Todos los informes elaborados por el gobierno pronostican un escenario de agravamiento de la pandemia en las próximas semanas. Básicamente se manejan tres escenarios. El más optimista habla de que en junio los alcanzados por el virus serían 250.000. El más negativo, en cambio, multiplica ese número por 8, estimando que alcance a 2 millones de personas. El escenario intermedio, a la vez, se divide en variantes más negativas o positivas, variando en cantidad de casos y en la progresión temporal de la enfermedad. 

En cualquier caso, como vemos, debemos prepararnos para un crecimiento exponencial de la pandemia. Los 250.000 casos que prevé el escenario llamado “positivo” pueden ser suficientes para hacer colapsar el sistema de salud. La asfixia presupuestaria de los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales y el fomento por esa vía al negocio de la salud privada han creado una situación de gran vulnerabilidad. Un ejemplo: el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, supuestamente el mejor preparado del país, tiene solo 120 camas de terapia intensiva con respirador artificial. Vale aclarar que dichas camas suelen ser insuficientes para la atención cotidiana, sobre todo cuando llega la temporada de invierno, en la que crecen significativamente las distintas enfermedades respiratorias. Esta debilidad del sistema de salud está en el centro de la crisis, ya que la experiencia de Italia y ahora de España muestran que la cantidad de muertes es el resultado directo de la falta de camas. 

De estos escenarios todos graves se deducen medidas de fondo para por un lado evitar el contagio, asegurando las políticas que reduzcan al mínimo la movilidad y el contacto entre las personas, y del otro reforzando el sistema de salud. ¿Están tomando el gobierno esas medidas?

Todo indica que no. En relación a las medidas de parálisis de la producción el gobierno ha comenzado a recular bajo presión directa de las patronales. Luego del primer decreto, que limitaba el funcionamiento a fabricantes de alimentos y sectores vinculados al petróleo y desde ya a la medicina, anunció una “corrección” ampliando el permiso de funcionamiento a las industrias que aplican métodos productivos de procesos continuos como así también a aquellas que realizan “tareas impostergables vinculadas al comercio exterior”. De este modo queda exceptuada una gama enorme de empresas, sean siderúrgicas, del aluminio, petroquímicas y también el sector agrario, ya que es el sector exportador más importante del país. Es sabido también que a mayor cantidad de excepciones se requiere también mayor flujo de transporte público, para trasladar a los trabajadores de esas empresas. Así, bajo la presión del capital, el gobierno es el primer violador de sus propias medidas, en una dimensión mucho mayor que quienes se fugan a la Costa Atlántica en medio de la cuarentena. 

En relación al sistema de salud, las medidas anunciadas por el gobierno son de unas limitaciones exasperantes. El anuncio de compra de respiradores por el momento se limitó a los que estaban disponibles en el mercado: ¡65! La empresa encargada de fabricarlos en el país producía la mayor parte para la exportación, ya que aquí no había mercado porque sencillamente los gobiernos no gastaban un peso en el sistema público. El aumento del presupuesto de salud anunciado inicialmente por Alberto Fernández se limitó a 1.700 millones de pesos, que es aproximadamente el 1% del presupuesto nacional de salud de 2019 y un cuarto del presupuesto anual de un solo hospital, el Garrahan, esto contrasta con los 130.000 millones que se destinó al pago de deuda en enero y febrero. El llamado a nuevo personal, sea de enfermería, médicos u otros profesionales de la salud lanzada por algunos gobiernos, como el de Larreta, se hace sobre bases ultraprecarias que aleja el interés del trabajador. La medida de convocar al personal jubilado luce sencillamente criminal, pues se trata de un sector especialmente de riesgo.

Otro aspecto clave que el gobierno no ha querido abordar es una intervención directa sobre el sistema de salud privado. Se sigue demorando la implementación de un plan centralizado de laboratorios que realicen masivamente los tests de detección del virus. Esto sucede porque falta el insumo y la centralización de los recursos técnicos choca con la propiedad privada de los laboratorios. Otro tanto sucede con las camas disponibles. La crisis requiere de elaborar un plan que centralice todos los recursos sanitarios, sean del sector público, privado y de obras sociales. Solo así puede aplicarse un método exclusivamente sanitario para decidir qué personas son internadas y cuáles no, y el tratamiento que se le debe seguir. De otro modo, el acceso a los tratamientos dependerá de la capacidad de pago de cada persona.

