El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, a instancias del intendente Martín Insaurralde y el Frente de Todos, acaba de aprobar una ordenanza que impide la realización de trámites y gestiones en las dependencias municipales a quienes no cuenten con ninguna dosis de la vacuna contra el Covid-19. Insaurralde se suma a la orientación de la UIA, y a Funes de Rioja, al intentar cercenar derechos de los habitantes y trabajadores del distrito, castigando a la población e invirtiendo la carga respecto a la responsabilidad los límites de la campaña sanitaria oficial.

En efecto, la medida se asemeja a lo dictado por el gobernador radical jujeño, Gerardo Morales, que en su provincia ordenó la obligatoriedad de la vacunación para el personal público, en violación de la manda constitucional y del carácter voluntario y optativo de la vacunación. Al igual que la semejanza con los dichos de la Unión Industrial Argentina, respecto a propiciar el despido de los trabajadores que decidan no vacunarse.

La medida municipal es un escándalo, ya que busca “generar conciencia” entre la población, no con campañas publicitarias y centros de información en las dependencias y barrios del distrito, sino por medio de la represalia a los vecinos y trabajadores, muchos de los cuales asisten a las delegaciones municipales para reclamar alimentos, colchones, chapas o cualquier insumo indispensable para paliar la pobreza y el hambre.

Esta medida compulsiva, que regirá desde el primero de septiembre, también será extensiva al personal municipal, por lo que debe rechazarse su implementación, partiendo de una campaña entre los trabajadores estatales y municipales y los sindicatos intervinientes.

Insaurralde contradice lo dicho por el propio jefe de Gabinete respecto a la UIA y a la no compulsividad de la vacunación: “La vacunación es optativa, no es obligatoria. Desde ahí no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas. No corresponde, no puede haber una política de sanción (…) No puede haber una política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa”.

Los beneficios de la vacunación y la inoculación contra el Covid-19 son indiscutibles desde el punto de vista científico, sanitario y epidemiológico. La reserva de parte de la población a vacunarse tiene que ver, en principio, con la penetración del dogma oscurantista de la Iglesia en las barriadas populares y con la desconfianza de parte de la población a los acuerdos y convenios suscriptos entre el gobierno nacional y los laboratorios multinacionales.

Esto debe enfrentarse con una campaña integral de difusión y concientización en los barrios y lugares de trabajo, brindando toda la información necesaria para que la población se vacune. Así como también el establecimiento de facilidades logísticas y la existencia de dosis y vacunas para poder desarrollar los operativos de inoculación en todo el territorio distrital.

Las organizaciones piqueteras y agrupaciones sindicales combativas del distrito venimos impulsando el reclamo por vacunación y asistencia sanitaria y alimentaria en los barrios y dependencias e instituciones escolares y sanitarias, municipales y provinciales. Dando la pelea contra el oscurantismo antivacuna y los sectores conservadores. Seguiremos en esta campaña, pero denunciamos que no puede haber ninguna sanción, prohibición o represalia estatal contra los trabajadores y la población.

Planteamos la inmediata derogación de esta ordenanza sancionadora y la resolución de una campaña integral en todos los barrios, lugares de trabajo y dependencias públicas del distrito.