La aparición de 34 cóndores, dos ovejas, un puma, una cabra y un cordero muertos, en Malargüe, Mendoza, a 3 mil metros de altura y semiquemados conmocionó a la región y al país por la brutalidad del hecho y debido a que el cóndor es una de las especies protegidas, declarada monumento natural provincial por la ley 6.599.

Se presume que los animales fueron envenenados, sustentado en que aparecieron tanto animales salvajes como domésticos muertos; y también por el hecho de que intentaron quemarlos para hacer desaparecer la evidencia. Si bien se están analizando las muestras tomadas, se habla de que podrían haber sido envenenados con un agroquímico, carbofurano, un pesticida neurotóxico utilizado en cultivos de papa, maíz y soja, altamente letal para las aves.

El lugar donde sucedió la matanza pertenece al grupo de inversión anglo-malayo Walbrook, dueño de unas 600 mil hectáreas en la Argentina y que controla, además, la sociedad anónima Nieves de Mendoza, propietaria del complejo de esquí Las Leñas, adquirida en 2003 al grupo IRSA. Dentro de lo proyectado para la zona, el grupo Walbrook anunciaba en ese momento la intención de desarrollar un proyecto  agrícola-ganadero en Malargüe, consistente en cultivo de papa y cría de ganado caprino (cabras), en tierras arrendadas a familias o puesteros que crían ganado. Para evitar la caza de sus animales, es muy común en la zona que rocíen partes de animales muertos o huesos con agroquímicos que se venden libremente para matar al principal depredador de ovejas y cabras, el puma. El peligro que esto conlleva además de la muerte de animales, es la potencial toxicidad para el ser humano por contaminación de cursos de agua.

El uso de agroquímicos está muy difundido en nuestro país, con las consecuencias fatales que tienen su mal uso y abuso en la salud humana. El Estado, que debería controlar y restringir su uso, hace la vista gorda, priorizando los intereses capitalistas por sobre la salud y la vida de la población y de la fauna. Por ejemplo el uso de glifosato por multinacionales para el cultivo de soja, en Formosa, hace estragos hace años en sus comunidades campesinas, desde enfermedades respiratorias y malformaciones hasta muertes por cáncer. Sin embargo, entidades estatales como el SENASA establecen que el glifosato es inocuo, avalando de esta manera la intoxicación masiva de las comunidades norteñas. En este caso, el carbofurano está prohibido en Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos. En nuestro país, su uso está restringido a algunos cultivos frutales pero también es usado en cultivos de tabaco. El gran problema del uso de agroquímicos es que no existe trazabilidad de los productos ni un registro de quiénes compran los mismos. Esta falta de control, tanto estatal como de las empresas que arriendan sus tierras, genera tragedias como la de Mendoza.

Exigimos una investigación sobre lo ocurrido y el reconocimiento y la divulgación por parte del Estado de todas las investigaciones independientes que determinan la toxicidad de los agroquímicos (como el glifosato, investigación que fue desprestigiada y cajoneada), y el cese de la persecución a quienes investigan estas sustancias, para terminar con el amparo estatal a los grandes negociados de las empresas agrícola ganaderas del país.