10/08/2020

Con demoras y futuro incierto se paga el tercer IFE en cinco meses de cuarentena

La próxima etapa sería con menos beneficiarios y programas aún difusos.

Este lunes 10 de agosto, comienza el itinerario para el cobro del tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual comenzará con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se extenderá hasta el 21 de septiembre, totalizando unos 8,9 millones de beneficiarios. Cuando el IFE 3 comienza a pagarse ya han pasado casi cinco meses de cuarentena, mientras que al término de su pago ya serán seis meses, en los que, de conjunto, se habrán cobrado unos $30.000 por cada beneficiario: siquiera el monto equivalente a una canasta básica. El otro interrogante que pesa es la continuidad o no del programa, o su trasmutación en otros “proyectos” que bien parecen una despedida de este precario beneficio para millones de personas.

El tercer pago del IFE tuvo que implementarse luego de que el gobierno nacional retrocediera en su objetivo de acotar el mismo solamente a las regiones más afectadas por Covid-19, lo que implicaba un recorte de 5 millones de personas. Rápidamente tuvieron que desandar lo manifestado, cuando las propias medidas de flexibilización de la cuarentena complicaron el mapa de contagios en todo el país y muchas de las provincias tuvieron que retroceder en sus correspondientes reaperturas.

Pasados cinco meses de cuarentena, el gobierno habrá erogado en su totalidad alrededor de $270.000 millones en financiar el programa IFE: unos 2.700 millones de dólares. Se trata de un monto ostensiblemente menor a lo pagado en concepto de deuda en lo que va del 2020, e incluso inferior a lo erogado a los bancos en concepto de intereses por las Leliq –unos $300.000 millones.

Ahora el horizonte próximo del escaso beneficio otorgado por el gobierno parece nublarse. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, viene insistiendo en sus declaraciones que el próximo paso será ir hacia a un abordaje de la pobreza y la desocupación centrado en tres ejes: la implementación del plan Potenciar Trabajo, que se orienta a la creación de unos 300 mil puestos de trabajo precarizado con cooperativistas; la urbanización de los más de 4.000 barrios carenciados que existen en el país y la implementación de una Renta Básica Universal que alcanzaría solo a una parte- se estima que unos 4 millones- de los beneficiarios del IFE, y que de su modalidad poco se sabe. Todas estas erogaciones están condicionados por el acuerdo con los bonistas y por el que se empieza a discutir con el FMI, que plantean un fuerte disminución de las erogaciones del Estado.

De esta manera, el gobierno procederá a aplicar un filtro aún mayor y discrecional, para ampliar la cuantía de los bochazos y rechazados para la percepción del nuevo beneficio. Es lo que algunos medios y organismos han empezado a insinuar en estos días. Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), estima que 2,8 millones de beneficiarios del IFE falsificaron su declaración jurada dando lugar a un “derroche” de recursos, poniendo especial énfasis en la población que no cumplía con el requisito de “hogar unipersonal” –el IFE fue diseñado para bloquear la percepción de más de una persona por familia, lo que debía reducir la cuantía de los destinatarios. Se trata de una operación de cobertura del recorte que se preparan para ejecutar, ya que la estadística utilizada solo esconde el vicio de origen de un programa pensado solo para 3,6 millones de personas, en el cuadro de cientos de miles de nuevos desocupados y un alza en la pobreza y la crisis económica.

La realidad desbordó los precarios cálculos de este gobierno, con 12 millones de solicitantes de los cuales 3 millones fueron descartados. El propio Fernández acaba de mencionar que reciben el IFE «más de un 20% de argentinos que el Estado no registraba y que estaban sobreviviendo no sé en qué condiciones». Las propias cifras de la Anses dan cuenta de que el 52% de la población argentina, de entre 18 y 24 años, accedió al IFE, lo que da cuenta de que uno de cada dos jóvenes, de mínima, se encuentra en la pobreza y sin un trabajo.

Cuando el gobierno estima bajar los beneficiarios a las previsiones originales (cerca de 4 millones), deberá ser por medio de una condena a la miseria a 5 millones de personas, más las que ya habían quedado afuera del beneficio y quienes perdieron el trabajo en estos meses de pandemia y ajuste. Respecto a la obra pública y los “programas de trabajo” habrá que ver aún su viabilidad, donde el gobierno ya ha demostrado su fracaso, ahora agravado por los términos gravosos del acuerdo con los acreedores de la deuda externa. Siquiera aún han actualizado los $8.500 que perciben más de 500.000 beneficiarios de los programas sociales, y el programa de reformas edilicias en las escuelas no ha pasado de un rudimentario esfuerzo por encubrir la crisis edilicia que denuncian los docentes y auxiliares en todo el país.

La salida obrera y popular a este cuadro de agravamiento es la lucha por un seguro al desocupado de $30.000, afectando los recursos de los grandes capitalistas y sus fortunas, por medio de un impuesto que grave las mismas, como el que presentó el Frente de Izquierda en el Congreso. También se vuelve imprescindible el rechazo al acuerdo del gobierno con los bonistas privados, ningún pacto con el FMI y el no pago de la deuda externa, para aplicar nuestros recursos a la satisfacción de las necesidades populares y a la creación de puestos de trabajo bajo convenio y con un salario equivalente a la canasta familiar.