Medir contaminación no es una práctica habitual de las autoridades ambientales. Desde que asumió la Alianza a fines de 1999, el Instituto Nacional del Agua (ex INCyTH) pasó de la esfera de la autoridad ambiental de la Nación a depender de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura e Inversión Pública. Por lo tanto, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dejó de medir calidad de agua porque carece de laboratorios y técnicos especializados: todos fueron trasladados al Ministerio. El INA tiene buenos equipos de laboratorio pero cobra por sus servicios a las demás dependencias del Estado. Además, maneja sus datos (muestreos de contaminación) en el marco de la confidencialidad con el solicitante.

Las estadísticas no sólo son un misterio en el Indec, tampoco es posible obtener información ambiental. Las mediciones de calidad ambiental en aire y agua son realizadas en forma errática por universidades, autoridades provinciales y, ocasionalmente, por la Nación. Pero no toman estado público.

Las bases de datos de emisiones de las industrias se realizan sobre la base de declaraciones juradas y tienen carácter confidencial. Además son inconsistentes, lo que impide el desarrollo de cualquier investigación y la consecuente toma de medidas de gestión.

Como coletazo de la insurrección del 2001, durante el gobierno de Duhalde se sancionaron cinco leyes de “presupuestos mínimos de calidad ambiental” para dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional. Ninguna de ellas fue reglamentada. Por lo tanto, se convirtieron en una mera declaración de principios.

En particular, la Ley Nacional 25.688 de Aguas se encuentra bajo un pedido de inconstitucionalidad que lleva la provincia de Mendoza contra el Estado nacional.

Nuestro país es uno de los pocos que no cobra a las industrias ni el gasto de agua ni el vuelco de efluentes contaminantes a las colectoras o cuerpos de agua. Esto lo hace muy apreciado por las inversiones extranjeras, en particular porque hay terrenos con abundante agua sin ningún costo. Por este motivo existe un auge de inversiones industriales desde Brasil. En ese país, en 1991 se comenzó a cobrar el agua con la implementación de los comités de cuenca existentes en el Estado de San Pablo. Su administración está basada en los aportes de los grandes usuarios.

En síntesis, la política ambiental argentina se basa en que cada establecimiento privado explote su entorno según sus necesidades. El único límite lo pone la protesta de la comunidad. Es decir, el control ambiental queda librado a la vigilancia de los vecinos, inclusive haciendo sus propios estudios epidemiológicos.