Políticas
3/4/2025
Con casi medio millón de aportantes menos, el gobierno y los capitalistas vacían la caja jubilatoria
Es lo que cayó en un año la cantidad de trabajadores que aporta a la seguridad social.
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Trabajo informal.
Un reciente informe echa luz sobre la caída del trabajo registrado y los aportes a la seguridad social bajo el gobierno de Javier Milei, con un abrupto desplome de 449.203 trabajadores que dejaron de registrar aportes en noviembre del 2024, respecto a un año atrás. Estamos ante otro indicador de la crisis económica y de empleo y del crecimiento del trabajo precarizado que expone y vulnera aún más una seguridad social acechada por el ajuste.
Los datos se desprenden de lo informado por la Subsecretaría de Seguridad Social, dando cuenta de la caída de los aportes tanto de los trabajadores en relación de dependencia (públicos y privados) como autónomos y monotributistas, con una leve mejoría en la registración de trabajadoras de casas particulares.
Esta situación pone de manifiesto el ataque del gobierno al empleo, por medio de decenas de miles de despidos en el sector público –política que se replica en todos los estamentos del Estado- y un ajuste que habilita despidos y precarización en el sector privado, con una reforma laboral antiobrera de por medio y la promoción el trabajo precarizado y no registrado.
Según los datos expuestos, en noviembre de 2024 se registró un total de 12.648.423 aportantes contra 13.097.626 en noviembre 2023, concluyendo en unos 449.203 trabajadores menos (Clarín, 1/4).
En el desglosado de este número tenemos que la caída responde a 85.598 trabajadores menos del sector privado y 85.017 del sector público; 1.605 menos de otros regímenes; 19.609 monotributistas menos y la friolera de 267.856 autónomos caídos. Las trabajadoras de casas particulares, en cambio, sumaron 10.482 nuevas registraciones.
Si tomamos a consideración que la población ocupada asciende a 20 millones de trabajadores y que solo 12,6 millones cuenta con aportes registrados, tenemos que 7,5 millones de personas trabajan en la informalidad: casi el 38% de los trabajadores.
Se trata de un número más que significativo de trabajadores que no cuentan con aportes sociales ni previsionales, cuyas patronales se evaden de sus responsabilidades por diversos mecanismos (informalidad, fraude laboral, etc.), desfinanciando aún más una seguridad social comprometida por el ajuste.
Además, cabe señalar que la política del gobierno siquiera es capaz de garantizar un nuevo puesto de trabajo por cada nuevo jubilado, siendo el fenómeno aún más dramático, con la eliminación de decenas de miles de puestos de trabajo y el favorecimiento de despidos baratos en el sector privado.
El gobierno hizo campaña por la derogación de las moratorias previsionales alegando una supuesta inviabilidad del sistema, cuando es su política la que vacía los ingresos de la Anses, amparando a las patronales negreras.
La reforma laboral antiobrera que el gobierno introdujo con la Ley Bases agrava esta situación, eliminando las indemnizaciones por trabajo no registrado por las patronales, dando rienda libre a la informalidad y el vaciamiento de los institutos de los trabajadores.
Estamos ante un gobierno rabiosamente antiobrero, cuya política implica satisfacer los intereses capitalistas a costa del trabajo y los derechos laborales. Derrotémoslo con la organización y acción popular, con la movilización del miércoles 9 y el paro del jueves 10 por delante.
