El programa Precios Justos, que tras su lanzamiento aspira alcanzar 2.000 productos esta semana, está destinado al fracaso a juzgar por el resultado que reportaron medidas similares en el pasado. Desde que asumió Alberto Fernández, el poder de compra del salario cayó, al calor de la inflación galopante y las paritarias a la baja.

A Precios Justos lo precedió el congelamiento de precios impuesto por Roberto Feletti en su paso por Comercio Interior, lo que luego pasó a llamarse “precios consensuados”. Pero antes de eso, regía la política de Precios Máximos, impulsada por Paula Español, quien antecedió en el cargo a Feletti. A su vez, ambos ensayaron programas destinados a controlar los precios en los comercios de cercanía como Super Cerca y Canasta de Precios. En paralelo, funcionaron las distintas etapas de Precios Cuidados. Cada una de estas iniciativas se mostró infructuosa a la hora de contener la escalada inflacionaria.

Todos acuerdos de precios arribados con las cámaras empresarias, los cuales no lograron evitar aumento alguno, pero sí fueron utilizados para represar los salarios. Sin ir más lejos, desde enero 2020 hasta septiembre 2022, el salario real cayó 5,8%, según los datos del Indec. Cada regulación estatal en materia de precios ofició de cortina de humo para consagrar paritarias a la baja y horadar el poder de compra de los trabajadores. El gobierno jugó un rol activo en promover acuerdos salariales por debajo de la inflación, incluso apostando por la derrota de las luchas obreras que reclamaban un aumento del salario real, como la del Sutna.

Por un lado, primaron las artimañas patronales para eludir los controles oficiales. A su vez, el gobierno nunca se dispuso a abrir los libros de la cadena comercial en función de evaluar los costos reales. Por el contrario, echó leña al fuego de la inflación ejecutando naftazos y garantizando una salida constante de dólares por el sumidero del pago de la deuda externa, entre otros mecanismos de fuga, lo cual está en la base de la brecha cambiaria que repercute en los precios. Algo que tenderá a agravarse teniendo en cuenta que la merma de reservas está llevando al Banco Central a acelerar el ritmo devaluatorio.

Mención aparte merecen los dichos de Rubinstein -viceministro de Economía- sobre que “Precios Justos no es para eliminar la inflación (…) es solo para bajarla mientras el déficit fiscal baja” (La Nación, 14/11). Como vemos, el funcionario responsabiliza a la emisión monetaria de ser la principal causa de la inflación, con el único objetivo de justificar un ajuste sobre el gasto público. En ese sentido, es necesario recordar que el grueso de la emisión se destina al pago de intereses de Leliqs y pases que están en manos de la banca y a la compra de títulos del Tesoro. Otra evidencia más de que la propia política del gobierno es inflacionaria.

A su turno, la perspectiva de mayor ajuste que proclama Rubinstein, a pedido del FMI, promete erosionar aún más los ingresos de los sectores populares, ya que afectará las partidas asignadas a prestaciones y programas sociales. Las cuales, cabe destacar, hoy en día están siendo licuadas por medio de la inflación.

Entonces, frente a una nueva farsa que busca pisar los salarios, es preciso pelear por una recomposición de los ingresos de la población trabajadora, exigiendo un inicial de $190 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. Paro nacional y plan de lucha ya.