El gobierno ha dicho que hay que aprovechar el tiempo para evitar un salto en la curva de los contagios, pero contrario a ello se están dilapidando los días y hasta las semanas. La urgencia reclama un plan de reestructuración industrial para la fabricación masiva de respiradores artificiales. En EE.UU. las empresas automotrices dijeron que es posible reconvertir sus líneas de producción para ello. Pero la implementación de la medida no puede estar subordinada a un pacto con las empresas, que actúan sobre un criterio de búsqueda de beneficio y de preservación de sus secretos industriales. En un plan centralizado que demanda la crisis, esta intervención en las empresas debe hacerse de inmediato, para pasar a la fabricación masiva de un insumo fundamental para evitar el colapso del sistema de salud. 

Ocurre otro tanto con las decisiones de producción de las empresas. La firma Porta Hnos. S.A., por ejemplo, fabrica en la provincia de Córdoba alcohol para uso medicinal junto con vinagre, aceto, fernet, etc. No hay sin embargo ninguna medida oficial que obligue a que concentre su producción exclusivamente en aquellos productos que son de utilidad para enfrentar la pandemia y que se lo comercialice a un precio accesible, lo cual plantea abrir los libros de la empresa para ver directamente sus costos. Esto vale también para la industria alimenticia, que sigue fabricando productos que no son de necesidad fundamental, y utilizando elementos prescindibles, como ciertas etiquetas o envases que se usan más por una competencia de marcas que por necesidad de abastecimiento a la población.

Estas medidas de intervención directa sobre la industria deben ir de la mano de una gran inversión en materia de ayuda social. Con una fuerza de trabajo que tiene un 40% en la informalidad el parate económico implica un agravamiento de pobreza y de la indigencia. Debiera aplicarse de inmediato la prohibición de despidos y suspensiones, el pago de la totalidad del salario en las empresas afectadas por el cese de la producción y un seguro al desocupado de $ 30.000 generalizado, que permita asegurar las condiciones de vida elementales a las personas. Este gasto social debe financiarse antes que nada con el cese del pago de la deuda, que de modo bochornoso se ha seguido pagando desde que se desató la crisis. El reforzamiento de la asistencia a los comedores populares también debe hacerse de modo prioritario, pues juegan un papel irremplazable en las barriadas más empobrecidas.

En ausencia de estas medidas, una porción muy importante de personas se ve obligada a salir de sus casas para pelear por la subsistencia diaria. El gobierno presenta a estas personas como irresponsables y maliciosamente las confunde con sectores pudientes que rompen la cuarentena para viajar por el país. El aparato represivo del Estado se utiliza mayormente contra los trabajadores, no contra Tinelli que viajó en un vuelo privado. Es probable que el gobierno deje empeorar la situación para justificar luego el dictado de un estado de sitio, que tendría un contenido social ajustador contra el pueblo.

Los límites que tiene el gobierno para enfrentar los escenarios catastróficos que él mismo pronostica están marcados por la defensa de los intereses y privilegios de la clase social para quien gobierna. Los trabajadores, por lo tanto, deben tomar las medidas en sus manos. En primer lugar formando comités en todos los lugares de trabajo y en las barriadas, que aseguren que cese la producción allí donde no haya una necesidad sanitaria, que se paguen los salarios y que no se apliquen despidos ni suspensiones; la reducción de jornadas en industrias que tienen solo algunos rubros esenciales, lo mismo para los supermercados; en el mismo sentido debe asegurarse la alimentación y la atención sanitaria adecuada para todos, para lo cual los comités de las barriadas deben jugar un rol protagónico. Por medio de una campaña política deben velar por hacer cumplir medidas de aislamiento al mismo tiempo que se rechaza el accionar policial que se concentra sobre la juventud de las barriadas.