Días atrás, el gobierno nacional volvió a anunciar el lanzamiento del programa “Potenciar Trabajo”, que pretende unificar los dos planes sociales vigentes y otorgarles tareas a sus beneficiarios en el sector de la construcción, la producción de alimentos, textil, reciclado y economía del cuidado.

El monto de los planes sociales al día de hoy es de $8.500; mediante la inclusión de sus beneficiarios al citado programa, pasarían a percibir un salario mínimo vital y móvil ($16.875). Es decir que, en un contexto de inflación galopante y crisis económica y sanitaria, los sectores más vulnerables de la sociedad continuarán percibiendo ingresos de miseria, sin aportes a la seguridad social, sin acceso a una obra social y trabajando en condiciones por fuera de los Convenios Colectivos de Trabajo de las distintas ramas, de manera totalmente precaria. Algo que además va a implicar que los salarios de las actividades involucradas se deprecien, ya que las patronales preferirán, con la intermediación y el subsidio del Estado, contratar estos trabajadores precarizados, sin gastos.

Dentro de las tareas a desarrollar a través de este programa se encuentran las de cuidado, englobando actividades como el cuidado y asistencia de niños, enfermos, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad; las tareas domésticas y el apoyo escolar.

Estas labores se encuentran reguladas en diferentes convenios y normativas. Por ejemplo, las domésticas y de asistencia y cuidado de personas por la ley 26.844, que fuera sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y establece, al día de hoy, un salario mínimo por 48 horas de trabajo semanales de $17.150. Se trata de una norma que se encuentra por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, y mantiene en condiciones de precariedad a una tarea que es realizada en su gran mayoría por mujeres de los sectores más vulnerables de la población. De incluir este tipo de tareas en el programa, se abriría la puerta a que se retroceda aún más en materia de derechos, ya que se llevarían a cabo en la total informalidad y por salarios más miserables que los estipulados legalmente.

Otra puerta que abre es en relación a la asistencia de personas enfermas o con algún tipo de discapacidad. Podría intentar incluirse el servicio de enfermería o diversas tareas del sector salud que hoy pelean por su reconocimiento como profesionales y por convenios que regulen su actividad. Lo mismo sucede con el apoyo escolar, que en gran medida es actualmente realizada por docentes que deben salir a realizar “horas extras”, porque su salario no alcanza a cubrir la canasta básica.

Mientras que las tareas de cuidado dentro del hogar son históricamente invisibilizadas y no remuneradas, la “solución” que proponen tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de la Mujer es la de sobreexplotar a mujeres que se encuentran en condiciones aún más vulnerables, y que deberán cumplir con estas tareas por sumas miserables y en negro.

En contraposición al plan precarizador del gobierno, es preciso que se reconozcan las tareas de cuidado a través de salas de cuidado de calidad para personas mayores y jardines materno-paternales en los lugares de trabajo y estudios, con trabajadoras con salarios iguales a la canasta familiar, jornadas de trabajo legales y bajo condiciones laborales de convenio.

La salida para poner fin a esta explotación y permitir la emancipación de las mujeres es colectiva, y requiere de una reorganización económica y social atada a las necesidades de las explotadas y explotados.