La Corte Suprema confirmó las condenas a una parte de los responsables de la Masacre de Once de febrero de 2012, cuando la política de vaciamiento y corruptelas alrededor de los ferrocarriles llevó a la muerte de 52 personas.

Previamente, había habido fallos condenatorios por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2015, que determinaron la condena a 21 acusados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo. A ello siguió la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal de mayo de 2018, que confirmó 20 condenas y rebajó la mayoría de las penas, y en octubre de ese año los condenados fueron detenidos.

El rechazo a las apelaciones, que conlleva la confirmación de las penas (reducidas) a 18 acusados –entre ellos el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano-, es sin duda el resultado de la persistente lucha de los familiares de las víctimas, ante las dilaciones del poder judicial y la política de auto-salvataje orquestada desde el Estado.

Una política que se inició no bien acontecido el hecho, cuando la secretaría de Transporte del gobierno kirchnerista presentó un peritaje que apuntaba a la exclusiva responsabilidad del maquinista.

Los episodios de esta operación continuaron hasta la actualidad: días atrás se presentaron como una novedad las declaraciones del maquinista Marcos Córdoba de haber desactivado el freno, que en verdad ya constaban en la causa. La operación mediática fue orquestada por el abogado de Schiavi y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircner, y reproducida desde Página12 a La Nación. Schiavi se montó sobre ella para declararse inocente, buscando ocultar su responsabilidad en una política que llevó a tener una formación con un paragolpes sin amortiguación, oxidaciones tapadas con pintura y un sistema de frenos con fallas comprobadas.

Denunciando esa utilización como chivo expiatorio, las agrupaciones combativas de ferroviarios han reclamado con justicia la excarcelación de Córdoba, a quien sin embargo la Corte confirma ahora su condena de 3 años y 3 meses. El mismo tiempo que el dictado para los Cirigliano, que se hicieron de millones recibiendo subsidios mientras vaciaban el sistema ferroviario en todos sus niveles, a la vista del gobierno.

La Masacre de Once fue el resultado de un entramado criminal entre las empresas, los funcionarios y la burocracia sindical que ya había sido denunciado duramente tras el asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, por parte de una patota de la Unión Ferroviaria que defendió a los tiros su interés en la tercerización de los trabajadores. Cuando, tras la masacre de Once, el kirchnerismo -que había sostenido el esquema de privatizaciones menemista- procedió a una pseudo-estatización del ferrocarril para correr a los desprestigiados empresarios de la primera línea de gestión y absolver a los vaciadores, los accidentes continuaron. La continuidad de estas condiciones bajo el macrismo se vio con el arrollamiento de un tren al trabajador ferroviario Sergio Garay en 2016, al que siguieron los siniestros fatales del tercerizado Martín Pino en 2018 y de Sebastián Carranza en 2019, obligados a trabajar en condiciones riesgosas.

Por la Masacre de Once continúa impune Julio De Vido, que nunca estuvo preso por el hecho. El exministro de Planificación Federal apeló la condena que se le impusiera en 2018, ya de por sí reducida, ya que era por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y no por el estrago –es decir, por la malversación de fondos a los concesionarios, mas no por los muertos y accidentados. El trámite duerme en Casación desde hace un año.

En el caso de Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi en la Secretaría de Transporte y condenado a ocho años de prisión, la Corte envió el caso nuevamente a la Cámara de Casación, señalando que requiere una doble condena por parte de esta antes de poder resolver. En abril de este año, el gobierno había solicitado que se le diese prisión domiciliaria en vistas a su salud y la pandemia del Covid-19 -una atención que se niega a miles de detenidos sin condena, que denuncian la falta de medidas sanitarias ante el avance del virus en las cárceles.

La lucha contra el entramado criminal de empresarios, burocracia sindical y funcionarios sigue vigente, cuando capitalistas como Roggio continúan a cargo de concesiones, los gobernantes en tiempos de la Masacre de Once ocupan altos cargos del Estado y los trabajadores ferroviarios denuncian la continuidad de la precarización, que ha llevado a numerosísimos contagios y varias muertes por coronavirus entre sus filas. La nacionalización del sistema de transporte bajo control de los trabajadores está a la orden del día, para terminar con los negociados, la precarización y las masacres.

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