Primero fue el actor kirchnerista Dady Brieva y luego, aunque se desdijo, le tocó el turno a la candidata a vice jefa porteña del Frente de Todos, la periodista Gisela Marziotta. Ambos, con pocos días de diferencia, propusieron la idea de una “Conadep para periodistas”. Es decir, alguna clase de organismo regulador o fiscalizador de la actividad periodística, de características imprecisas, que tendría la tarea de ponerle límites a sus excesos en la recurrencia a las fake news, la difamación, o la manipulación informativa.

En boca de Brieva, al menos, la propuesta no fue en general, es decir válida para juzgar todo tipo de acciones comunicativas. El actor se refirió particularmente al tratamiento periodístico que han recibido, antes y durante el gobierno de Macri, los funcionarios de las gestiones K, con especial énfasis en la expresidenta Cristina Kirchner. O sea que estaríamos ante una ‘Conadep‘ con responsabilidades muy específicas, indudablemente sesgada.

Es sugestivo que ambos se refirieron a una Conadep para “periodistas” y no para los “medios”, presumiblemente porque eso involucraría a las patronales.

Agigantadas por la campaña, las expresiones de Brieva y Marziotta provocaron la reacción de algunos políticos, medios y periodistas. En algunos casos esto incluyó cierta sobreactuación con fines propagandísticos que no parece proporcional a los peligros reales que representaría para la llamada ‘prensa independiente‘ el posible retorno al poder del kirchnerismo de la mano del magnettista Alberto Fernández.

La posibilidad de un revival del enfrentamiento entre la corpo y los k no se ajusta por ahora a la imagen del candidato del Frente de Todos con su raid mediático de disculpas y arrepentimientos por esa confrontación.

Alberto Fernández ya se encargó, nada más y nada menos que ante un periodista de Tiempo Argentino, de subrayar que la comunicación es un ‘negocio‘. Justo Tiempo, que sobrevive en condiciones muy difíciles como cooperativa luego del desfalco de un empresario K.

Claro que la mercantilización de la comunicación es inevitable bajo las relaciones sociales capitalistas. Pero en boca del candidato más votado en las PASO opera, además, como guiño hacia las patronales de prensa y como advertencia contra cualquier ilusión restitutiva de derechos a partir de un triunfo peronista en octubre.

Los límites al ejercicio del periodismo que sobrevendrían de un retorno k al poder tendrán menos que ver con lo ideológico o con un espíritu revanchista que con la consecuencia inevitable de pretender imponer una salida a la crisis actual de la mano del FMI.

El posible retorno a un enfrentamiento Clarín – FF no está en los planes de unos ni otros. Dependerá del derrotero de las disputas al interior de la clase capitalista por la orientación de esa salida a la crisis.

La propia alusión, literal o metafórica, a la figura de la Conadep alfonsinista, podría advertirnos, incluso, acerca de un blef: integrada por personajes que no habían ejercido ninguna oposición a la dictadura y hasta por encubridores de ella, como Ernesto Sábato, la sobreestimada Comisión Nacional por la Desaparición de las Personas no encarnó ninguna investigación relevante que no hubieran hecho ya los organismos de derechos humanos ni ‘persiguió‘ genocidas, ni expuso en su real dimensión las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y sus cómplices.

Fue un intento de encuadrar en un proceso institucional inocuo para la cadena de mandos militar la lucha popular por cárcel a los culpables.

Aún con todo este contexto la idea de una Conadep para denunciar y/o hasta castigar la conducta de periodistas y medios debe ser rechazada de plano por los trabajadores de prensa.

Esto porque supone un acto intimidatorio per se, una restricción más a las que imponen, abrumadoramente, el régimen de propiedad de los medios, es decir el monopolio de clase que la burguesía ejerce sobre ellos.

De este control social específico sobre la producción de la comunicación y la información derivan la imposición del afán de lucro y los compromisos de los dueños de medios con el poder económico y gubernamental como parámetro clave en la edición de contenidos; la presión de los anunciantes; la regimentación de las redacciones y el estado de penuria generalizada en la que desempeñan su tarea los que ejercen el oficio de informar.

La Conadep fue una creación estatal. Del mismo Estado que, en el pasaje de la dictadura a los gobiernos civiles preservó, intactas, sus estructuras represivas y el aparato normativo y judicial heredado de los milicos.

Su naturaleza encubridora deviene de esa base. Fue la antesala de la “reconciliación nacional”, por la vía de la obediencia debida, el Punto Final y los indultos.

Trasladada al monitoreo de la prensa promete otro intento de estatización de los contenidos, una espada de Damócles que debilitará aún más a los trabajadores de los medios en su correlación de fuerza contra las empresas. O peor, los abroquelara más en torno a ellas.

La Conadep para periodistas, con la elección popular de cuyos integrantes ni sueñan los k, sería, además, otro terreno de chicanas y compromisos entre distintas facciones del capital mediático y en la que a los trabajadores les quedará reservada la condición de patos de la boda.

Las declaraciones de Brieva y Marziotta son en sí mismas intrascendentes. Valen para el análisis en tanto suman a una saga que no es nueva pero que en su versión criolla más reciente remite a “6,78” y la enterrada Ley de Medios, así como a las ilusiones en una comunicación “contra hegemónica” armada en torno a la pauta oficial.

Aportan a una tradición que se alimenta de un enfoque populista de los medios y la comunicación, a los que les atribuye un poder fantástico para socavar procesos populares. Así, los regímenes nacionalistas más recientes no se habrían agotado por el peso de sus contradicciones y limitaciones insalvables sino por las difamaciones mediáticas a sus líderes. Cristina se cansó de decir que los medios habían reemplazado a los militares en la faena de atacar a gobiernos como el suyo.

La estación final de esos enfoques es siempre el Estado capitalista, al que se lo presenta como antagónico al interés privado o al menos como un campo en disputa.

Pero el Estado, por definición, de ningún modo es neutral ni imparcial sino que es la expresión de la ideología de la clase dominante, que se impone mediante una maquinaria coercitiva donde intervienen estructuras como la educación, la religión, la familia, la cultura. Es también a través de la pretensión de ‘neutralidad’ que esa ideología de clase se imprime a la sociedad en su conjunto.

Por supuesto que el contenido de los medios, como cualquier otra producción social, tiene que estar bajo el escrutinio popular. Organizada bajo su forma privada o estatal, es decir mediatizada y usufructuada por esos aparatos, la comunicación de masas busca emanciparse del control democrático y finge atender las demandas de los públicos a través de los hechos consumados.

En la lucha por sus reivindicaciones más apremiantes, los trabajadores de prensa, organizados en sindicatos y asambleas de base, tienen, por este motivo, todo una agenda para desarrollar. Es una tarea de abajo para arriba, en la perspectiva de democratizar la palabra mediante la lucha directa contra los atropellos editoriales, como hicieron los compañeros de La Nación cuando su patronal publicó artículos nefastos como los que defendían la aplicación del 2×1 para los genocidas o la reivindicación de “las niñas madres”, que embellecía la violación. Esa acción vale más que mil Conadep.

Los trabajadores de prensa tenemos que ser protagonistas activos de la lucha por una reapropiación social de los medios de comunicación, sin nuevos aparatos con burocracias permanentes de censores atornillados a un sillón sino con la promoción de la deliberación democrática de los compañeros en el camino de abrirlos a la participación popular.