A esta altura del partido, la acumulación de pruebas, confesiones y documentos secretos que han salido a luz confirman que la Cancillería, los ministerios de Defensa y Economía —es decir, el gobierno en pleno— y los altos mandos del Ejército eran plenamente conscientes de que estaban embarcados en operaciones de ventas clandestinas de armas a Croacia, Bosnia y Ecuador. Además, es meridianamente claro que fueron puestos sobre aviso del contrabando con la suficiente anticipación como para evitarlo, si hubieran querido hacerlo. La ‘historia oficial’de que el gobierno fue engañado en su ‘buena fe’ ha caído despedazada.

El escándalo ha adquirido tales dimensiones que están en el banquillo todo el gabinete y el más estrecho entorno presidencial. La ‘cometa’por la venta de las armas fue depositada en una cuenta de los Yoma y su propia ex secretaria denunció que Emir mantenía negocios de venta de armas con Luis Sarlenga —un riojano ex presidente de Fabricaciones Militares, actualmente detenido por el contrabando de armas— y con Al Kassar, el traficante sirio ligado a la CIA. Pero Emir no es sólo Emir, “Emir es Menem”, según declaró a Página 12 (4/10) un anónimo funcionario de la Casa Rosada.

En cuanto a las responsabilidades dentro del Ejército, exceden largamente a Balza: “el problema —explicó un oficial— es que por sus dimensiones (por el volumen de los armamentos desplazados, porque fueron recolectados en distintas dependencias castrenses y luego trasladados a otras para su embarque) el caso involucra a todo el Ejército” (La Nación, 21/9). Las evidencias de faltantes de armas livianas y pesadas en las dependencias militares y la documentada presencia en Croacia y Bosnia de armamentos provenientes directamente de los arsenales militares —y no de Fabricaciones Militares, dependiente del Ministerio de Defensa— “desmoronan la estrategia defensiva del Ejército” (La Nación, 4/10). Como parece que se les viene la noche, Balza ordenó la quema de todos los materiales y documentos correspondientes al BEA (Batallón de Ejército Argentino) destacado en la ex Yugoslavia (ídem).

Todo este escándalo se desarrolla en el cuadro de una aguda descomposición de las camarillas menemistas: la repentina ‘independencia’ de los jueces que hasta ayer estaban en ‘la servilleta de Corach’; las explosivas ‘confesiones’ de la secretaria de Emir Yoma y el secuestro seguido de muerte de Marcelo Cattáneo, acusado en el escándalo de IBM-Nación pintan un cuadro de ‘fin de régimen’.

La pila de cadáveres que se acumula en torno del escándalo de las armas —25 según el fiscal— y la denuncia en torno de las posibles vinculaciones entre el contrabando de armas a Croacia y la voladura de la Amia (La Nación, 14/9), ratificada por Lourdes Di Natale, la ex secretaria de Emir Yoma, hacen todavía más explosivas las derivaciones que puede tener el caso. Todo esto explica las versiones acerca de que el gobierno declararía el caso como una “cuestión de Estado”, para impedir la continuidad de las investigaciones.

La ‘oposición’ al salvataje del gobierno

En medio de este escándalo que amenaza con voltear al gobierno, Chacho Alvarez ha salido a reclamar la renuncia de Di Tella y Erman González, los ministros firmantes de los decretos que sirvieron de pantalla a las ventas a Croacia, Bosnia y Ecuador que todavía están en el gabinete. ¿Cómo se entiende que, mientras la Alianza anticipa que apoyará las medidas del gobierno frente a la crisis económica y hasta le propone al menemismo un ‘co-gobierno’, uno de sus principales dirigentes reclame la renuncia de dos ministros clave como Di Tella y Erman?

En el caso de las armas, Alvarez sigue una línea de conducta que lo ha distinguido desde hace años: la incapacidad para formular una idea propia y original. No fue original su planteo del ‘co-gobierno’ y tampoco es original su planteo de que renuncien los ministros. Alvarez no hace más que repetir, letra por letra, lo que reclamó, con más de una semana de anticipación, nada menos que La Nación en una nota editorial: la renuncia de los ministros acusados que todavía se encuentran en el gabinete (Di Tella y Erman González) y del jefe del Ejército en razón de que “no podían ignorar hechos de semejante gravedad”. ¿La Nación —es decir, el ‘establishment’— han lanzado una campaña para tirar abajo al gobierno?

