Los índices oficiales volvieron a poner de manifiesto quiénes están pagando la crisis, con la publicación de los datos de la inflación para el mes de enero en un 6% de aumento mensual, volviendo a dispararse respecto a la medición de diciembre. Trastabilla el discurso del gobierno que prometió bajar la inflación, debido a las políticas aplicadas para defender el acuerdo ruinoso con el FMI, resultando en un nuevo golpe contra los trabajadores.

Se trata de los datos del Índice de Precios al Consumidor del Indec que también arrojó un aumento interanual de la inflación del 98,8%. Entre los principales rubros se destacan las subas en los alimentos (6,8%); vivienda, servicios esenciales y combustibles (8%); comunicación (8%) y recreación y cultura (9%).

El gobierno se había comprometido a bajar la inflación al 4% para el mes de abril, con el empleo de programas de precios “consensuados”, como Precios Justos; sin embargo, la realidad volvió a demostrar el fracaso de esta política.

Precios a la FMI

La política de “regulación de precios” del gobierno es una cortina de humo de una política hostil contra la clase trabajadora, que busca descargar la crisis sobre sus espaldas y satisfacer las necesidades de capital financiero y el FMI. Las patronales a “acceden” al programa ante la promesa de poder hacerse de dólares oficiales para importar.

Liberación de tarifas y aumentos de precios oficiales son la línea esbozada por Alberto Fernández y Sergio Massa para cumplir con las metas del FMI, algo que se expresa en saltos en los precios de los servicios esenciales (gas, luz, agua), impactando en toda la cadena de valor de productoras y distribuidoras; saltos en los combustibles (con igual consecuencias); subas en la medicina prepaga; elevadas tasas de interés; etc.

Uno de los últimos registros que complica la inflación es la disparada de los precios de la carne, donde las consultoras privadas calculan diferencias del 27,3% entre enero y febrero (Fundación Mediterránea), y se prevé subas que podrían alcanzar el 40% debido a lo que productores y comercializadores consideran un retraso en los precios durante 2022.

Programas “accesorios” y sin incidencia

El gobierno viene de renovar el programa de Precios Justos, con aumentos máximos mensuales de hasta 3,2% por mes, pero sin incidencia general verificable en el mediano plazo: las patronales de la alimentación y bienes de consumo masivo que se avienen al programa para acceder a beneficios oficiales pero no garantizan stock de productos y burlan los acuerdos con productos “similares” no listados.

Ahora el gobierno se apresta a un nuevo programa de descuentos sobre siete cortes de carne (asado, nalga, matambre, vacío, falda, paleta y tapa de asado), con supuestas rebajas de hasta el 35% en supermercados y menores en comercios de barrios para clientes bancarizados. Como todo, deberá pasar la prueba de la escasa oferta, la falta de stock y la baja calidad, que hacen de estas políticas un fraude ante la población.

Respecto a las implicancias de un nuevo salto en la inflación, el secretario de Industria José Ignacio de Mendiguren señaló que “la gente compra igual, con precios que no debería convalidar”, responsabilizando a la población del fracaso y la orientación del gobierno ajustador.

La clase trabajadora no puede optar entre “convalidar” precios altos o no comer. Además, la crítica viene por parte de un gobierno que nunca ha pretendido realmente resolver los sobreprecios en la compra de alimentos para asistencia social: una convalidación permanente del saqueo de las patronales, aún teniendo recursos legales para evitarlo. Es el mismo gobierno que recorta las partidas alimentarias para los comedores populares, agravando las necesidades económicas para poder acceder a algo tan esencial como la alimentación.

A su vez, el consumo se viene retrayendo en aquellos rubros cuya demanda se considera “inelástica”, lo que quiere decir que no debería bajar por su carácter de bienes indispensables, como es el caso de los alimentos, y entre ellos las carnes que está en mínimos históricos.

Ante este escenario de crisis, el gobierno y su ministro Massa insisten en una pauta salarial para las paritarias del 2023 del 60%, es decir por debajo de la inflación proyectada, lo que vendría a agravar la situación de millones de trabajadores y sus familias.

Es necesaria una política de intervención de toda la cadena de valor de alimentos y bienes de consumo masivo, bajo control de los trabajadores, junto a una recomposición general de los salarios que permita garantizar el acceso a todos los bienes y servicios necesarios para el bienestar de las familias obreras.

 

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