La ley de reforma de las jubilaciones de jueces y miembros del servicio exterior no deroga los privilegios -en todo caso los limita- y en cambio promueve el ataque a todos los regímenes especiales. Es la línea que llevó a Macron a enfrentarse con decenas de gremios en una de las más formidables huelgas de la clase obrera francesa.

En primer lugar, la ley excluye directamente al Presidente y Vicepresidente y miembros de la Corte Suprema que hayan ejercido al menos cuatro años, quienes mantendrán íntegramente los privilegios. Precisamente son excluidas las cabezas de los poderes políticos que vienen hundiendo al país en la entrega, la degradación de las condiciones económicas y sociales y la corrupción de Estado. 

Por el otro extremo, de un plumazo, se excluyó de la continuidad del régimen del Poder Judicial a los prosecretarios, médicos y peritos, quienes “caen” al régimen del resto de sus compañeros judiciales. Antes de eso una acordada de la Corte, a pedido de Bossio excluyó a los jefes de Despacho, la categoría a la que sí llegan los empleados de carrera. Quedan decenas de cargos comprendidos, pero todos de las máximas jerarquías de la Justicia: Corte Suprema, jueces, fiscales y secretarios, procurador, defensor de la Nación, entre otros. La exclusión de los prosecretarios no es casual, es una operación quirúrgica para quebrar la posible carrera judicial de la masa de empleados de la Justicia, que es el último escalón al que una parte de ellos puede acceder tras una vida de trabajo, a veces en el último año. Por ello rechazamos la exclusión de los prosecretarios como parte de un ataque al trabajador judicial de carrera.

Aclaremos que los miles de empleados judiciales no gozan de régimen especial alguno, son parte del régimen jubilatorio general, por lo tanto acaban de ser confiscados con el zarpazo a los haberes de los jubilados que cobran más de la mínima. No hay “enganche” alguno de los trabajadores judiciales.

El régimen llamado vulgarmente de privilegio, pertenece a la casta de los jueces, fiscales y secretarios, funcionariado fundamental de la maquinaria del Estado capitalista. Sus altísimos sueldos, su exención de ganancias, su carácter vitalicio y su jubilación de privilegio responden al precepto de que son la garantía última de un régimen social de explotación de los trabajadores y de la propiedad privada de los medios de producción, así como del monopolio de las fuerzas del aparato represivo y los aparatos de inteligencia a los cuales están íntimamente vinculados, como vemos a diario. Como rebote, los compañeros judiciales no pagan ganancias tras una acordada de la Corte, pero en ellos es justo de toda justicia, porque el salario no es ganancia y así lo hemos defendido en todos los terrenos. La acordada tuvo (tiene) por objeto simular un “enganche” que no es tal y mantener vivo un factor de subordinación de empleados que, entre otras cosas, no tienen paritarias ni convenio colectivo.

Resulta notable que nadie,  sea del poder, del periodismo o de la academia, nadie de nadie, ha puesto el ojo en la ley de privilegio 21540 que ampara a obispos, arzobispos y vicariato castrense, quienes se jubilan por mera ocupación del cargo al momento del cese (75 años). Son financiados por el Estado, algo inaudito, y tienen además un régimen de privilegio. Pues bien, a ellos no se los toca. Por eso el dictamen de minoría presentado por los diputados del FIT ataca los privilegios y plantea el 82% móvil para la masa de empleados judiciales excluyendo a Jueces y jerarcas del Poder Judicial.

Los regímenes especiales de los trabajadores, en la mira

El proyecto de ley de marras vino a acompañar y disimular con demagogia “antiprivilegios” el ataque vertebral a la movilidad de 2,8 millones de jubilados, pero precede a otro: el ataque a los llamados “regímenes especiales” que conquistaron distintos sectores de trabajadores con años de lucha del movimiento obrero. La ley dice textualmente que persigue “el fin de reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto”.

Las negritas del párrafo anterior son nuestras. Es que en los llamados regímenes especiales revistan centenares de miles de trabajadores que han llegado a ellos por grandes luchas obreras y sindicales. Por ejemplo de salas de enfermedades infectocontagiosas, radioscopia, entre otros en la salud. Cámaras de frío, sectores ferroviarios, mineros, de hornos de acero, de aviación, de forja y fragua, del vidrio y plantas de combustibles, de sectores petroleros, de pesca y portuarios, industria de la carne, luz y fuerza, construcción, todos fundamentados en su insalubridad, riesgo y consecuencias físicas. Otros por dedicación y desgaste físico y psicológico como docentes universitarios. Pero, en general, todos estos regímenes tienen aportes especiales. Los docentes universitarios logran la jubilación del 82% con 25 años de aportes a los 65 de edad en 2007, como consecuencia de la gran huelga general de 2005 en la que arrancan aumentos importantes y blanqueo salarial.

Los docentes y estatales de distintas provincias (13 en total), como los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, tienen una variedad de regímenes que podrían llamarse especiales, aunque vienen siendo sistemáticamente atacados por los gobernadores para “armonizarlos” con el régimen general de la Anses, lo que en buen criollo significa arrojarlos a las generales de la ley de los demás trabajadores que hoy se jubilan con el 45/55% promedio del haber que vienen percibiendo debido a los cálculos amañados sobre los aportes de los últimos diez años.

No al mamarracho que mantiene los privilegios de los jueces, sí al 82% móvil para todos los empleados judiciales de carrera

El FMI viene por los regímenes especiales, los acreedores privados vienen por ellos, el régimen capitalista argentino viene por ellos, como en Francia y en el mundo vienen por la destrucción sistemática del conjunto de las conquistas jubilatorias. Por eso denunciamos el propósito de esta falsa ley contra los privilegios, aunque los limita en torno a la tasa de sustitución (se jubilarían con los promedios de los últimos diez años y no con el último sueldo), se aumenta la edad a 65, se aumenta el aporte personal un 7% más y se requieren más años de juez o miembro del servicio diplomático que antes.

Basada en estas restricciones, la Corte Suprema y la corporación de jueces ha iniciado una escalada que apunta a la inconstitucionalidad de la norma si sale. Por otro lado, tienen para negociar nada menos que el poder de declarar inconstitucional la movilidad por decreto que afecta un derecho adquirido, por lo que millones de jubilados pueden ser la prenda de negociación.

Pero, esencialmente, mantiene un régimen de privilegio que no tiene además -dato fundamental-, el tope de las jubilaciones ordinarias que es de 103.000 pesos para todos los jubilados ordinarios en la Argentina. Los jueces ganan el doble, el triple y hasta siete veces más que ese tope en el caso de jueces de la Corte. El mamarracho de reforma lleva implícito también el concepto de la “jubilación complementaria”, mediante aportes superiores que permitan que una capa de la sociedad tenga jubilación y la masa de trabajadores se conforme con una pensión asistencial de la tercera edad, naturalmente miserable. Esta es la orientación de fondo de la burguesía en todo el mundo, con la variante de que las cajas complementarias pueden ser privadas también.

El Partido Obrero reforzará su campaña política en defensa de la movilidad y del 82% para todos los jubilados. En ese camino Romina Del Plá presentó el proyecto acompañado por Nicolás Del Caño por el 82% móvil para los empleados judiciales, como parte de la clase trabajadora y no como apéndices de los privilegios de los jueces. Vamos por la reposición de los aportes patronales rebajados. Defenderemos a capa y espada a todos los trabajadores que han conquistado aproximaciones a esta conquista histórica que tiene que ser punto de apoyo para luchar por la reorganización de la sociedad sobre nuevas bases, bajo la batuta de los trabajadores.