Finalmente, la Legislatura aprobó la elección de las comunas porteñas para junio de 2011. En ello, coincidieron los tres bloques políticos principales, el de Macri, el de Kirchner y el de Carrió. Los movimientos que impulsan la constitución de comunas en la Ciudad reclamaban elecciones inmediatas o durante el año viene. De ese modo, aspiraban a que las juntas comunales se votaran con independencia de los restantes comicios.

En cambio, la elección va a coincidir –o resultará muy cercana– a la de jefe de Gobierno, y estará condicionada por los aparatos políticos que deciden los comicios distritales o nacionales.

La cuestión de las comunas estaba fuera de la agenda legislativa. La convocatoria a elecciones salió por imposición de un fallo del Tribunal Superior de Justicia. De todos modos, no es la primera vez que una ley fija fecha a los comicios de comunas, para luego desconocerla. Ya ocurrió bajo el gobierno de Ibarra. Ahora, no es un secreto que Macri quiere cambiar la ley de comunas para reducir drásticamente al número de sus integrantes. En ese caso, quedarían reducidas a una mera oficina del gobierno central, al estilo de los actuales “centros de gestión”. El tiempo ganado hasta 2011 podría ser aprovechado por Macri para imponer esa reforma.

Los partidos patronales sólo conciben al régimen de comunas como una extensión de su aparato burocrático y de punteros. El propio sistema comunal que ellos instituyeron no prevé ninguna instancia asamblearia ni la posibilidad de revocatoria para los miembros de las juntas. Tampoco admite la participación política de quienes trabajan en las escuelas u hospitales del barrio, ni la de sus delegados.

En los diez años que gobernó la Ciudad, el progresismo fracasó ostensiblemente en la descentralización comunal. Los campeones de la “democracia participativa” postergaron las elecciones de comunas a la espera de armar un aparato punteril que, entre el Argentinazo y Cromañón, nunca lograron consolidar.

En ese mismo período, se produjo la única experiencia de deliberación a la escala de los barrios, las asambleas populares. Pero éstas surgieron luchando contra los De la Rúa, los Ibarra o Duhalde.

Muchos de los integrantes del movimiento procomunas participaron de las asambleas y esperan que la puesta en marcha de las juntas comunales pueda reeditar un principio de intervención popular en los barrios.

A la luz de ello, la nueva frustración de la Legislatura debería dejarnos una clara lección. Los partidos del régimen sólo construirán comunas a la medida de los intereses sociales que defienden. Quieren una réplica de la Legislatura que, a su vez, iguala al corrupto “concejo deliberante” que pretendía superar. Si no queremos comunas de punteros, tenemos que luchar contra los viejos y nuevos agentes políticos del capital inmobiliario y la patria contratista, e impulsar en la Ciudad una nueva perspectiva política, junto a los trabajadores.