La actividad industrial volvió a caer en el mes de agosto, en un 1,6%, según fuentes del Ministerio de Economía, en el marco del impacto negativo de las medidas de gobierno para mantener el esquema de ajuste del FMI, entre ellas los límites a las importaciones. Esta caída se retroalimenta con la huelga de inversiones de las patronales, que buscan consolidar un negocio más rentable a costa de las condiciones laborales y el salario.

Este dato surge de un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) y a suscitado una reunión del ministro de Economía Sergio Massa junto a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) para este jueves al mediodía. Aunque esto devela las contradicciones de un gobierno que no puede modificar el esquema pactado con el FMI y que poco tiene que ofrecer.

Se trata del segundo mes consecutivo de caída de la actividad industrial (en julio fue del 1,2%) y aunque desde el oficialismo remarcan con que la medición interanual arroja un 5,8 por arriba del 2021 lo cierto es que la tendencia general es a la baja.

Desde la UIA destacan que 3 de cada 4 empresas presentan dificultades para abastecerse de insumos y que un 70% de las patronales cuenta con “problemas” para hacerse de los dólares oficiales para las importaciones.

Ante esta situación, el 32% de las empresas frenó parte de sus operaciones y otro 46% amenaza con hacerlo. Se trata de medidas que buscan destrabar un reclamo patronal que implica profundizar un beneficio excepcional al cual acceden las patronales importadoras.

Esto se da en el marco de un desdoblamiento cambiario que beneficia a otro sector de los capitalistas: los exportadores, y particularmente al sector sojero.

Otro punto clave de esta caída es la inflación y la retracción del consumo debido al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. El propio Mendiguren –que juega en ambos lados del mostrador- señaló que las patronales aumentaron los precios para cubrirse de “una expectativa (de mayor devaluación) que no se dio”. Ahora apelará a que los capitalistas bajen voluntariamente los precios: algo poco probable.

De todas formas el gobierno nacional está haciendo todo lo posible por dinamitar el consumo y paralizar la economía, profundizando el negocio del endeudamiento con las Leliqs y otras letras, aumentando la tasa de intereses de referencia y aplicando tarifazos en los servicios esenciales y en el transporte.

La reunión de Massa con las patronales es a los fines de arribar a nuevos compromisos en el acceso a dólares oficiales y garantías respecto a eventuales “inversiones”, que tienen como contrapartida el avance contra las condiciones laborales de los trabajadores.

Es lo que ocurre con los trabajadores del neumático, donde la actividad se encuentra disminuida debido a la intransigencia patronal, que a su vez le reclama al Estado una intervención decidida para liquidar el conflicto.

Por otra vía, también discuten el proyecto de ley de blanqueo de capitales, aunque las patronales reclaman que se aplique un dólar MEP y no el oficial, y a pesar de que esto tampoco garantiza el empleo de los fondos en la inversión y un salto en la actividad industrial.

El ajuste del gobierno y el FMI conduce a la vía de la retracción económica y la caída de la actividad, la cual solo promete revertirse bajo el actual régimen sobre la base de una taque a fondo a las condiciones laborales: algo que la burocracia no solo se niega a combatir, sino que acompaña con sendas fotos de apoyo al imperialismo y su programa. Además de pujar por una salida con una mayor devaluación y ajuste antiobrero.