Políticas

27/12/2023

Con la “tasa Kicillof”, Milei quiere que le paguemos al fondo buitre Buford por el juicio trucho de YPF

Queda claro que las prebendas tributarias que prometía no eran para los laburantes.

Javier Milei.

Javier Milei afirmó en una entrevista que va a pagar el escandaloso fallo buitre que condena al Estado argentino a transferir 16.000 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital, tras el litigio en New York referido al proceso de expropiación de las acciones de YPF, y cuyo primer vencimiento fue fijado para el 10 de enero. El presidente de la nación contestó que planea crear una “tasa Kicillof” para que lo paguemos todos los argentinos.

A la misma clase trabajadora a la que Milei prometió eliminarle los impuestos, la castiga con nuevos impuestazos, a los que se suman la reposición de Ganancias. Queda claro que las prebendas tributarias que tanto agitaba era solo para los capitalistas, los cuales se ven ampliamente beneficiados con el infame DNU y la ley ómnibus que el Ejecutivo enviará al Congreso, puesto que contiene un paquete de desgravaciones y beneficios impositivos para las patronales.

A este nuevo impuesto con el que Milei quiere abrochar a la población dijo que lo llamará “tasa Kicillof”, porque la idea es “que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Así, todos los argentinos recordaremos todos los días esa barbaridad que hizo y vamos a tener que poner dólares para pagar el error de un chico que, con su perspectiva ideológica, perjudicó a 46 millones de argentinos”. Así, nos quiere facturar a los trabajadores el costo de un proceso judicial fraudulento, resultado de la “estatización” trucha que impulsó el kirchnerismo, del cual ahora el imperialismo se vale para favorecer el saqueo de los recursos nacionales.

El fondo litigante Burford compró por unos u$s 15 millones al grupo Petersen de la familia Eskenazi, viejos socios del kirchnerismo (son dueños del Banco Santa Cruz), los derechos de demandar al país por supuestos perjuicios ocasionados con la expropiación de las acciones de Repsol. El grupo Petersen había ingresado a la petrolera en 2008 a YPF valiéndose de créditos sindicados con bancos del exterior, que fue repagando con el giro de ganancias de la propia YPF; un fraude que fue adornado con el entonces relato oficial K sobre la “argentinización” de compañía.

Por este mecanismo el grupo empresario fue socio menor de Repsol en el vaciamiento de YPF, que se manifestaba en una gran caída de la producción, la inversión y las reservas de hidrocarburos. Esto gracias a que el Estado les permitió girar dividendos al extranjero por encima de lo permitido, a costa de vaciar la empresa y el pago de la deuda que estos habían adquirido. El mecanismo se cortó cuando Petersen no pudo sacar más utilidades y fue a la quiebra.

En el momento de la expropiación el gobierno de Cristina Kirchner, a pesar que su entonces ministro Kicillof agitaba que no iban a pagar, finalmente le otorgaron a Repsol una indemnización usuraria, lo cual implicó que el Estado argentino se endeude por 6.000 millones de dólares.

Esta política no fue para recuperar la soberanía sobre YPF, como presentaba el kirchnerismo, sino para asociarse e impulsar la explotación de Vaca Muerta con empresas multinacionales, empezando por la yanqui Chevron, con la cual firmaron un convenio secreto con ventajas económicas como la posibilidad de burlar el cepo cambiario. Un negocio vigente hasta hoy. Fue una reprivatización que mantuvo a YPF como una sociedad anónima cotizando en la bolsa de Nueva York, de lo que hoy se vale el tribunal yanqui para esgrimir el fallo contra el país.

El caso de la petrolera nacional verifica que las privatizaciones, que hoy promueve Milei con su DNU, fueron en el pasado una vía libre a los negociados capitalistas a costa del desguace de las empresas, transfiriendo la factura a la nación y los consumidores mediante naftazos, tarifazos, fuga de capitales y ahora también impuestazos.

A su vez, el fallo vuelve a poner de manifiesto la subordinación del régimen político argentino a la legislación y la jurisprudencia imperialista, que avala todas las maniobras fraudulentas del saqueo capitalista. Milei favorece la sangría del país por parte de fondos buitre y quiere que el costo lo pague la población con nuevos impuestazos. Hay que enfrentar esta ofensiva en las calles.