El Indec acaba de publicar su informe mensual de la inflación, informando una suba de precios del 4,1% para el mes de abril y un acumulado de 17,6% en los cuatro primeros meses del año. Lejos del 29% anual que proyecta el gobierno, se impone una tendencia alcista y de ajuste, que golpea a los trabajadores.

Con las cifras actuales, la inflación debería mantenerse en un “improbable” 1,2% mensual, durante los próximos 8 meses, para cumplir con la meta del gobierno, lo que da cuenta que el “acuerdo de precios y salarios” es solo una pantalla para anclar las paritarias y perjudicar a los trabajadores.

Esta meta se complica aún más cuando los tarifazos de los últimos días impacten en las cifras en los meses posteriores.

Fuentes privadas calculan que los salarios no han dejado de perder en los últimos cuatro años. Se estima que hasta el mes de marzo los trabajadores informales sufrieron de una caída del 24,5% de su poder adquisitivo real, los trabajadores del sector público un 21,6%y los privados un 16% (Clarín, 13/5).

Entre los aumentos más significativos se anotaron indumentaria (6%), el transporte (5,7%) y los alimentos (4,3%). Y dentro del sensible rubro de alimentos se destacaron: leche, productos lácteos y huevos; aceites, grasas y manteca; café, té, yerba y cacao; pan y cereales; y carnes y derivados.

Una política antiobrera

El gobierno se ufana de sus medidas para “combatir la inflación” aunque estas no produzcan ningún resultado favorable.

La paz cambiaria obtenida gracias al ingreso de dólares por las exportaciones agrarias, la menor emisión y el “congelamiento” de las tarifas no le han resultado suficientes.

Resulta que la suba de los precios internacionales de la soja, el maíz y el trigo también impacta en los precios locales, y particularmente en los alimentos. Lo mismo ocurre con los aumentos de las naftas, que se trasladan a toda la cadena de precios.

La reducción de la emisión fue a costa del sacrificio de los programas de asistencia económica por la pandemia, agravando aún más las condiciones de vida de millones de personas. Pero tampoco esto está asegurado ya que los subsidios millonarios a las patronales energéticas y de distribución eléctrica también se financian con la misma emisión, deviniendo en inflación: la receta cristinista para “evitar” las subas en las tarifas de servicios esenciales.

Los programas Precios Cuidados y Precios Máximos no solo son insuficientes y limitados, sino que son evadidos por las patronales de la alimentación, con distintos mecanismos. Esto llevó a que el gobierno intentará un acuerdo de una canasta de unos contados productos, sugeridos por las empresas, donde “sí” se respetaran los precios.

Los controles de precios en las góndolas y la solicitud de informes a las patronales son solo medidas de propaganda, con nulo resultado o efecto en los precios.

En el mientras tanto, la burocracia sindical viene cerrando paritarias con una media del 30-35%, celebrándolas como una conquista ante la inflación. Se trata de la otra cara de la política oficial, que deja correr la disparada de precios, producida por su política económica de sometimiento al FMI, pero asfixia los salarios para garantizarlas condiciones y los recursos de la entrega ante el capital financiero.

Es necesaria la intervención de toda la cadena de precios, con la apertura de los libros de las empresas, bajo control de los trabajadores, y la nacionalización del comercio exterior, para evitar que los precios internacionales se trasladen a nuestros bolsillos. Esto debe ir de la mano de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, con paritarias sin techo, cláusulas gatillo y un seguro al desocupado de $40.000.

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