El asesinato de José Luis Cabezas en la madrugada del 25 de enero de 1997 en las afueras de Pinamar produjo una enorme conmoción popular.

 

El homicidio cometido por una banda de barrabravas y policías bonaerenses al servicio del empresario Alfredo Yabrán, fue un crimen de Estado.

 

Por un lado, por la intervención de todo un sector de la cúpula de la “maldita policía” en el hecho, con la participación de los comisarios de Valeria del Mar y Pinamar en la ejecución del plan criminal y en el ocultamiento de pruebas posterior.

 

Por el otro, porque Yabrán era el nódulo del andamiaje de “negocios” montado por la camarilla menemista en el manejo del presupuesto estatal (una especie de Lázaro Báez del kirchnerismo, o de Angelo Calcaterra y Nicolás Caputo, del macrismo).

 

El crimen puso al desnudo una feroz pelea entre el ex presidente Carlos Menem y el entonces gobernador Eduardo Duhalde, como resultado de la crisis desatada por el intento del gobierno de ir por una segunda reelección del riojano en desmedro de una candidatura presidencial de Duhalde. El trasfondo de esta crisis escondía el agotamiento del régimen de convertibilidad de Domingo Cavallo, el principio de la división de la burguesía y el surgimiento del Frepaso como una alternativa patronal al menemismo.

 

Duhalde llegó a declarar que “le habían tirado un muerto”, en relación a su paso diario por la cava de Pinamar en donde mataron a José Luis.

 

En forma similar a lo sucedido con el asesinato de Mariano Ferreyra, el atentado contra Cabezas produjo una convulsión en el país. La resistencia al menemismo ya había tenido expresión en levantamientos populares en el interior del país.

 

Ahora le llegaba el turno al centro del poder político, en impresionantes movilizaciones en la Capital y también en Pinamar, lugar del crimen, donde se concentraban en el verano los dueños del poder político y económico del país.

Las multitudinarias movilizaciones y la investigación periodística hicieron emerger la relación indisoluble de Yabrán no solo con el peronismo, sino también con sectores de la UCR. El menemismo quedó herido de muerte con el asesinato de Cabezas y perdió las dos elecciones posteriores.

 

Desde un primer momento, la investigación del crimen quedó entrelazada con la puja entre Menem y Duhalde. Este último, maniobró a su antojo a la justicia para dejar afuera de la investigación a la estructura mafiosa de la Bonaerense y al aparato punteril del PJ provincial, colocando el homicidio como un problema de una banda mafiosa sin vinculación con el aparato del Estado. Menem, a su vez, activó para que Yabrán no fuese incriminado.

 

Como resultado de toda esta intervención, el juicio desarrollado cuatro años después fue una estafa que presagiaba las “libertades condicionales” y “libertad a secas” que les fueron otorgadas a los diez condenados.

 

Eran tiempos de la Alianza, el acuerdo electoral entre la UCR y el Frepaso, que se anunciaba como el del fin de la impunidad. El resultado grotesco del juicio, preanunciaba “la Banelco”, el Cavallo Bis, el 19 y 20 de diciembre y el “helicóptero”.

 

Para los punteros kirchneristas que se llenan la boca hablando de la impunidad del ex policía Prellezo (ejecutor del crimen), a quien la justicia le otorgara recientemente la libertad, les recordamos que durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, todos los detenidos fueron siendo liberados.

 

Los K siguieron el derrotero del menemismo con la utilización de patotas y barrabravas para las represiones “ por izquierda” (Hospital Francés, Mariano Ferreyra, patotas de la Uocra en Santa Cruz, etc. etc.). El método de las patotas es inherente a la descomposición del régimen capitalista.

 

A 20 años de su asesinato, ¡José Luis Cabezas, Presente!