La pretensión de instaurar rápidamente una reforma penal que otorgaría más poder a la policía *permitiéndole interrogar detenidos sin permiso judicial, requisar sin testigos y hasta hacer requisas personales en operativos públicos* permanece empantanada por ahora. Aunque logró la media sanción del Senado, el debate posterior en la Cámara de Diputados y entre diferentes gobernadores provinciales dejó el proyecto “en espera”. La razón de esta impasse es sencilla: el proyecto pretende reforzar el Estado policial, en medio de la más completa disgregación de ese mismo Estado policial.

El “disparador” de este proyecto represivo fue el asalto que costó la vida de dos policías en el barrio de Once. Pero, a poco de andar, la investigación sobre el hecho condujo a detener a “un agente del servicio penitenciario federal en actividad, sospechado de haber colaborado con la banda” (Clarín, 23/5).

La reforma penal proyectada por el gobierno nacional consiste, en realidad, en ponerse “a tono” con la reforma que impuso Ruckauf en Buenos Aires. Pero ya un camarista de San Isidro advirtió que así no van a solucionar el tema de la inseguridad: “se están equivocando, como ya se vio en la provincia de Buenos Aires”, dijo (Clarín, 24/5). Los jueces de instrucción de la Capital advirtieron, por su parte, sobre “la necesidad de aumentar el control sobre los agentes” (ídem).

 

El “Consejo de Seguridad”

La posibilidad de un acuerdo político general respecto de un “Plan de Seguridad” ha chocado con otras contradicciones. Los diferentes gobiernos provinciales reclaman mayores recursos económicos. Pero Mestre les advirtió que “el gobierno no tiene recursos para afrontar las demandas” (Ambito, 15/6). El ministro del Interior ya había dicho que “la cuestión del delito es un asunto de cada ciudadano”, o sea de la seguridad privada y de la “sponsorización” de la policía estatal. Ibarra, en este debate, reiteró su planteo de “transferir a la Federal a la Ciudad”, ya que ahora “no puedo darle una sola orden a un cabo” (Crónica, 23/5). Pero la “receta” de Ibarra acaba de fracasar estrepitosamente en Mendoza: allí, luego de una “depuración selectiva” el gobierno provincial no logró colocar bajo su mando a la policía; una ofensiva terrorista de los “exonerados” obligó al gobierno cuyano a pedir auxilio… “a la Side, la Gendarmería, y la Federal” (Clarín, 10/6).