismo, a través de su diario El Tribuno, reclamó el último fin de semana la extensión de la frontera sojera y el fin de cualquier restricción, incluyendo la tan vulnerada Ley de Bosques.

 

Luego de casi una década de implementación de la “Ley Nacional Indígena” 26.160 y de la Ley Provincial 7.658 para evitar desalojos de campesinos criollos, hoy el balance es negativo. Las leyes proponían relevamientos, otorgamiento de personería, asistencia técnica y jurídica, algo que solo se hizo a cuentagotas: sólo un 40% de las comunidades fueron relevadas, y en el caso de los criollos un 50%.  Criollos y originarios denuncian que el Estado provincial y el Nacional nunca quisieron avanzar en demandas centrales, como la entrega de tierras, el fin de las invasiones capitalistas en sus territorios y la inversión económica estatal para el desarrollo de los tan prometidos planes productivos. La 26.160 ni siquiera ha frenado totalmente los desalojos, pues las comunidades denuncian avances en el Chaco y en Cafayate.

 

Luego de 23 años de sancionada la Constitución del ‘94,  el “derecho al acceso a la propiedad comunitaria” allí previsto es papel pintado. Los caciques han afirmado que esto se ve entorpecido por los pretendidos propietarios registrales y el propio Estado. Una práctica común ha sido asentar en la zona en disputa a arrendatarios de confianza de la patronal, los que luego acreditan en la Justicia la inexistencia de comunidades de larga data, el reciente poblamiento y el pago de arriendo al terrateniente. En otros casos, en donde las comunidades consiguieron la expropiación, la burocracia estatal se quedó con una importante zona con la que alimentó a punteros locales.

 

En una presentación realizada hace un mes en la Legislatura de Salta, 23 comunidades originarias de la Quebrada del Toro (puerta de entrada a la Puna) denunciaron que grupos mineros han desviado ríos, matado ganado y envenenado acuíferos en la zona sin que la Justicia ni la policía interviniese. La impunidad ha sido moneda corriente, al punto que los apresados son siempre los propios aborígenes, ya sea por reclamar contra el despojo, por cortar una ruta o incluso por actividades de subsistencia, como talar un árbol, cazar animales o pescar fuera de temporada.

 

Es decir que el desalojo ordenado por la Justicia es el último paso en toda una estrategia de expulsión que el régimen ha perfeccionado con los años.

 

Soja y progreso

 

Estudios como el realizado por el economista Juan Carlos Cid demuestran que la pobreza que vive el norte argentino afecta particularmente a las comunidades del campo, sobre todo luego del boom de los commodities en la década pasada. Es que el desarrollo agrícola ha expulsado masivamente a criollos y originarios hacia las villas miserias de las ciudades, donde su inserción laboral ha sido mínima, según lo muestra incluso el último censo del Indec.

 

Esta historia no es nueva, sino que ha sido una tónica general de la evolución campesina en el continente. Justamente, el famoso Convenio 169 de la OIT -un pilar sobre el que se basa la legislación reivindicativa aborigen- surge en el contexto de crisis de la política ‘integracionista’ para el indio en América Latina; es en gran medida una expresión de la imposibilidad de insertar a las comunidades desestructuradas -e incluso a la propia población urbana blanca- en el lánguido mercado laboral de un capitalismo semicolonial. En otras palabras, la OIT prefiere defender la precaria economía de estos sectores ante la evidencia de que el capitalismo no tiene otra cosa para ofrecerle más que el genocidio.

 

La idealización de la comunidad originaria o del pequeño productor campesino que el reformismo hizo a partir de este contexto, ha servido para dividir y encorsetar la lucha en programas limitados. Hoy esta política muestra su rotundo fracaso. Un analista de este proceso en el Chaco concluye que “la desertización de extensas regiones, el desarrollo de la economía de plantación, la explotación maderera y la expansión de la ganadería, han alterado radicalmente los ecosistemas chaquenses al cual los cazadores estaban altamente adaptados. Más allá de cualquier discurso retórico y naive sobre la relación de los pueblos indios con la naturaleza, resulta claro que la mayor parte de los emprendimientos productivos colonizadores en el área han fracasado o no han dado los resultados esperados” (1).

 

Un programa para unir a obreros, originarios y campesinos en Salta

 

El Partido Obrero, que plantea la unión obrera con los pequeños productores campesinos y comunidades originarias contra el capital, llama a que en lo inmediato luchemos por la prórroga por 3 años tanto de la Ley Nacional 26.160 como de la Provincial 7.658. También planteamos la entrega en propiedad de los territorios históricamente reclamados por estos sectores y la confección de un plan de lucha por todas las reivindicaciones inmediatas.

 

Nuestra organización tiene una enorme tradición de lucha junto a comunidades y trabajadores (en el movimiento piquetero del norte salteño, por ejemplo) en defensa de los recursos naturales y un plan productivo para las mayorías. Desde ese enfoque propusimos la nacionalización del petróleo, de la gran propiedad agraria, la estatización de Salta Forestal bajo control obrero-campesino, la readecuación del subvalorado impuesto rural de la oligarquía, la estatización de la banca, entre otros. Son esos los recursos y las medidas que se necesita para un plan integrado, controlado por los trabajadores para salir de la pobreza. Este es el debate de fondo que nos esforzamos por establecer.

 

Del otro lado, Urtubey y Macri quieren volver a venderle al pueblo argentino, por décima vez en su historia, la idea de que el país puede salir adelante rifando los recursos naturales al capital internacional y sacrificando poblaciones enteras. En realidad son ellos los padres del atraso, los representantes de una clase social parasitaria que debemos superar.

 

 

 

(1) “Los pobladores del ‘Desierto’ - genocidio, etnocidio y etnogénesis en la Argentina”, Miguel Alberto Bartolomé. Disponible online.

 

 

 

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