La trama de impunidad estatal sobre la horrorosa historia de abusos sexuales cometidos en el Instituto Próvolo sobre chicos hipoacúsicos parece no tener fin. 

En una sesión exprés y plagada de irregularidades, los concejales que responden al intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, junto con Javier Pellegrini (PJ) y Rubén Lázaro (Protectora) aprobaron la compra fraudulenta del Próvolo de Mendoza. El Concejal del FIT-PO, Nicolás Córdoba votó en contra de éste fraude, al igual que una concejal del PJ. 

¿Por qué decimos que esta compra es fraudulenta? 

Se acaba de autorizar alegremente la compra del inmueble por el cual la municipalidad desembolsará 153 millones de pesos, que en realidad serán muchos más, pues se pagarán en cuotas dolarizadas a la fundación del horror que argumenta estar en crisis de fondos. 

Con ésta compra se comprometen claramente las indemnizaciones a las víctimas, como también al personal que inició juicios laborales contra el Instituto, ya que el contrato prevé formar un fideicomiso a los fines de enfrentar las costas de los juicios. Esto es el Estado respondiendo, y no el Vaticano, frente a las más de 27 denuncias de violaciones y abusos cometidos por los curas y el personal civil del Próvolo.

Además la compra implicará una obstrucción en la investigación, ya que al trasladar las oficinas municipales al edificio se puede adulterar el material probatorio en un juicio penal que aún no termina y que recientemente desató una investigación en la sede del Próvolo en La Plata, también por abusos. 

¿Por qué un municipio –entre los más afectados en el plan de recortes y ajustes del gobierno– tiene que comprometer sus arcas rescatando una institución del Vaticano que llevaba décadas cometiendo atroces delitos sexuales sobre niños hipoacúsicos, además sostenida durante todo ese tiempo por el propio Estado? La única respuesta De Marchi (PRO) parece querer hacer buena letra en vistas al 2019 con la Iglesia. 

Arzobispo Bochatey, ¿´comisario apostólico´ o agente inmobiliario? 

El gestor de ésta nefasta transacción fue el arzobispo Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, quien fuera enviado por el Vaticano a Mendoza en julio del 2017 como “comisario apostólico” para seguir la investigación interna de los casos de abusos. Terminó haciendo de agente inmobiliario a los fines de vaciar el patrimonio de la Fundación “Orden de San José” y continuar con el encubrimiento a los abusadores. 

En síntesis, el problema de fondo a atender es la separación de la Iglesia del Estado, la expropiación del instituto sin ningún tipo de indemnización, establecer un sistema educativo único, estatal y laico. Durante mi mandato como diputada nacional presenté un proyecto de ley por la expropiación del Próvolo sin indemnización y la investigación estatal de los antecedentes de todos los curas y sacerdotes a cargo de menores en el país.

Luego de que la sociedad profundizara el debate por la legalización del aborto gracias a la fuerza del movimiento de mujeres en nuestro país, cobró impulso la campaña por la separación de la Iglesia del Estado, y el pañuelo naranja acompaña ahora el verde. La exigencia se hace sentir en las tomas de colegios y facultades. El intendente De Marchi va a contramano de este sentir. 

El 18 de setiembre vamos todos a la jornada nacional por la Separación de la Iglesia del Estado, en todas las catedrales del país. En Mendoza, el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero convoca a concentrarse frente a la Iglesia Santiago Apóstol.

Vamos por la expropiación sin indemnización del Próvolo y por la construcción de un instituto estatal para personas hipoacúsicas. ¡Basta de sostener a curas pedófilos! 

La corruptela los envuelve a todos, los de ayer y hoy, y la que siempre estuvo: la Iglesia.