Por cierto que no. El editorialista de La Nación —y en esto Alvarez lo sigue al pie de la letra— se cuida muy bien de reclamar la renuncia de Menem, a pesar de que su firma figura al pie de todos los decretos que sirvieron de pantalla al contrabando. Esto con el agravante de que la responsabilidad primaria por los decretos recae, según la Constitución, sobre el presidente y no sobre los ministros.

Esta absolución anticipada de Menem deja entrever que el planteo ‘ético’ de La Nación y de Alvarez no es otra cosa que un operativo de salvataje del gobierno y, en particular, del propio presidente. En pocas palabras, la gran burguesía le reclama a Menem que ‘eche lastre’para evitar que el ‘lastre’ lo hunda a él, junto con todo el edificio menemista.

A un año de las elecciones y sin posibilidades de reelección, la caída del gabinete menemista sería un golpe demoledor para el gobierno. Que el salvataje de Menem exija la renuncia de medio gabinete indica que la crisis política está tocando fondo.

Que apriete, pero que no ahorque

En parte, una de las razones por la que el ‘establishment’ está obligado a sostener a Menem es la envergadura que ha alcanzado la crisis política en torno de su sucesión: con la gran burguesía dividida y sin un candidato claro a suceder al riojano, se pretende evitar a toda costa un ‘vacío de poder’.

Pero a nadie se le puede escapar que el reclamo de la renuncia de los ministros es, también, una amenaza por elevación a Menem; es un‘recordatorio’ de lo que podría sucederle si insiste, como en los últimos días, en reflotar la aventura de la ‘re-reelección’. Más aún, cuando en Argentina se avecinan ‘momentos difíciles’ como consecuencia de la crisis mundial.

El economista Guillermo Calvo acaba de sumarse a la larga lista de los que pronostican que Brasil devaluará después de las elecciones. Si esto ocurre, no sólo será una fenomenal demostración del carácter conspirativo de la ‘democracia’ (Cardoso se presentó en Brasil como el candidato de la ‘estabilidad’). Será, además, un golpe enorme para las exportaciones argentinas que agravaría las ya manifiestas tendencias a la recesión y a los despidos masivos y pondría en cuestión la propia supervivencia del Mercosur. Además, una devaluación en Brasil agravaría todavía más las presiones sobre el sistema financiero argentino, que ya ha comenzado a mostrar evidentes síntomas de fragilidad.

Los economistas a sueldo repiten a diario que ‘los bancos están fuertes’, pero ocultan que esa ‘fortaleza’ no es nada más que el resultado de un truchaje contable, tolerado por el propio Ministerio de Economía: la autorización a registrar en los balances los títulos públicos por su valor nominal y las acciones por su valor de compra —y no por sus valores de mercado, que se han reducido sustancialmente como consecuencia de la caída bursátil—. Dicen también que los depósitos bancarios no han caído, pero ocultan que esto ocurre porque las AFJP están obligadas, por ley, a mantener en los bancos una parte de los aportes que reciben mes a mes. ¡Pero las AFJP ya perdieron toda la rentabilidad acumulada en los últimos cuatro años! Toda esta ‘fortaleza bancaria’ no ha impedido que, en los propios medios financieros, se especule con el hundimiento más o menos inminente de algunos de los mayores bancos del llamado ‘segundo escalón’, tales como el Mayo o el Bansud.

Ante la expectativas de una recesión aguda, de un colapso del Mercosur, de una crisis financiera de envergadura o del derrumbe de algunos grandes bancos, las denuncias que involucran directamente a Menem en el escándalo de las armas son un instrumento político adicional en manos de los grandes capitalistas para asegurarse que el riojano siga la política que éstos le dictan. En este punto, Chacho Alvarez, Fernández Meijide o De la Rúa no son otra cosa que ‘chirolitas’ de los grandes capitalistas.

El espectáculo de una ‘oposición’ que presume de ‘ética’ mientras trata de salvar —a cuenta del gran capital— a un gobierno mafioso en demolición es toda una advertencia para la clase obrera y sus organizaciones, en especial para la CTA, que se ha convertido en la ‘pata social’ de la Alianza. Para el movimiento obrero, la conclusión práctica de esta crisis política debe ser que sus organizaciones rompan con la Alianza, es decir con los ‘chirolitas’ de La Nación, de Mariano Grondona y de los grandes capitalistas.