El gobierno persiste en un cronograma de tarifazos permanentes en los servicios públicos. A la quita de subsidios que plantea la segmentación, le sucederán las audiencias públicas en diciembre para establecer aumentos en los ítems de distribución y transporte de la factura de luz y gas. Un sinfín de ataques a los ya raídos ingresos de la población trabajadora, en función de complacer al FMI y preservar un esquema energético inviable.

En la factura de diciembre comenzará a impactar la liberación de tarifas fruto de la segmentación, que tiene por objetivo reducir los subsidios energéticos en pos de alcanzar la meta fiscal del Fondo; compensando ese recorte con aumentos en la boleta para los usuarios, sin perjudicar a las empresas que intervienen en los eslabones de la cadena energética.

A eso se le suma que en dicho mes tendrán lugar las audiencias públicas en función de establecer nuevos aumentos para las transportadoras y distribuidoras de gas y luz. Distribuidoras, que, en el caso de la luz, poseen deudas siderales con Cammesa (de $502.000 millones hasta septiembre), que costea el Estado, mientras que la ley de Presupuesto 2023 les concede a un plan de regularización a ocho años para saldar dicha hipoteca. El gobierno del Frente de Todos nos endosa a los trabajadores nuevos aumentos para cuidar las ganancias de estas empresas privatizadas, que se han beneficiado enormemente de los subsidios estatales y las subas de cuatro dígitos bajo el macrismo.

Ahora bien, el gobierno se choca con límites para llevar a fondo esta política, en un cuadro de deterioro salarial generalizado donde la inflación interanual promete llegar al 100% en diciembre. El temor a una reacción popular motivada por un nuevo golpe al bolsillo le quita margen de acción a la hora de consagrar tarifazos en regla como exige el FMI.

Mientras tanto, en los primeros diez meses del año, no ha logrado reducir los subsidios energéticos, los cuales se mantuvieron sin variación, en términos reales, respecto al mismo período del 2021. Entre enero y octubre, entre subsidios destinados a Cammesa (la empresa mayorista de energía eléctrica) y a la oferta mayorista de gas, el Estado devengó $1,3 billones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La erogación de semejantes sumas en materia de subsidios energéticos obedece, por un lado, a que el gobierno reconoce un precio dolarizado del gas en boca de pozo, sin siquiera abrir los libros para verificar los costos reales, y, por otra parte, a haber importado gas y combustible a precios internacionales en alza -la importación en dicho rubro creció un 52,9% interanual en octubre, según los datos del Indec. Lo último es producto del déficit energético que padece el país, el cual responde a la huelga de inversiones en los yacimientos locales y a las demoras en comenzar la construcción del gasoducto.

La posibilidad de una devaluación abrupta, alentada por la crisis de reservas, agravaría aún más el impasse en el que se encuentra el gobierno con respecto a este asunto, ya que, como dijimos, el insumo base de toda la cadena energética está dolarizado. Con lo cual, o se disparan los subsidios, produciendo un choque con el FMI, o las tarifas, atizando el descontento social, lo que podría dar lugar a un levantamiento generalizado como ocurrió en la ola de rebeliones latinoamericanas.

Se trata de régimen inviable de subsidios y tarifazos que pagamos los trabajadores. Por lo tanto, debemos avanzar en la apertura de los libros de toda la cadena energética a fin de evaluar los costos reales, constatar qué hicieron con las transferencias estatales recibidas durante más de dos décadas y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales. Esto, en el camino de nacionalizar bajo control obrero la industria hidrocarburífera y ponerla al servicio del desarrollo nacional y el interés mayoritario. Resulta urgente ganar las calles en defensa del salario frente a los aumentos en puerta.