Sábado 27 de septiembre, cuatro de la tarde. El comando entró en la planta que La Serenísima tiene en Longchamps, sobre la avenida Espora. Todo muy limpio: el grupo llegó en varios autos, entre ellos un Alfa Romeo, y se subdividió apenas ingresado en la planta. Eran, según testigos, entre ocho y diez. Una parte de ellos se encargó de llevarse los 300 mil pesos que había en caja, en el sector donde los camioneros pagan la leche retirada. Entretanto, otros anulaban al equipo de vigiladores privados y el resto a los dos policías de la Bonaerense de custodia en el lugar.

Sí, todo muy limpio. Sólo que uno de los ladrones, cuando ya se retiraban, fusiló al sargento Fabián Costosa, de 39 años, con un balazo en la cabeza. En principio, la propia policía trató de armar una versión falsa: Costosa se habría resistido y por eso los ladrones lo balearon. El cuento, ante la cantidad de testimonios, no pudo sostenerse. El sargento recibió el tiro cuando estaba maniatado como los otros. Pero le tiraron a él y a nadie más.

¿Por qué? Imposible por ahora responder con certeza, pero todo indica, por la profesionalidad del grupo, por el tipo de armas empleado (fusiles FAL, pistolas 9 mm), y la serenidad que mostraron en todo momento —incluido el que disparó contra Costosa—, la presencia de un motivo especial para asesinar a ese sargento y dejar ileso al resto. No se trató de un asaltante que perdió el control de sus nervios y se le fue el gatillo. Nada de eso. Con la misma calma que mostraron durante toda la operación, uno de ellos disparó contra el policía y se fue como había llegado.

Esto es: todo indica que el sargento Costosa tuvo la misma mala suerte que el cabo Acosta, de la Federal, cuando reconoció a su ex instructor policial de tiro entre los asaltantes de una sucursal del banco Credicoop y fue fusilado en la calle, sin más.

¿Pobres y desocupados?

Casi al mismo tiempo que ocurría lo de Longchamps, tres camiones cargados con mercaderías cuyo valor se aproximaba a los 100 mil dólares fueron robados por piratas del asfalto en distintos puntos del Gran Buenos Aires, uno de ellos en una aduana privada (los llamados depósitos fiscales) de Avellaneda, para lo cual necesitaron un entregador interno.

Pocas horas después, los camiones fueron encontrados vacíos, también en el GBA. El modus operandi indica que se trató de la misma banda en los tres casos.

Ahora bien, Izquierda Unida, por citar un ejemplo, atribuye la inseguridad, al igual que la derecha, “a la pobreza y a la desocupación” (Vilma Ripoll). Es decir que pobres y desocupados serían los causantes de este estado de cosas. Pero ¿qué haría un “pobre y desocupado” con el contenido de esos camiones? La actuación de piratas del asfalto implica indispensablemente protección policial, porque no es simple andar por la ruta con un armatoste (en este caso, con tres armatostes al mismo tiempo) de 50 toneladas. La logística necesaria para descargar los camiones es compleja, y mucho más aún introducir el producto robado en el circuito comercial. Semejante cantidad de mercaderías no puede venderse en maxiquioscos, sino en supermercados. Ellos las compran, se trata de lógica pura. Si la policía ignorara eso estaría integrada por estúpidos, por fronterizos, cosa difícil de creer.

Además, una nota del periodista Rolando Barbano, en Clarín del 18 de septiembre, referida a la ola de secuestros en el Gran Buenos Aires —entre ellos el del padre del futbolista Leonardo Astrada—, habla de una guerra de mafias en la zona. Por ejemplo, según la nota, habría que buscar por ese lado en el caso de Mirta Fernández, la mujer a quien le cortaron un dedo a modo de “prueba de vida”, cuyo padre, vendedor de autos, “mueve grandes cantidades de dinero por otras actividades”. En todos los casos, operaron comandos armados con fusiles FAL.

Barbano dice: “La investigación está a cargo de la fiscal federal de San Isidro , Rita Molina, quien pidió que sólo trabaje en el caso la división Delitos Complejos de la Policía Federal. Esto indicaría que no descarta la participación de otras fuerzas de seguridad en estos secuestros”.

El mismo diario, en su edición del 28 de septiembre, habla de diversos allanamientos en San Martín, en los cuales nada pudo encontrarse. Pues bien: fiscales de San Martín, añade Clarín (nota de Virginia Messi), tienen la certeza de que la propia policía de la provincia avisó a los allanados para que retiraran pruebas y pusieran pies en polvorosa antes de que les cayera la requisa. Entretanto, también en San Martín una guerra entre bandas, protegidas por distintos sectores de la Bonaerense, ha producido 15 muertos en los últimos meses.

En definitiva, cuando el nuevo secretario de Seguridad de la provincia, Juan José Álvarez, habla de “saturar con policías las calles de la provincia” (Clarín, 28/9), habla de saturarlas con asaltantes, secuestradores, narcotraficantes, piratas del asfalto y otras yerbas por el estilo.

La tercera parte de un millón

Alvarez no desconoce la cuestión. Cuando se lo acusó de haber tenido buenos vínculos con el comisario Sobrado, ex jefe de la Bonaerense procesado por tener en el extranjero una cuenta no declarada de 333.000 dólares (la tercera parte de un millón, con 1.000 dólares sobrantes para una noche de festichola), él lo niega y dice que, cuando tuvo a Sobrado en su jurisdicción, le dijo al jefe de la Departamental de Morón, con quien sí se llevaba bien, que Sobrado trabajaba de manera insatisfactoria. Pero el jefe de esa Departamental era el comisario D’Angelo, jefe de la Bonaerense en tiempos de Aldo Rico, protector junto con su jefe de prostíbulos en San Miguel.

La designación de Alvarez, por otra parte, es producto de un acuerdo putativo de Felipe Solá con Eduardo Duhalde, quien le impuso al nuevo secretario. Solá tuvo que soportarlo porque la Bonaerense ya le había bajado al antecesor de Alvarez, Juan Pablo Cafiero. Por lo demás, mucho no le habrá costado: la policía provincial ya reprimió la semana pasada una marcha piquetera en La Plata, y para matonajes y represión hay pocos con mejor experiencia que el “progresista” Alvarez, como bien saben los desocupados de Hurlingham, quienes debieron aguantar sus patotas policiales y parapoliciales.

Esto sin hablar, por supuesto, del antecedente más conocido de Juan José Álvarez: él fue organizador directo, junto con Duhalde, del asesinato de Kosteki y Santillán en el Puente Pueyrredón; es más, él habló en la tarde de ese 26 de junio para explicar y justificar aquellos crímenes, hasta que la movilización popular aplastó ese discurso y los obligó a irse, a su jefe y a él mismo.

En definitiva, este tipo es buen ladero de Carlos Ruckauf, el de la “mano dura” y el partidario de “meter bala”. Y el Puente Pueyrredón nos deja saber por experiencia propia contra quiénes van esas balas y esa mano dura.

Como dijimos en otra nota, hay una manera de empezar a buscarle solución ya mismo al problema de la inseguridad: asambleas populares, gobiernos comunales, control estricto por parte de la población de los organismos represivos. Así podremos dar comienzo a la desarticulación de las redes mafiosas —policías, intendentes, burguesía comercial compradora de lo robado— que tienen a todo el mundo con el corazón en la boca