General Motors acaba de cerrar su planta dejando en la calle a 250 traba­jadores, El operativo fue ejecutado en complicidad con la burocracia del Smata y provocó la fingida sorpresa del gobernador De la Sota (había hecho de la radicación de la planta una de sus ban­deras electorales). Casi en paralelo, los datos preliminares de la Encuesta so­bre Desocupación del Indec revelaron una nueva caída del empleo en Córdo­ba (1%) en el período junio/agosto, que corresponde prácticamente por entero a la gestión del gobernador “del em­pleo”. De mayo del ‘98 a mayo del co­rriente año, la desocupación en el Gran Córdoba creció del 12,5 al 14,2% y el grueso de este salto correspondió a los despidos (retiros forzosos, en muchos casos) en la industria automotriz y de autopartes.

Fiat, que anunció la producción del Duna y el Uno en la planta de Córdo­ba a costa del cierre de Diasa en Berazategui, acaba de informar el levan­tamiento de su planta de motores die­sel, derivándolos a Perkins, provocan­do 234 despidos. Aunque a estos com­pañeros “se les ofrecería la posibi­lidad de ingresar a trabajar como dependientes de Perkins SA” (La Voz, 16/7) sería con otro salario y otras condiciones de trabajo. De todos mo­dos y según los compañeros de plan­ta, éste sería sólo el inicio de un plan que también lleva­ría a la ‘tercerización’ de ensambla­je y pintura.

Fiat, Perkins, Ge­neral Motors: las patronales están utilizando la crisis como un arma con­tra los trabajadores, principalmente para imponer la fle­xibilidad laboral y la rebaja de sala­rios, apelando a con­tratistas que, en la mayor parte de los casos, esconden a la propia gran patronal.

Pero según un asesor de empre­sas: “el crack en Córdoba se no­tará especialmente en los próxi­mos meses, cuando termine el Plan Canje, ya que además de la caída de las ventas a Brasil, nues­tro principal cliente, comenzará el efecto dominó en el ámbito mundial” (La Voz, 4/7). En un acta firmada en la Secretaría de Industria, las terminales (Adefa) “se compro­metieron a no despedir personal comprendido en los convenios la­borales suscriptos con la UOM y el Smata ni a modificar las actua­les condiciones laborales (sólo) hasta el 31 de enero”. Pero el com­promiso “no incluye la posible sus­pensión temporaria de personal”. Es decir, la crisis, en el marco del go­bierno capitalista de De la Sota, no tiene fondo.