El problema habitacional tiende a profundizarse con la suba de los alquileres de manera alarmante. Los salarios van muy por detrás de la inflación y por lo tanto de los aumentos anuales de los alquileres, que se actualizan por encima del 120% anual.

La discusión sobre cambios en la nueva Ley de Alquileres plantea condiciones aún más desfavorables para los inquilinos, por lo que se han desarrollado movilizaciones de grupos de inquilinos al Congreso el día que se trataron modificaciones. En Córdoba hubo reuniones y crece la preocupación de familias que no cuentan con la vivienda propia.

La situación económica de las familias trabajadoras hace casi inviable pagar un alquiler y a la vez pagar un plan de vivienda. Para peor, el costo del metro cuadrado también va en aumento, de acuerdo al Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC- Cba) en agosto el metro cuadrado tuvo un valor de $199.845,6. Esto representa un aumento del 124,08% inter anual sin tener en cuenta el costo de la tierra, otro elemento clave al que ningún gobierno esta dando una respuesta.

En este cuadro, el gobierno nacional saco un (RUS) Registro Único de Solicitantes de Lotes urbanos y rurales, que no implica una asignación directa. Así las cosas, el mencionado anuncio de campaña se completa con la promesa de 1.000 lotes con servicios. Si esto fuera cierto estaría por debajo de las necesidades de las familias impedidas del derecho a la tierra y la vivienda.

Las medidas del gobierno provincial tampoco significan una salida al déficit habitacional. Cabe recordar que diputados del PJ provincial en el Congreso de la Nación votaron retornar a los contratos de dos años y que las actualizaciones se hagan de cuatro meses en adelante lo que, teniendo en cuenta el proceso inflacionario, empeora la dramática situación de quienes alquilan.

Una acción independiente por la tierra y la vivienda

El Polo Obrero relanzó un empadronamiento para impulsar el reclamo por tierra y vivienda como un primer paso para el desarrollo de la lucha.

Una salida para las familias sin el derecho a la casa propia requiere de la puesta en marcha de un plan de viviendas financiado por el Estado a tasas cero, para que todo trabajador pueda pagar su vivienda sin que sea una confiscación de los salarios, como lo fueron los créditos UVA. Además, es necesario un Banco de Tierras que pueda concentrar toda la superficie ociosa para disponerlas a la construcción de de viviendas populares que vendría a crear puestos de trabajo para miles y miles de trabajadores.

Tomando en cuenta que la crisis económica agudiza el problema habitacional, es necesario poner en marcha un frente único de familias y organizaciones que fortalezcan un planteo general de la vivienda. La tierra y la vivienda tienen que ser para las familias trabajadoras, no para los especuladores.

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